jueves, 11 de agosto de 2016

Organizaciones de la sociedad civil muestran preocupación por temas descentralización y ordenamiento territorial.


Lima, 08 de agosto de 2016


Señor Presidente de la República del Perú
Señor Presidente del Consejo de Ministros
Señora Ministra del Ambiente
Señora Presidenta del Congreso de la República
Señores Congresistas de la República



Asunto:     Organizaciones de la sociedad civil muestran preocupación por temas descentralización y ordenamiento territorial.


De nuestra especial consideración:

Reciban el cordial saludo de las instituciones y redes que conformamos la Plataforma para el Ordenamiento Territorial, colectivo de la sociedad civil que tiene como propósito promover la implementación de una política de ordenamiento y gestión del territorio basado en la participación democrática de la sociedad y el reconocimiento de la heterogeneidad sociocultural del país.

Después de la asunción de mando presidencial y la entrada en funcionamiento del nuevo Congreso de la República, el gobierno ha puesto énfasis entre otras cosas, en la necesidad de promover y desarrollar proyectos de inversión pública y privada para la reactivación económica. Si bien este propósito es importante debe conciliarse con otros objetivos de la sociedad peruana como  son la protección de los derechos y del ambiente, la seguridad alimentaria, la descentralización y la planificación con visión de sostenibilidad. Para todo ello, el ordenamiento territorial es un instrumento clave.

Consideramos que las inversiones y el ordenamiento territorial no son contrarios y pueden armonizarse desde una perspectiva de desarrollo sostenible, como bien lo entiende la OCDE, organización de la cual Perú desea formar parte. Justamente, esta instancia, en el documento de evaluación de desempeño ambiental del Perú realizado por la CEPAL y que fuera publicada en mayo del 2016, señala que “las normas legales que se refieren al ordenamiento territorial son muchas, en diferentes ámbitos y con superposiciones lo que dificulta entender su alcance y fuerza jurídica”, por lo que recomienda que se defina una política nacional de ordenamiento territorial  que tenga como resultado una ley que integre los temas dispersos y que establezca su fuerza legal  en relación a otras políticas. Además sugiere que  se concluyan los procesos y se cumplan con los instrumentos de ordenamientos existentes.

Por su parte, en la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, compromiso asumido por el Perú, el objetivo 6 plantea garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible. Este objetivo tiene como meta poner en práctica la gestión sostenible de los recursos hídricos, estableciéndose como uno de sus indicadores el grado de aplicación de la ordenación integrada de los recursos hídricos (OIRH).

Según la OMS “OIRH es el proceso de promover el desarrollo y la ordenación coordinada de aguas, tierras y recursos conexos para optimizar el bienestar económico y social resultante de una manera equitativa sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales”, en otras palabras, este ordenamiento integrado de recursos hídricos es una forma de ordenamiento territorial.

Son diversos los documentos of que señalan la necesidad de contar con planes de ordenamiento territorial que nos conduzca a  una ocupación ordenada del territorio. Por las razones expuestas recomendamos:
  • Contar con una política nacional de ordenamiento territorial que impulse la planificación y la gestión territorial como parte importante de la promoción del desarrollo.
  •  Establecer criterios normativos claros para la aplicación de esta herramienta, dada la confusión actual. Esto debería llevar a contar con una ley de ordenamiento territorial que fortalezca la institucionalidad, y por lo tanto, que establezca mecanismos de coordinación en diferentes niveles de gobierno, sectores y actores que participan en el ordenamiento y armonice las políticas e  instrumentos de planificación.
  • Acelerar los procesos de ordenamiento territorial, muchos de los cuales se iniciaron hace más de dos gestiones gubernamentales, generando con ello desaliento y la pérdida del interés de la población.
  • Para facilitar estos procesos, pero también el desarrollo descentralizado e integral de las regiones, provincias y distritos, es necesario fortalecer el Consejo de Coordinación Intergubernamental. El gobierno anterior y las asociaciones de gobiernos descentralizados acordaron un nuevo Reglamento para el funcionamiento del mismo, un primer paso en esta dirección, debiera ser su implementación y activación. Esta instancia debería garantizar que los funcionarios encargados del proceso de Ordenamiento Territorial - OT sean permanentemente capacitados y tenga el acompañamiento necesario y que los procesos sean participativos, interculturales y concertados. Esta instancia en definitiva, puede jugar un rol importante en la promoción de la diversificación e integración productiva de cada territorio, priorizando la creación de demanda interna y la infraestructura articuladora.
  • En la medida que el artículo 22 de la Ley 30230 señala que “ni la Zonificación Económica Ecológica, ni el Ordenamiento Territorial asignan usos ni exclusiones de uso” es necesario que se le devuelva al Ordenamiento Territorial su función reguladora del uso del territorio a fin de que pueda cumplir con la finalidad de garantizar el desarrollo sostenible. Ello supone la derogatoria o modificatoria del artículo 22 de la Ley N° 30230 que establece que el Ordenamiento Territorial “es referencial”.

Confiados en que nuestros aportes sean tomados en cuenta por los poderes Ejecutivo y Legislativo, nos despedimos.

Atentamente,


Asociación Arariwa
Asociación Servicios Educativos Rurales - SER
Amazónicos por la Amazonía – AMPA
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP
CEPES
Cima Cordillera Azul
Cooperacción
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR
Fedepaz
Forum Solidaridad Perú – FSP
Grupo Propuesta Ciudadana
Instituto del Bien Común
Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático – MOCICC
Paz y Esperanza Ayacucho
Red Muqui

Unión Geográfica Internacional - UGI

viernes, 15 de enero de 2016

¿Existe planificación en el Perú?


    Foto: Andina

Por: Marc Dourojeanni / Profesor Emérito de la Universidad Nacional Agraria de La Molina
Fuente: http://www.actualidadambiental.pe/?p=34799

Preguntar si en el Perú existe planificación o planeamiento puede parecer insultante. Responderán que existe el Centro Nacional de Planeamiento (CEPLAN) que recibió premios internacionales por la alta calidad  de sus productos. Añadirán que el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico está aplicando el  “Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021” y que el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) lo complementa. Dirán, asimismo, que existe el Acuerdo Nacional y recordarán, también, que hay planes de desarrollo (concertado y no concertado) regional y municipal, planes sectoriales y subsectoriales, presupuestos participativos, ordenamiento territorial, zoneamiento, etc., etc. Y eso es verdad. Todos esos planes están  impresos sobre miles de metros cúbicos de papel.

