martes, 25 de noviembre de 2014

Sin planificación territorial los fenónemos climáticos son más peligrosos


 Por: Patricia Patrón (ONG DAR).
Urge ordenamiento territorial para prepararnos ante el cambio climático
Lima (25 noviembre de 2014).-  Sin un ordenamiento territorial1 adecuado será más difícil hacer frente a los efectos del cambio climático y contribuir a su disminución, pues éste permite ubicar o reubicar las actividades económicas de acuerdo a las limitaciones y potencialidades ecológicas del territorio, así como proponer medidas para evitar la deforestación y degradación de los bosques por dinámicas territoriales no planificadas.

Por ello, la Plataforma de Ordenamiento Territorial, integrado por instituciones de la sociedad civil considera que se debe aprobar una Ley de Ordenamiento Territorial que establezca una estructura institucional y un presupuesto adecuado para generar la información, los estudios y los planes de ordenamiento territorial a nivel nacional.

Hoy, durante la Reunión de Trabajo El Ordenamiento Territorial y su relación con los procesos de Descentralización y el Cambio Climático, organizada por la mencionada Plataforma, se recalcó que los fenómenos climáticos como inundaciones, huaycos, deslizamientos, granizadas o friajes generan impactos diferenciados de acuerdo a la ubicación de la población y a la forma como usan el territorio. En ese sentido, es fundamental impulsar el ordenamiento territorial para identificar y evitar zonas de peligro y promover una apropiada ocupación y uso del suelo que permita evitar los riesgos de desastres.

El Perú es uno de los tres países más afectados por el cambio climático, pero también puede contribuir a su mitigación a través de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que causan el calentamiento global. El 39% de emisiones de gases de efecto invernadero que genera nuestro país son debido al cambio de uso del suelo o deforestaciones causadas por las carreteras en la Amazonía, tala y quema del bosque, monocultivos de palma aceitera, la minería aluvial, y que aumentaría si se desarrollan hidrocarburos o hidroeléctricas de gran escala en la Amazonía.

Por ello, la Plataforma de Ordenamiento Territorial exhorta al Gobierno peruano, a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y al Ministerio del Ambiente (MINAM) a que en coordinación con los gobiernos regionales y locales y demás autoridades involucradas, se comprometa en el marco de la COP 20 (Conferencia sobre cambio climático que se iniciará el próximo 01 de diciembre en Lima) a agilizar los procesos de ordenamiento territorial para contar con la información  y la planificación necesaria que permita intervenir en el territorio contrarrestando el cambio climático.

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Notas del Editor

1.     El Ordenamiento Territorial es el proceso por el cual se determina el uso y ocupación del territorio de acuerdo a sus características sociales, ambientales, culturales y económicas.


viernes, 14 de noviembre de 2014

El conflicto entre actividades extractivas y la agricultura, mapas que sugieren la necesidad de una planificación concertada


Escribe: Ana Leyva V. (CooperAcción)

Hace unos días se presentó el informe de investigación de Oxfam "Geografías de Conflicto: superposiciones de mapas de usos de la tierra para industrias extractivas, en Ghana y en el Perú"; informe elaborado por los geógrafos Anthony Bebbington, Jhon Rogan y Nicholas Cuba de la Facultad de Estudios Superiores de Geografía de la Universidad de Clark, de los Estados Unidos.

Este trabajo nos permite visualizar las dimensiones de la superposición que existe en el Perú y Ghana entre concesiones mineras y las tierras aptas para la agricultura. Así mismo, nos muestra la superposición de ellas y las concesiones de hidrocarburos con las cuencas ribereñas, los ecosistemas productores de agua (humedales, páramos, punas), y las comunidades o poblaciones rurales.

El estudio también nos proporciona mapas que dan cuenta de las intersecciones espaciales entre drenaje de aguas de mina con tierras aptas para la agricultura y de cómo las áreas naturales protegidas han sido, en cierta medida, un freno para la expansión casi sin límites, de las industrias extractivas.

