Detrás
de los conflictos sociales originados por la irrupción de un proyecto
extractivo o un megaproyecto de infraestructura en zonas consideradas
intangibles, existe la necesidad de
desmitificar un modelo económico extractivista y la explotación de los recursos
de forma desordenada, dijo Hugo Cabieses.
El
economista, quien formó parte de la primera plana de funcionarios que ingresó
al gobierno con el actual presidente, Ollanta Humala , recordó lo dicho por el
presidente aquel 28 de julio del 2011: ‘’avanzaremos profundamente en la
política de ordenamiento territorial que nos permita establecer de manera
participativa el uso racional de nuestro territorio’’.
Recordemos
que el gobierno del ex – mandatario, Alan García, cerró su gestión con 25
millones de hectáreas concesionadas y una serie de decretos supremos que le dio
luz verde a varios megaproyectos de inversión que se superponían a áreas
consideradas intangibles. Y hasta hoy, el otorgamiento de concesiones parece
continuar en automático.
El
territorio está siendo lotizado y concesionado aceleradamente sin
planificación. La Amazonía tiene 78 millones de hectáreas, el 60% de ellas está
concesionado a proyectos de hidrocarburos. Hay 16 lotes de petróleo en 12 áreas
protegidas, 138 concesiones en la cuenca amazónica, y 52 proyectos de
hidroeléctricas a la vista.
En
palabras del ex viceministro, ‘’la enorme riqueza del Perú está en venta’’.
Recordó que la indiscriminada oferta de nuestros recursos comenzó en el
gobierno de Alberto Fujimori, cuando desactivó el llamado Instituto Nacional de
Planificación (INAP), funciones que luego recogió el CEPLAN.
‘’El
Perú está en venta sin una ley de ordenamiento territorial’’, agregó indicando
además que luego del proyecto minero Conga, que amenaza una de las reservas
hídricas más importante de Cajamarca, el proyecto minero de Cerro Verde en
Uchumayo, Arequipa, también está causando un impacto negativo en siete
distritos de la provincia cercanas al yacimiento minero. ‘’El Estado no tiene
idea alguna sobre planificación, salvo proyectos extranjeros de millones de
dólares en ciernes’’, dijo.
‘’El
Ordenamiento Territorial es una política de Estado, un proceso político,
técnico y administrativo de toma decisiones. Este debe contar con la
participación de los actores sociales, económicos, políticos y técnicos, para
la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio, la regulación y
promoción de la localización y desarrollo sostenible de los asentamientos
humanos; de las actividades económicas, sociales y el desarrollo físico
espacial sobre la base de la identificación de potencialidades y limitaciones,
considerando criterios ambientales, económicos, socioculturales,
institucionales y geopolíticos’’, menciona Cabieses.
Recordó
que en caso de Cajamarca, el plan de Zonificación Ecológica Económica (ZEE) fue
observado por el Ministerio del Ambiente durante la gestión de Antonio Brack
quien le puso luz roja a la ZEE al considerarlo como un freno para las
actividades mineras. Sin embargo, meses después, recordó Cabieses, la
aprobación del documento durante su gestión como viceministro de Desarrollo
Estratégico de Recursos Naturales del MINAM, le costaría el puesto. Aquello y
su pronunciamiento respecto al proyecto Conga fue, prácticamente, su carta de
renuncia al cargo. El documento declaraba que el proyecto ‘transformará de manera significativa e
irreversible la cabecera de cuenca, desapareciendo varios sistemas y
fragmentando los restantes de tal manera que los procesos, funciones,
interacciones y servicios ambientales serán afectados de manera irreversible’.
Actualmente sólo 4 departamentos y 3 provincias han
iniciado un proceso de ordenamiento territorial: Madre de Dios, Amazonas, San
Martín, Cajamarca, entre otros. Ante estas iniciativas regionales, la
aprobación de un marco normativo aún está paralizada en las instancias del
gobierno central.
Enfatizó
que es necesario ordenar el territorio ya que no siempre se aprovecha bien las
potencialidades de este. De lo que se trata es de optimizar el uso. ‘’El
territorio está siendo sobreexplotado de diferentes formas: con el
sobrepastoreo, con la contaminación debido a la mala explotación minera, con la
deforestación para la expansión humana, con el crecimiento desordenado de las
ciudades, el hacinamiento, la tugurización. A veces la población y las
actividades económicas están ubicadas en zonas de alto riesgo’’, dijo.
La
ZEE permite identificarlas zonas
productivas, las zonas de protección y conservación ecológica, que incluye las
Áreas Naturales Protegidas y otras formas de conservación, las zonas de
recuperación, las zonas urbanas e industriales, las zonas de tratamiento
especial como los territorios indígenas en aislamiento voluntario, entre otros.
Asimismo, una ley de ordenamiento territorial servirá
en gran medida para mitigar los conflictos sociales. Mencionó que además de las lagunas del
proyecto Conga, hay otras 12 mil lagunas debajo de las cuales hay oro. Hay
zonas alto-andinas de glaciares y 14 mil cochas y bofedales bajo los cuales
están los minerales.
Un
dato importante es que el Ministerio del Ambiente sólo protege 22 millones de
hectáreas del territorio, el resto están bajo la jurisdicción del Ministerio de
Agricultura. Esto refleja, ‘’la ausencia del Estado en la mayor parte del país,
un Estado feudalizado en estancos, centralizado en Lima y sin soberanía
territorial y de decisiones’’, señala el economista.
‘’Es
necesario cambiar patrones de consumo y producción basados en el extractivismo
depredador de políticas neoliberales que no dan para más. Conocer la
pluriculturalidad y los conocimientos ancestrales para la mitigación del cambio
climático y apoyar la soberanía alimentaria. Detener la latifundización de las
tierras para biocombustibles, concesiones diversas y macro-producciones para la
exportación. Proteger las fuentes hídricas ya que la producción agroalimentaria
y los pobladores urbanos están sufriendo stress hídrico. Impulsar procesos de
zonificación ecológica-económica (ZEE) y ordenamiento territorial (OT) con
consulta a las poblaciones originarias afectadas por las inversiones a
realizar’’, enfatizó Cabieses.
‘’Hay
que buscar la fórmula para compaginar el ordenamiento territorial con la
zonificación ecológica económica para hacer frente al extractivismo y buscar
mejores beneficios; y luego, ver la forma de repartirlos’’, finalizó Cabieses.