¿Por qué, entonces, la ciudadanía observa día a día tantísimas expresiones de absoluta falta de planeamiento? Estas se dan a escala nacional con una carretera Panamericana con tránsito sobrecargado que no está duplicada mientras que se construyen costosas carreteras sin tránsito ni carga en la Amazonía o, a escala local, en la que veredas y pistas se rompen al día siguiente de  haberlas renovado para instalar algún cable o tubo que algún planificador olvidó que estaban planeadas por otro planificador.

EN EL PERÚ NO FALTAN PLANES. EN VERDAD, SOBRAN

Un estudio de 2013 sobre Loreto demostró que tan solo con relación a recursos naturales y ambiente existían 36 planes y/o estrategias de desarrollo vigentes para esa región de los que 16 eran regionales. A eso había que sumar 10 documentos de lineamientos de política con impacto en esa región. Considerando los lineamientos de política, planes y estrategias de otros sectores como educación, salud, seguridad pública, etc., existían entonces no menos de 150 planes vigentes. Loreto no debe ser la región más prolífica en planes pero aun considerando la mitad de los enumerados, en el Perú pueden existir más de un millar de documentos de planificación regional a diferentes escalas.

A eso hay que sumar los documentos de planeamiento sectoriales nacionales que son por lo menos uno por cada dirección general, sin mencionar los que son más específicos. Por ejemplo,en el sector Agrario existe, como es obvio, una política agraria nacional y un plan de desarrollo agrario pero asimismo hay un plan para la prevención de desastres y otros para la palma aceitera, el café y el cacao o para la ganadería y otro para los camélidos. También hay, evidentemente,  política y plan para el desarrollo forestal y asimismo un plan para la reforestación y por allí va. Lo mismo ocurre en Transportes donde además de los documentos básicos de praxis existen planes vial, ferroviario, aeronáutico, hidroviario, portuario y de telecomunicación, entre otros. Son pues docenas de planes en cada sector que se desdoblan en planes equivalentes regionales y en algunos casos locales.

¿Es eso necesario? Pues sí y no. Si los planes sectoriales y regionales estuvieran bien amarrados con el plan nacional y si los planes subsectoriales y subregionales estuviesen igualmente concordados con los primeros y entre ellos, ese gran número de planes debidamente ordenados brindaría los detalles y ajustes que permitirían la ejecución del plan, sin perder el rumbo señalado originalmente. Aunque sin duda no se requerirían tantos planes, el resultado sería una orquesta bien afinada que produciría el resultado armónico que se espera. Pero, si como es el caso, cada plan está desligado de los demás o, peor, los contradice, el resultado es una cacofonía espantosa que, como se constata en la práctica, sólo genera malgasto de recursos públicos y enormes perjuicios futuros a la nación. Valga mencionar, como ejemplo entre centenas, las docenas de millones de dólares que  malgastó Loreto para hacer estudios de una ferrovía claramente innecesaria entre Yurimaguas e Iquitos, paralela a la Hidrovía Yurimaguas-Iquitos y a una carretera en plena construcción, cuando el plan ferroviario nacional había priorizado una ferrovía internacional que entrando por Pucallpa iría hasta Bayóvar.

Otro buen ejemplo de la falta de planificación es la intención de construir una hidroeléctrica en el río Inambari que, de no haber sido detenida, hubiese cubierto de agua más de 100 costosos kilómetros de la entonces recién inaugurada carretera Interoceánica Sur. O sea, otras decenas de millones de dólares desperdiciados. Otro proyecto inexplicable, ya aprobado,  es el de instalar una cara y ambientalmente peligrosa línea de trasmisión entre Moyobamba e Iquitos a pesar de que en este momento se está construyendo una importante nueva central térmica en la capital de Loreto. No se discute que quizá eso sea necesario en el futuro, pero no se entiende ni se explica su urgencia frente a otras necesidades acuciantes.

¿EXISTE UN PLAN RECTOR PARA ALCANZAR UNA VISIÓN CONSENSUADA DEL FUTURO DE LA NACIÓN?

El mayor defecto de los planes, como señalado, es que no llevan en cuenta lo previsto en el escalón de planeamiento superior ni en los que están a su lado y que serán afectados. ¿Pero cómo podrían los planes sectoriales nacionales o los regionales llevar en cuenta el escalón nacional de planeamiento si este, en realidad, no existe?  En efecto, sin disminuir la importancia ni la validad del esfuerzo desarrollado a duras penas por el pequeño y relegado CEPLAN, debe reconocerse que se ha quedado en el diagnóstico, en las generalidades conceptuales y en la generación de metodologías de planeamiento estratégico. Sus productos son serios y correctos pero, francamente, lo que propone el Plan Bicentenario puede aplicarse a prácticamente cualquier país del mundo. En el mejor de los casos se trata de buenos propósitos. No es un plan pues no dice concretamente cómo se lograrán esos propósitos ni ordena las acciones necesarias por prioridades claras. El plan de desarrollo nacional aún está esperando ser hecho.

Tampoco existe una visión del futuro que se desea para la Costa, para la Sierra o para la Selva. Existe una multitud de visiones empujadas por diferentes grupos de actores, como por ejemplo el llamado Plan Sierra, cada una de ellas en conflicto más o menos abierto  con las demás. También hay planes más focalizados, como el Plan Huallaga o el Plan para el VRAEM, pero no hay ningún plan realmente consensuado para cada una de las tres grandes regiones naturales que tienen mucho en común, ni tampoco para las “macrorregiones”, que agrupan departamentos (ahora mal llamados de regiones), que son interdependientes y que deben dialogar para decidir su futuro.

Vale la pena agregar a las deficiencias mencionadas de la planificación al nivel nacional el tema de las llamadas iniciativas parlamentarias que posibilitan que cualquier congresista proponga y obtenga, gracias a un irresponsable intercambio de favores, el apoyo de otros congresistas para declarar, sin análisis serio, la obra que se le antoje como de “necesidad nacional y utilidad pública”. Dicho sea de paso, los gobiernos también han abusado de esa opción para atender acuerdos internacionales que no fueron debatidos previamente. Así se altera cualquier ejercicio de determinar verdaderas prioridades nacionales.