Para Ghana se añade un mapa sobre la concurrencia entre asentamientos costeros y bloques, campos y pozos petroleros.

Los mapas nos ponen ante varias contradicciones. Visualizamos escasas tierras agrícolas, y sin embargo, se producen superposiciones con concesiones mineras que representan el 21% de ellas en la costa, el 33% en la sierra y el 3% en la selva tropical. Pero además, el 20% y 25% de las superposiciones se encuentran en las mejores tierras con aptitud agrícola de la costa y de la sierra, respectivamente. Evidentemente, este mapa es revelador. Estas superposiciones son el producto de decisiones adoptadas por el Estado Nacional. Lo mismo ocurre con las cuencas ribereñas y con las zonas productoras de agua, en donde la concurrencia también es significativa.

La justificación del Estado para tomar decisiones que generan superposiciones, es que las concesiones no suponen necesariamente una explotación. Pero cuando ésta ocurre, la minería o la explotación de hidrocarburos se imponen. Lo hemos visto en Conga, en Quilish, en Tía María, en Toromocho, proyectos en los cuales el Estado dio las autorizaciones necesarias. En los casos de Tambogrande y Río Blanco, los procesos administrativos se pararon por la presión social, y aún con ello, las empresas titulares y el propio gobierno nacional siguen haciendo todo lo posible para que esos proyectos se retomen.

La gran pregunta es si la expansión minera y petrolera, que tiene prioridad sobre cualquier otra actividad productiva, y sobre el uso y protección de recursos naturales renovables, ¿es la consecuencia de un proceso de planificación? Al parecer lo es, un proceso a puerta cerrada de las grandes empresas y del Estado Nacional, a espaldas de quienes ocupan y viven en esos territorios. El producto final son derechos mineros, vinculantes e irrevocables.

Pensar que el otorgamiento de concesiones no supone un proceso planificador, implica considerar que el Estado decide dejar que la demanda del sector privado determine los usos mineros del territorio. Pero además, al no establecer límites en tierras agrícolas, cuencas ribereñas o zonas productoras de agua; importantes para la vida de la población, define, por omisión, su escala de prioridades.

Este sistema institucional de decisiones sobre el territorio y los recursos naturales, es arbitrario y altamente generador de conflictos y de incertidumbres para las poblaciones locales. Se requiere otro, que sea ampliamente participativo y que preserve, las bases para la existencia de esas poblaciones (agua, tierra, bosques), más aún cuando son ellas las que serán más afectadas por el cambio climático. Frente a esa necesidad, encontramos una fuerte resistencia del Estado Nacional y de las empresas extractiva a que se haga ordenamiento territorial de manera concertada y vinculante. Una expresión reciente de ello, en la aprobación de la Ley 30230, esta ley le quita al ordenamiento territorial su carácter concertador de intereses y definidor de usos.

Finalmente, queremos relevar que el estudio de Oxfam nos aporta principalmente información, algo valioso y escasa en el Perú, pero imprescindible para la toma de decisiones públicas. El Estudio nos permite identificar visualmente los recursos y ecosistemas en riesgo con la realización de la minería y la explotación de hidrocarburos. Los investigadores, nos trasladan la necesidad de establecer hasta dónde son compatibles. Frente a ello, nos desafían a establecer reglas de uso de los recursos naturales y del territorio más equitativas y sostenibles.

Revalorando el planeamiento estratégico regional


Por: Patricia Patrón – Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)


Las graves denuncias de corrupción que recayeron en algunos presidentes regionales, colocaron en el debate público el tema de la descentralización, pero no por la necesidad de fortalecer este proceso, sino como pretexto para disminuir la autonomía sub-nacional.

