En
las últimas décadas, en nuestro país se ha producido una profunda
transformación del territorio, impulsada principalmente por el crecimiento
desordenado y desarticulado de las ciudades, el aumento sustantivo de las
inversiones mineras y petroleras, así como por la expansión de la
agroindustria.
Frente
a ello ha ganado espacio una visión del territorio que lo entiende como una
construcción social, como el espacio en el que se integran diversas dinámicas
económicas, sociales, políticas y culturales. Lamentablemente, este enfoque
integral e integrador no ha tenido la fuerza suficiente para consolidarse como
una política de Estado por la fuerte resistencia de diferentes grupos
económicos, por la debilidad del Gobierno nacional para impulsar su
implementación y por la falta de un enfoque territorial en los actores
subnacionales.