La ausencia de un plan nacional con un nivel de detalle suficiente resulta en la cacofonía mencionada. Cada sector planifica sin llevar en cuenta el resto ni todos los factores involucrados ni sus consecuencias. Ejemplo típico es el plan vial nacional que parece basarse exclusivamente en el criterio de que, cueste lo que cueste, hay que vincular localidades sin considerar que al planearlas deben preverse inversiones en desarrollo rural y urbano, en seguridad, salud y educación o que existen áreas naturales protegidas o tierras indígenas.

El sector Transporte, o un gobierno regional, no puede por decisión unilateral afectar acuerdos internacionales suscritos por el país en relación a cambio climático, abriendo carreteras a diestra y siniestra y provocando deforestación masiva. Tampoco pueden hacerse caminos sin conocer la opinión de Agricultura que se supone sabe dónde conviene desarrollar actividades agropecuarias o madereras y si las tierras están debidamente tituladas o de Ambiente que cuida de las áreas protegidas o de Energía y Minas o del Ministerio de Cultura y así sucesivamente. O sea, el sector Transportes o una región no deben poder decidir por sí solos dónde, por dónde o cuándo hacer una obra vial. Eso es una decisión de un nivel superior que involucra otros sectores y regiones y que debe ser consensuada, es decir planificada. El ejemplo dado en relación a transportes se repite en cada sector de la administración pública.

A la resultante de la participación de todos los sectores debe sumarse la de la sociedad en general, brindando un compromiso sobre prioridades de inversión que, posiblemente, no agradará a todas las partes pero que reflejará el propósito de la mayoría en busca de la visión de desarrollo escogida.

PLANES QUE NO PLANIFICAN Y EL SNIP

Hay, en medio de tantos planes, algunos que vistos aisladamente están bastante bien hechos. Pero la mayor parte no sirve para nada excepto para cumplir un ritual, tal como ocurre con los obligatorios planes de gobierno de los candidatos a la presidencia. Copian los diagnósticos de otros textos, con errores incluidos y luego simplemente dicen lo que les da la gana, sin mayor análisis ni consulta. Olvidan que planificar implica priorizar y ordenar, haciendo primero lo que debe ser previo. La mayoría de planes carecen de cronogramas, presupuestos y de mecanismos de monitoreo y control o evaluación. Esos planes son, en general, colecciones de ideas de obras que supuestamente son reclamos populares o, simplemente que son del agrado de los que ordenan hacer o de aquellos que hacen el plan.

Pero, con demasiada frecuencia los planes reflejan apenas el oportunismo de los gobiernos en relación con el sector privado, que es un importante responsable la falta de planificación estatal. La planificación estatal es frecuentemente guiada por intereses privados básicamente extractivistas. Todos los ejemplos de obras mal planeadas citados en esta nota son, en esencia, auspiciados por intereses privados, sean empresas nacionales o internacionales. Por eso es que los planes, bien hechos o mal hechos, son alterados a capricho de cada nuevo gobierno y hasta al gusto de las prioridades o intereses de cada nuevo ministro y, por cierto, de cada nuevo gobernador en las mal llamadas regiones. Nadie les recuerda que esos planes en teoría tienen una cierta vigencia y modalidades de verificación y alteración y que si éstas se hacen pueden implicar modificaciones en otros planes.

Se dice que el SNIP evita que el caos sea mayor. Es verdad que sin SNIP la situación sería peor, pero ese mecanismo no cumple a cabalidad su mandato y apenas analiza la viabilidad económica individual de los proyectos que cada uno de los múltiples planes propone. En teoría también considera otros factores, incluida la viabilidad ambiental y social de la propuesta, pero ni sus propios funcionarios dan crédito a eso y reconocen que eso no pasa de un barniz. El SNIP alega descansar en el planeamiento que genera los proyectos que se le someten,  pero como explicado, este es de pésima calidad o es simplemente fantasioso.

Por eso, aunque en apariencia los proyectos aprobados tendrían viabilidad económica, en realidad muchos no la tienen por el simple hecho de que faltan otras inversiones e intervenciones conexas que le darían esa viabilidad y que ni siquiera son consideradas o que no son aprobadas por el SNIP. El ejemplo de la carretera Interoceánica Sur es ilustrativo de este hecho pues esta debió ir acompañada de inversiones en asentamientos rurales, asistencia técnica y servicios públicos. Nada de eso ocurrió y por ese motivo esa carretera que costó dos veces y medio más caro que lo planeado apenas sirvió para expandir la minería y la extracción maderera ilegales así como para dar nuevas oportunidades al narcotráfico y al contrabando. Peor, ha sido tajantemente demostrado que ella ha sido una obra sin viabilidad económica, que fue fundamentada en el transporte de soya brasileña para embarcarlo en los puertos de la Costa, lo que nunca ocurrió. Lo mismo ha sido demostrado anticipadamente para el propuesto trecho de la Interoceánica Central entre Cruzeiro do Sul y Pucallpa.

Lo que sucede es que al mismo tiempo que el diabólicamente complejo SNIP se dedica a torturar los proyectos sin perdonar los pequeños y que, por eso, ha creado un monumental represamiento de los mismos, pierde el tiempo evaluando inclusive proyectos de cooperación financiera internacional, es decir casi donaciones solicitadas por el Perú. Y, asimismo, deja pasar sin revisión los proyectos realmente grandes, esos que son fruto de acuerdos entre gobiernos, como aparentemente fue el caso de la mencionada Interoceánica Sur o a muchos de los que atañen cuestiones de energía, entre otras.
Y, para concluir, en un país dominado por la informalidad, o sea en un país donde poco se cumplen las leyes, parece utópico esperar que se cumplan los planes. Y, de hecho, en buena hora que los tantísimos planes mal hechos no se cumplen a cabalidad pues de hacerlo la situación del Perú podría ser peor de lo que es. El autor es consciente de que si la Constitución fuera realmente aplicadas existiría de hecho un cierto plan, expresado en un cierto orden. Pero las leyes, como los planes, no son siempre coherentes con los propósitos de la Constitución y mucho menos con las demás leyes. La discordancia entre leyes es casi tan grande como la que existe entre los planes. Es decir que hay mucho que hacer para dar un sentido común al desarrollo. El autor se atreve a decir que sin una imagen objetivo y la consideración de los medios para alcanzarla es casi imposible hacer leyes que promuevan el desarrollo. Es decir, el plan es primero.