Los resultados de las elecciones regionales y locales deben ser una oportunidad para mejorar la gobernabilidad e impulsar procesos que fortalezcan la descentralización del país. Uno de estos procesos clave es el planeamiento estratégico. En abril de este año, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) aprobó la directiva general para dicho proceso, que establece la jerarquía de planes y las fases del planeamiento, con énfasis en el análisis prospectivo y la articulación entre planes de diferente nivel de gobierno.

Los gobiernos regionales de Loreto, Madre de Dios, Junín, Huancavelica, Lambayeque, entre otros, se encuentran actualizando sus planes de desarrollo regional concertado, usando la nueva metodología y bajo la atenta supervisión del CEPLAN. En ese sentido, ha sido un reto para sus planificadores armar la línea de base social, económica, ambiental e institucional, así como determinar el escenario apuesta al 2021, construir participativamente una visión estratégica y definir los objetivos y proyectos más adecuados para alcanzar dicha visión.

Otro reto, asumido por ejemplo por el Gobierno Regional de Loreto, es profundizar el análisis ambiental durante la formulación de su plan de desarrollo regional concertado a través de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), instrumento obligatorio del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Asimismo, los gobiernos regionales vienen usando los insumos de la Zonificación Ecológica Económica (ZEE) y del Ordenamiento Territorial (OT) para orientar las acciones que se propongan en los planes.

Las nuevas autoridades regionales y locales, las autoridades sectoriales, y la sociedad civil deberían basar sus intervenciones territoriales en los planes de desarrollo concertado, apoyar en la difusión de los mismos, y hacer seguimiento a la implementación del plan y los compromisos ambientales que se deriven de estos. No podemos darnos el lujo de que procesos de planeamiento terminen encarpetados.

miércoles, 12 de noviembre de 2014

Dirigentes indígenas y autoridades del gobierno central y gobiernos regionales evalúan impactos negativos de Ley 30230

Dirigentes y representantes de comunidades nativas y campesinas, y funcionarios del Gobierno Central y los gobiernos regionales participaron del Foro Público Nacional “Los cambios que vienen para el Perú rural: ¿Ordenamiento y titulación para quién?”



El Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, la Plataforma de Ordenamiento Territorial, la Red Muqui y la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra organizaron el Foro Público Nacional “Los cambios que vienen para el Perú rural: ¿Ordenamiento y titulación para quién?”.
Ello a raíz de la promulgación en julio de este año de la Ley No. 30230, una iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas que busca promover y dinamizar la inversión en el país. Si bien la inversión es muy importante para nuestra economía, la Ley N° 30230 da muestras de una preocupante miopía que podría tener serias consecuencias para la paz social y el propio clima de inversiones que pretende fortalecer.
Por ejemplo, el Título III de la Ley permite al Estado, mediante “procedimientos especiales”, entregar tierras a proyectos de inversión, en la ubicación y cantidad que estos requieran para sus actividades, ignorando los derechos de propiedad que asisten a sus propietarios legítimos. Están sujetos a estos procedimientos especiales todos los predios, trátese de tierras privadas o estatales, ya sea que estén respaldadas por títulos saneados o certificados de posesión. Tampoco se aplica excepciones de ningún tipo.
Al respecto, durante la primera parte de este foro, presentado por Richard Smith (IBC- Territorios Seguros) y Álvaro Campana (Plataforma OT), los expertos Marco Huaco, Cinthia Mongylardi, Juan Carlos Ruiz y Pedro Yalico disertaron sobre los impactos del Título III de la Ley 30230 sobre la seguridad territorial de las comunidades nativas y campesinas.