¿HASTA CUÁNDO?

La planificación no es la panacea para el desarrollo pero sí es una de sus herramientas esenciales. Construir un país sin usarla es condenarlo al fracaso o, por lo menos, a una acumulación de problemas y de costos económicos, sociales y ambientales innecesarios. De hecho, sin una buena planificación la obra se hace con un sinfín de vaivenes, con pasos  para delante y otros para atrás y muchos a todos los lados. Es como construir un edificio sin plano. Es caro y muy peligroso.
El planeamiento debe involucrar, además de los responsables del gobierno y de los actores sociales organizados, al sector privado que obviamente tiene enorme influencia en todo lo que pasa en el país, en especial con las infraestructuras. Por ejemplo, los caminos que abren las empresas petroleras en la Amazonía son el embrión de futuras carreteras que estimulan la colonización, pero en su diseño no hubo intervención de las partes interesadas del Gobierno, como debieran hacerlo los sectores agropecuario y forestal o los responsables por los derechos indígenas. Cada inversión privada significativa en industrias extractivas determina movimientos de la población que deben ser previstos y asistidos y que, eventualmente, podrían no ser autorizados en determinado  momento o sin precondiciones. En teoría eso es visto al momento de hacer los famosos estudios de impacto ambiental y social pero, en realidad, se trata de planeamiento y debe preceder los tales estudios.

Los países que más progresaron en el mundo en el siglo XX y en la actualidad tuvieron y tienen planificación rigorosa. El Brasil, por ejemplo, mantiene aunque por ahora debilitado un influyente Ministerio de Planeamiento. El Perú tuvo un poderoso Sistema Nacional de Planificación (SNP), creado en 1962. Su organismo rector, el Instituto Nacional de Planificación (INP), tuvo un papel esencial para coordinar y compatibilizar las políticas públicas tanto sectorial como territorialmente, con una visión de mediano y largo plazo para el logro de objetivos y metas definidos  por el poder político. A pesar de haber sido creado por un gobierno militar fue mantenido tanto por otros militares como por tres gobiernos democráticos. Eliminarlo en 1992 fue uno de los muchos errores de Fujimori. El actual CEPLAN no es ni de cerca lo que fue el INP que con participación intensa preparó, hizo cumplir y supervisó la ejecución de planes, programas y proyectos. Al INP se le adjuntó la Oficina Nacional de Recursos Naturales (ONERN), brindándole un excelente soporte de información científica actualizada. El hecho es que durante 30 años el Perú tuvo y aplicó planeamiento estratégico.

No se propone reconstruir el viejo INP o crear un ministerio, aunque no cabe descartar esas opciones, pero si es indispensable que el nuevo gobierno haga algo definitivo con relación al planeamiento del futuro de la nación. Puede juntar y potenciar lo que existe, como el CEPLAN, el SNIP y el Acuerdo Nacional pero lo más importante es que le otorgue al mecanismo que se cree la autoridad suficiente para que, realmente, pueda conducir el desarrollo nacional por un camino consensuado claro, bien delineado y demarcado.



lunes, 2 de noviembre de 2015

Gobernanza en los procesos de Ordenamiento Territorial en la Amazonía peruana: las experiencias de San Martín y Loreto


El presente estudio que nos trae Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), institución integrante de la Plataforma para el Ordenamiento Territorial, hace un análisis sobre la gobernanza en dos procesos de OT departamentales, ejecutados a través de la gestión pública de los Gobiernos Regionales desde el 2002 –fecha en la que se les asigna la responsabilidad del tema hasta la actualidad (junio 2015), analizando la participación activa de diversos actores estratégicos: públicos y privados, que hayan contribuido a generar un modelo alternativo en la gestión pública regional, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Primero: el proceso de OT del departamento de San Martín, el que se inició tras la promulgación del DS N°045-2001-PCM y que, actualmente, se encuentra en la fase de implementación de la Política de OT; es considerado el proceso más avanzado del país.

Segundo: el proceso de OT del departamento de Loreto, el de mayor extensión territorial del país, se encuentra en la etapa de ZEE. El análisis de este, hace que sea un enfoque especial en la ejecución de la meso ZEE de la provincia de Alto Amazonas al ser el primer instrumento para el OT ejecutado desde la gestión pública, y reconocido a nivel nacional de acuerdo al nuevo marco técnico-legal.

Asimismo, el estudio busca consolidar una matriz de factores relevantes que contribuya a fortalecer la gobernanza en los procesos de OT a nivel nacional, a través del análisis de siete criterios claves.

Los invitamos a revisar el estudio completo en: http://bit.ly/1McCsRx

Midiendo la Gobernanza en los Proceso de OT

¿Qué es la gobernanza en los procesos de ordenamiento territorial y por qué es importante?

Es un modelo alternativo de gestionar los asuntos públicos, que incluye la participación y colaboración entre actores estratégicos, como el sector público, la sociedad civil, las organizaciones indígenas, la academia, el sector empresarial, entre otros. Las prácticas de gobernanza proviene de y conducen a formas de gobierno más consolidadas y formales.

A través del análisis de 7 criterios claves: la planificación, la capacidad de gestión, la coordinación, la participación, la rendición de cuentas, la integridad pública y la transparencia. Dicho análisis permite identificar ciertos factores relevantes para la Gobernanza es decir, elementos claves, indispensables para impulsar, ejecutar y avanzar en los procesos territoriales a nivel nacional, regional y local.

Leer más en: http://bit.ly/1Q2fCPd

martes, 13 de octubre de 2015

Hoja de Ruta para el Ordenamiento Territorial


El Ordenamiento Territorial

Desde hace muchos años, el territorio peruano viene siendo ocupado y usado sin ningún tipo de planificación, lo que ha generado ciudades saturadas, superposición de derechos y conflictos por el uso del territorio; falta de previsión frente a los desastres naturales, impactos socioeconómicos negativos y zonas con profundas desigualdades, entre otros problemas. Para afrontar esta situación contamos con el ordenamiento territorial.

El ordenamiento territorial (OT) es una política de Estado, un proceso y un instrumento político, técnico y administrativo muy importante, útil para planificar, ordenar y gestionar de manera democrática el territorio, orientado a alcanzar el desarrollo humano integral y sostenible considerando sus diversos elementos (medio físico, actividades humanas, canales de relación, servicios e institucionalidad).

Ver más en: Hoja de Ruta para el OT


miércoles, 26 de agosto de 2015

Tríptico de la Plataforma para el Ordenamiento Territorial


¿QUIÉNES SOMOS?

Somos un colectivo integrado por organizaciones de la sociedad civil, por asociaciones de gobiernos descentralizados, así como ciudadanos y ciudadanas que tienen como propósito promover la implementación de una política de ordenamiento y gestión territorial basada en la participación democrática de la sociedad y el reconocimiento de la heterogeneidad cultural del país.


Descarga tríptico

lunes, 24 de agosto de 2015

Gestión Territorial: El milagro San Martín

El ordenamiento territorial de San Martín ha logrado minimizar los conflictos ambientales a su mínima expresión y garantizar una inversión segura con reglas claras.

Para conocer como se realizó esta experiencia, compartimos con ustedes un video  producido como parte de la Iniciativa de la Alianza Avina - Skoll; realizado por Amazónicos por la Amazonía - AMPA, con el respaldo de la Articulación Regional Amazónica - ARA Regional.

Descarga el video en: https://www.youtube.com/watch?v=Grj-epOmaIk






jueves, 16 de abril de 2015

Sociedad civil y funcionarios de gobiernos regionales plantean alternativas para avanzar en el ordenamiento y gestión territorial



Por: Nelly Carrasco
Grupo Propuesta Ciudadana


Para conocer los avances y dificultades que se dan en los procesos de Ordenamiento y Gestión Territorial, contadas a partir de las experiencias que han desarrollado los gobiernos regionales y el acompañamiento del Ministerio del Ambiente, así como conocer en qué estado se encuentra la Política de Ordenamiento y Gestión Territorial (Política 34°) aprobada en el Acuerdo Nacional, la Plataforma para el Ordenamiento Territorial organizó el Foro Público: "Alternativas para avanzar en el Ordenamiento y Gestión Territorial".

El evento congregó a cerca de doscientos participantes, entre dirigentes y líderes de organizaciones de la sociedad civil, representantes de instituciones públicas y privadas, así como estudiantes de universidades de la capital, entre otros.

Javier Iguiñiz, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional narró lo que significó para las fuerzas políticas y representantes del Estado elaborar la Política 34°. Especificó que tuvieron algunas controversias en la discusión sobre el título: hablar de ordenamiento o gestión territorial, así como ponerse de acuerdo en la inclusión de los principios de subsidiaridad y solidaridad, ¿cómo crear ciudades sostenibles? y conciliar y articular el crecimiento económico y la competitividad, la equidad social y la sostenibilidad ambiental.

Esta situación les planteó un nuevo escenario -dijo Iguiñiz- la necesidad de tener un mayor conocimiento sobre los recursos, información e investigación sobre el tema. Lamentó la falta de consenso para definir una institucionalidad específica razón por la cual este tema no se incluyó en la política. Para su implementación mencionó que era necesario concertar con quienes ya estaban ordenando el territorio, como: las empresas inmobiliarias, las empresas mineras, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, entre otros.

El foro, permitió además conocer el proceso de ordenamiento y gestión del territorio desarrollado en el departamento de Cajamarca. La Ing. Alicia Quispe Mogollón, Sub Gerente de Acondicionamiento Territorial y Coordinadora del proceso de ZEE-OT de este gobierno regional fue la encargada de hacer un balance del proceso desarrollado en su región y plantear algunos desafíos que enfrentan en la elaboración de los Estudios Especializados (EE), que por ley, todo gobierno regional está obligado a realizar. Recordemos que esta región ya cuenta con una Zonificación Ecológica Económica aprobada.

Al respecto, llamó la atención de los funcionarios del MINAM al mostrar su desacuerdo sobre los plazos que se toma dicha entidad para dar opinión a los EE remitidos por el gobierno regional de Cajamarca. Asimismo lamentó que los plazos para la revisión y opinión favorable no estén sujetos a criterios técnicos que puedan establecer los gobiernos regionales, sino por el contrario, de acuerdo a la Resolución Ministerial 135-2013-MINAM, estén sujetos a lo que la Dirección General de Ordenamiento Territorial del MINAM pueda señalar.

AVANCES EN LA CULMINACIÓN DE LA ZEE EN LAS REGIONES

Litz Tello Flores, representante de la Dirección General de Ordenamiento Territorial (DGOT) del MINAM expresó que el proceso de ordenamiento territorial se desarrolla con normalidad en el conjunto de regiones y en más de 100 Municipios, prueba de ello -dijo- es que a la fecha se ha pasado de 05 ZEE aprobadas hasta el año 2012 a 11 aprobadas al año 2015. También indicó que se vienen impulsando procesos de ZEE a nivel micro en 13 provincias con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Unión Europea, y se cuenta con cinco gobiernos regionales avanzan en el desarrollo de sus EE.

Con la finalidad de avanzar el proceso, Tello indicó que el MINAM prevé, entre otras acciones,  la realización del IX Curso Nacional de Ordenamiento territorial, la aprobación de nueve guías de procedimientos técnicos para los EE, el lanzamiento de nuevos mecanismos de financiamiento que aseguren la sostenibilidad financiera de las regiones y municipios para desarrollar procesos hacia el ordenamiento territorial y la puesta en marcha del servicio “Observa mi Territorio”, módulo de visualización, composición y descarga de imágenes de todo el territorio nacional que permitirá la generación de información cartográfica y temática en los procesos de ordenamiento territorial y otros instrumentos de gestión territorial, principalmente a nivel local.

CONSTRUYENDO UNA HOJA DE RUTA PARA EL OT

Para enfrentar los desafíos que presenta el ordenamiento territorial en nuestro país, Ana Leyva Valera, integrante de la Plataforma para el Ordenamiento Territorial presentó una hoja de ruta, con alternativas surgidas de las experiencias generadas en los niveles subnacionales de gobierno para gestionar el territorio.