En otro momento, Daniel Sánchez, representante de la Defensoría del Pueblo, manifestó que existen varios puntos de debate en esta ley; por ejemplo, el hecho de que las normas relacionadas con la titulación son muy dispersas y, en la práctica, generan un sinfín de trámites. “Además, la superposición existente genera paralización del proceso de titulación, como fue el caso de Edwin Chota, quien a pesar de tocar infinidad de puertas para conseguir la titulación de su comunidad, perdió la vida sin lograrlo”, sostuvo.
De otro lado, Anahí Durand, representante del viceministerio de Interculturalidad, del Ministerio de Cultura, indicó que su despacho ha remitido una propuesta de reglamentación de la ley para que el título III se excluya o no sea aplicable a las comunidades nativas y campesinas.
Al respecto, José Luis Pairazamán, representante del Ministerio de Vivienda, sostuvo la validez de la ley, argumentando que el reglamento de la misma no afecta a las comunidades nativas y campesinas. “Es más, ahora pueden defenderse con esta ley en caso de que invasores ingresen a sus comunidades”, aseveró. Agregó que si se hubiera querido incluir a las comunidades, se habría tenido que pasar por un proceso de consulta previa. Sin embargo, los especialistas de esta primera mesa señalaron que no es suficiente que esto esté considerado en el reglamento, sino que tendría que estar resaltado en el texto de la ley.

Ordenamiento territorial

Las disertaciones del segundo bloque giraron en torno al tema del ordenamiento territorial en las regiones del país, desde distintas perspectivas: En ese sentido, Verónica Mendoza, congresista de la República, expresó sus dudas acerca del objetivo declarado de la Ley 30230: “no existe una intención de reactivar la economía, porque [la Ley] ha llegado un año después de que la economía necesitara reactivarse y, además, la medida no está teniendo los efectos esperados. Además, en la norma no se sustenta cómo estas modificaciones de ordenamiento van a reactivar la economía. El ordenamiento territorial no busca paralizar la inversión sino eso: ordenar”, indicó.
Asimismo, Eduardo Ballón, de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, indicó que la ley 30230 es solo un síntoma de que el gobierno nos está pasando de contrabando medidas dirigidas a fortalecer a los sectores aludidos. “La 30230 colisiona con los artículos 192 y 195 de la Constitución que establecen parte de las competencias de gobiernos regionales y locales. Es obvio y evidente que colisiona con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de las Municipalidades. La mirada del gobierno es que el mercado es el que va a producir ese ordenamiento territorial. Podemos imaginarnos un proceso en que el Ministerio de Agricultura decide que esta es una zona de uso agrícola, y el Ministerio de Energía y Minas establece que es una zona de explotación minera, y el Ministerio de Cultura determinará que ahí hay restos arqueológicos. No hay ninguna racionalidad del Estado. Ésta es sacrificada a nombre del mercado”, argumentó.

De otro lado, Javier Jahncke, representante de la Red Muqui, señaló que lo que se plantea es que no exista ordenamiento territorial y que quien defina el uso de los suelos sigan siendo los sectores correspondientes a los grandes propietarios e inversiones. “A consecuencia de ello tenemos un país con concesiones que crecen aceleradamente y sin mecanismos adecuados ni participación de la ciudadanía. Por ello es importante fortalecer las competencias de los gobiernos regionales y sus procesos de planificación, que asuman la responsabilidad que les compete”.
Finalmente, Laureano del Castillo, destacó que los participantes de este foro anotaron que no se puede afectar los derechos fundamentales de las comunidades campesinas e indígenas, el derecho de propiedad, al desarrollo propio y que la Ley 30230 altera la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. “Hubo una coincidencia de los participantes y las instituciones que representan para presentar una propuesta que plantee excluir de los alcances de esta ley a las comunidades campesinas y nativas”, recordó. “Se está desnaturalizando la utilidad del ordenamiento territorial: ahora más bien es un proceso político, dejando que sea el mercado, a través de las grandes inversiones, el gran coordinador del territorio nacional. De ahí la importancia de impulsar el ordenamiento y la descentralización, dos procesos que van de la mano”, sostuvo. Finalmente, saludó el interés de los participantes y asistentes, entre quienes se encontraron los representantes de las comunidades así como dirigentes y funcionarios regionales.