Este documento propone, para las regiones que no han iniciado el proceso, conocer previamente la cosmovisión del territorio y hacer incidencia para contar con voluntad política para sostener el proceso, tomando en cuenta que el ordenamiento territorial es un instrumento para promover el desarrollo.

Para los procesos iniciados plantea: formar un equipo técnico local para garantizar la continuidad del proceso en todas sus fases; conformar una Comisión Técnica que acompañe y de soporte al equipo técnico; desarrollar capacidades; solicitar apoyo del MINAM para facilitar oportunidades de financiamiento más allá de la elaboración de la ZEE; elaborar un plan de comunicaciones y de participación que promueva la asistencia de todos los sectores; incorporar en la gestión la información que se elabora en los procesos de OT comunal;  difundir los resultados al interior del gobierno que planifica y en los gobiernos locales para elaborar proyectos conjuntos; así como, implementar políticas de desarrollo territorial y planes de desarrollo concertados con enfoque territorial, entre otros.


Para el nivel nacional, la hoja de ruta sugiere fortalecer y defender las competencias del ente rector y a los gobiernos locales y regionales; impulsar la Comisión Intergubernamental;  promover la ley de ordenamiento territorial a fin de que aclare y apoye los procesos; así como, simplificar los instrumentos para facilitar la gestión.

jueves, 5 de febrero de 2015

Género y territorio comunal: Desafíos para la planificación territorial

Por: Elqui Cruz (ONG CooperAcción)

A través del tiempo, los seres humanos, hombres y mujeres, han ocupado el espacio, construyendo  formas de vida y de relación entre sí muy diversas,
las cuales constituyen parte la cultura de cada pueblo. Estas relaciones han marcado formas de adquisición de la propiedad sobre el territorio, su trasmisión, sus vínculos con el ejercicio del poder y el uso de los recursos naturales.

En gran parte de las culturas, hubo un predominio de las relaciones de género patriarcales, las que se han expresado en  roles y formas de dominio sobre el territorio. Estas relaciones se han ido transformando de manera acelerada, principalmente en las zonas urbanas. En el mundo rural esas transformaciones han sido mucho más lentas y existen agrupaciones humanas en donde éstas se mantienen casi inalterables. Estas interacciones en sus expresiones espaciales, requieren ser analizadas antes de plantear cualquier propuesta de ordenamiento y gestión del territorio, pues de ello depende la eficacia que pueda tener, más aun cuando se desea trabajar ordenamiento en territorio  indígena.

martes, 25 de noviembre de 2014

Sin planificación territorial los fenónemos climáticos son más peligrosos


 Por: Patricia Patrón (ONG DAR).
Urge ordenamiento territorial para prepararnos ante el cambio climático
Lima (25 noviembre de 2014).-  Sin un ordenamiento territorial1 adecuado será más difícil hacer frente a los efectos del cambio climático y contribuir a su disminución, pues éste permite ubicar o reubicar las actividades económicas de acuerdo a las limitaciones y potencialidades ecológicas del territorio, así como proponer medidas para evitar la deforestación y degradación de los bosques por dinámicas territoriales no planificadas.

Por ello, la Plataforma de Ordenamiento Territorial, integrado por instituciones de la sociedad civil considera que se debe aprobar una Ley de Ordenamiento Territorial que establezca una estructura institucional y un presupuesto adecuado para generar la información, los estudios y los planes de ordenamiento territorial a nivel nacional.

Hoy, durante la Reunión de Trabajo El Ordenamiento Territorial y su relación con los procesos de Descentralización y el Cambio Climático, organizada por la mencionada Plataforma, se recalcó que los fenómenos climáticos como inundaciones, huaycos, deslizamientos, granizadas o friajes generan impactos diferenciados de acuerdo a la ubicación de la población y a la forma como usan el territorio. En ese sentido, es fundamental impulsar el ordenamiento territorial para identificar y evitar zonas de peligro y promover una apropiada ocupación y uso del suelo que permita evitar los riesgos de desastres.

El Perú es uno de los tres países más afectados por el cambio climático, pero también puede contribuir a su mitigación a través de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que causan el calentamiento global. El 39% de emisiones de gases de efecto invernadero que genera nuestro país son debido al cambio de uso del suelo o deforestaciones causadas por las carreteras en la Amazonía, tala y quema del bosque, monocultivos de palma aceitera, la minería aluvial, y que aumentaría si se desarrollan hidrocarburos o hidroeléctricas de gran escala en la Amazonía.

Por ello, la Plataforma de Ordenamiento Territorial exhorta al Gobierno peruano, a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y al Ministerio del Ambiente (MINAM) a que en coordinación con los gobiernos regionales y locales y demás autoridades involucradas, se comprometa en el marco de la COP 20 (Conferencia sobre cambio climático que se iniciará el próximo 01 de diciembre en Lima) a agilizar los procesos de ordenamiento territorial para contar con la información  y la planificación necesaria que permita intervenir en el territorio contrarrestando el cambio climático.

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Notas del Editor

1.     El Ordenamiento Territorial es el proceso por el cual se determina el uso y ocupación del territorio de acuerdo a sus características sociales, ambientales, culturales y económicas.


viernes, 14 de noviembre de 2014

El conflicto entre actividades extractivas y la agricultura, mapas que sugieren la necesidad de una planificación concertada


Escribe: Ana Leyva V. (CooperAcción)

Hace unos días se presentó el informe de investigación de Oxfam "Geografías de Conflicto: superposiciones de mapas de usos de la tierra para industrias extractivas, en Ghana y en el Perú"; informe elaborado por los geógrafos Anthony Bebbington, Jhon Rogan y Nicholas Cuba de la Facultad de Estudios Superiores de Geografía de la Universidad de Clark, de los Estados Unidos.

Este trabajo nos permite visualizar las dimensiones de la superposición que existe en el Perú y Ghana entre concesiones mineras y las tierras aptas para la agricultura. Así mismo, nos muestra la superposición de ellas y las concesiones de hidrocarburos con las cuencas ribereñas, los ecosistemas productores de agua (humedales, páramos, punas), y las comunidades o poblaciones rurales.

El estudio también nos proporciona mapas que dan cuenta de las intersecciones espaciales entre drenaje de aguas de mina con tierras aptas para la agricultura y de cómo las áreas naturales protegidas han sido, en cierta medida, un freno para la expansión casi sin límites, de las industrias extractivas.

Para Ghana se añade un mapa sobre la concurrencia entre asentamientos costeros y bloques, campos y pozos petroleros.

Los mapas nos ponen ante varias contradicciones. Visualizamos escasas tierras agrícolas, y sin embargo, se producen superposiciones con concesiones mineras que representan el 21% de ellas en la costa, el 33% en la sierra y el 3% en la selva tropical. Pero además, el 20% y 25% de las superposiciones se encuentran en las mejores tierras con aptitud agrícola de la costa y de la sierra, respectivamente. Evidentemente, este mapa es revelador. Estas superposiciones son el producto de decisiones adoptadas por el Estado Nacional. Lo mismo ocurre con las cuencas ribereñas y con las zonas productoras de agua, en donde la concurrencia también es significativa.

La justificación del Estado para tomar decisiones que generan superposiciones, es que las concesiones no suponen necesariamente una explotación. Pero cuando ésta ocurre, la minería o la explotación de hidrocarburos se imponen. Lo hemos visto en Conga, en Quilish, en Tía María, en Toromocho, proyectos en los cuales el Estado dio las autorizaciones necesarias. En los casos de Tambogrande y Río Blanco, los procesos administrativos se pararon por la presión social, y aún con ello, las empresas titulares y el propio gobierno nacional siguen haciendo todo lo posible para que esos proyectos se retomen.

La gran pregunta es si la expansión minera y petrolera, que tiene prioridad sobre cualquier otra actividad productiva, y sobre el uso y protección de recursos naturales renovables, ¿es la consecuencia de un proceso de planificación? Al parecer lo es, un proceso a puerta cerrada de las grandes empresas y del Estado Nacional, a espaldas de quienes ocupan y viven en esos territorios. El producto final son derechos mineros, vinculantes e irrevocables.

Pensar que el otorgamiento de concesiones no supone un proceso planificador, implica considerar que el Estado decide dejar que la demanda del sector privado determine los usos mineros del territorio. Pero además, al no establecer límites en tierras agrícolas, cuencas ribereñas o zonas productoras de agua; importantes para la vida de la población, define, por omisión, su escala de prioridades.

Este sistema institucional de decisiones sobre el territorio y los recursos naturales, es arbitrario y altamente generador de conflictos y de incertidumbres para las poblaciones locales. Se requiere otro, que sea ampliamente participativo y que preserve, las bases para la existencia de esas poblaciones (agua, tierra, bosques), más aún cuando son ellas las que serán más afectadas por el cambio climático. Frente a esa necesidad, encontramos una fuerte resistencia del Estado Nacional y de las empresas extractiva a que se haga ordenamiento territorial de manera concertada y vinculante. Una expresión reciente de ello, en la aprobación de la Ley 30230, esta ley le quita al ordenamiento territorial su carácter concertador de intereses y definidor de usos.

Finalmente, queremos relevar que el estudio de Oxfam nos aporta principalmente información, algo valioso y escasa en el Perú, pero imprescindible para la toma de decisiones públicas. El Estudio nos permite identificar visualmente los recursos y ecosistemas en riesgo con la realización de la minería y la explotación de hidrocarburos. Los investigadores, nos trasladan la necesidad de establecer hasta dónde son compatibles. Frente a ello, nos desafían a establecer reglas de uso de los recursos naturales y del territorio más equitativas y sostenibles.

Revalorando el planeamiento estratégico regional


Por: Patricia Patrón – Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)


Las graves denuncias de corrupción que recayeron en algunos presidentes regionales, colocaron en el debate público el tema de la descentralización, pero no por la necesidad de fortalecer este proceso, sino como pretexto para disminuir la autonomía sub-nacional.

Los resultados de las elecciones regionales y locales deben ser una oportunidad para mejorar la gobernabilidad e impulsar procesos que fortalezcan la descentralización del país. Uno de estos procesos clave es el planeamiento estratégico. En abril de este año, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) aprobó la directiva general para dicho proceso, que establece la jerarquía de planes y las fases del planeamiento, con énfasis en el análisis prospectivo y la articulación entre planes de diferente nivel de gobierno.

Los gobiernos regionales de Loreto, Madre de Dios, Junín, Huancavelica, Lambayeque, entre otros, se encuentran actualizando sus planes de desarrollo regional concertado, usando la nueva metodología y bajo la atenta supervisión del CEPLAN. En ese sentido, ha sido un reto para sus planificadores armar la línea de base social, económica, ambiental e institucional, así como determinar el escenario apuesta al 2021, construir participativamente una visión estratégica y definir los objetivos y proyectos más adecuados para alcanzar dicha visión.

Otro reto, asumido por ejemplo por el Gobierno Regional de Loreto, es profundizar el análisis ambiental durante la formulación de su plan de desarrollo regional concertado a través de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), instrumento obligatorio del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Asimismo, los gobiernos regionales vienen usando los insumos de la Zonificación Ecológica Económica (ZEE) y del Ordenamiento Territorial (OT) para orientar las acciones que se propongan en los planes.

Las nuevas autoridades regionales y locales, las autoridades sectoriales, y la sociedad civil deberían basar sus intervenciones territoriales en los planes de desarrollo concertado, apoyar en la difusión de los mismos, y hacer seguimiento a la implementación del plan y los compromisos ambientales que se deriven de estos. No podemos darnos el lujo de que procesos de planeamiento terminen encarpetados.

miércoles, 12 de noviembre de 2014

Dirigentes indígenas y autoridades del gobierno central y gobiernos regionales evalúan impactos negativos de Ley 30230

Dirigentes y representantes de comunidades nativas y campesinas, y funcionarios del Gobierno Central y los gobiernos regionales participaron del Foro Público Nacional “Los cambios que vienen para el Perú rural: ¿Ordenamiento y titulación para quién?”



El Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, la Plataforma de Ordenamiento Territorial, la Red Muqui y la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra organizaron el Foro Público Nacional “Los cambios que vienen para el Perú rural: ¿Ordenamiento y titulación para quién?”.
Ello a raíz de la promulgación en julio de este año de la Ley No. 30230, una iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas que busca promover y dinamizar la inversión en el país. Si bien la inversión es muy importante para nuestra economía, la Ley N° 30230 da muestras de una preocupante miopía que podría tener serias consecuencias para la paz social y el propio clima de inversiones que pretende fortalecer.
Por ejemplo, el Título III de la Ley permite al Estado, mediante “procedimientos especiales”, entregar tierras a proyectos de inversión, en la ubicación y cantidad que estos requieran para sus actividades, ignorando los derechos de propiedad que asisten a sus propietarios legítimos. Están sujetos a estos procedimientos especiales todos los predios, trátese de tierras privadas o estatales, ya sea que estén respaldadas por títulos saneados o certificados de posesión. Tampoco se aplica excepciones de ningún tipo.
Al respecto, durante la primera parte de este foro, presentado por Richard Smith (IBC- Territorios Seguros) y Álvaro Campana (Plataforma OT), los expertos Marco Huaco, Cinthia Mongylardi, Juan Carlos Ruiz y Pedro Yalico disertaron sobre los impactos del Título III de la Ley 30230 sobre la seguridad territorial de las comunidades nativas y campesinas.

En otro momento, Daniel Sánchez, representante de la Defensoría del Pueblo, manifestó que existen varios puntos de debate en esta ley; por ejemplo, el hecho de que las normas relacionadas con la titulación son muy dispersas y, en la práctica, generan un sinfín de trámites. “Además, la superposición existente genera paralización del proceso de titulación, como fue el caso de Edwin Chota, quien a pesar de tocar infinidad de puertas para conseguir la titulación de su comunidad, perdió la vida sin lograrlo”, sostuvo.
De otro lado, Anahí Durand, representante del viceministerio de Interculturalidad, del Ministerio de Cultura, indicó que su despacho ha remitido una propuesta de reglamentación de la ley para que el título III se excluya o no sea aplicable a las comunidades nativas y campesinas.
Al respecto, José Luis Pairazamán, representante del Ministerio de Vivienda, sostuvo la validez de la ley, argumentando que el reglamento de la misma no afecta a las comunidades nativas y campesinas. “Es más, ahora pueden defenderse con esta ley en caso de que invasores ingresen a sus comunidades”, aseveró. Agregó que si se hubiera querido incluir a las comunidades, se habría tenido que pasar por un proceso de consulta previa. Sin embargo, los especialistas de esta primera mesa señalaron que no es suficiente que esto esté considerado en el reglamento, sino que tendría que estar resaltado en el texto de la ley.

Ordenamiento territorial

Las disertaciones del segundo bloque giraron en torno al tema del ordenamiento territorial en las regiones del país, desde distintas perspectivas: En ese sentido, Verónica Mendoza, congresista de la República, expresó sus dudas acerca del objetivo declarado de la Ley 30230: “no existe una intención de reactivar la economía, porque [la Ley] ha llegado un año después de que la economía necesitara reactivarse y, además, la medida no está teniendo los efectos esperados. Además, en la norma no se sustenta cómo estas modificaciones de ordenamiento van a reactivar la economía. El ordenamiento territorial no busca paralizar la inversión sino eso: ordenar”, indicó.
Asimismo, Eduardo Ballón, de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, indicó que la ley 30230 es solo un síntoma de que el gobierno nos está pasando de contrabando medidas dirigidas a fortalecer a los sectores aludidos. “La 30230 colisiona con los artículos 192 y 195 de la Constitución que establecen parte de las competencias de gobiernos regionales y locales. Es obvio y evidente que colisiona con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de las Municipalidades. La mirada del gobierno es que el mercado es el que va a producir ese ordenamiento territorial. Podemos imaginarnos un proceso en que el Ministerio de Agricultura decide que esta es una zona de uso agrícola, y el Ministerio de Energía y Minas establece que es una zona de explotación minera, y el Ministerio de Cultura determinará que ahí hay restos arqueológicos. No hay ninguna racionalidad del Estado. Ésta es sacrificada a nombre del mercado”, argumentó.

De otro lado, Javier Jahncke, representante de la Red Muqui, señaló que lo que se plantea es que no exista ordenamiento territorial y que quien defina el uso de los suelos sigan siendo los sectores correspondientes a los grandes propietarios e inversiones. “A consecuencia de ello tenemos un país con concesiones que crecen aceleradamente y sin mecanismos adecuados ni participación de la ciudadanía. Por ello es importante fortalecer las competencias de los gobiernos regionales y sus procesos de planificación, que asuman la responsabilidad que les compete”.
Finalmente, Laureano del Castillo, destacó que los participantes de este foro anotaron que no se puede afectar los derechos fundamentales de las comunidades campesinas e indígenas, el derecho de propiedad, al desarrollo propio y que la Ley 30230 altera la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. “Hubo una coincidencia de los participantes y las instituciones que representan para presentar una propuesta que plantee excluir de los alcances de esta ley a las comunidades campesinas y nativas”, recordó. “Se está desnaturalizando la utilidad del ordenamiento territorial: ahora más bien es un proceso político, dejando que sea el mercado, a través de las grandes inversiones, el gran coordinador del territorio nacional. De ahí la importancia de impulsar el ordenamiento y la descentralización, dos procesos que van de la mano”, sostuvo. Finalmente, saludó el interés de los participantes y asistentes, entre quienes se encontraron los representantes de las comunidades así como dirigentes y funcionarios regionales.

lunes, 13 de octubre de 2014

Realizarán foro para dar a conocer impactos negativos de la Ley 30230, que vulnera la Consulta Previa


  • En julio de este año el Congreso de la República aprobó la citada ley, a iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas, para dinamizar la inversión en el país.
  • Sin embargo, sectores de la sociedad civil advierten que hay puntos en esta ley que vulneran la consulta previa, la seguridad jurídica de los territorios de las comunidades campesinas y nativas, así como contra el ordenamiento territorial.

Cuatro redes de instituciones – el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, la Plataforma de Ordenamiento Territorial, Red Muqui y la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra – organizan un Foro Público Nacional para informar, analizar y dialogar sobre los cambios e impactos que la Ley 30230 puede producir en las zonas rurales del país. Se combinará presentaciones de expertos sobre estos temas con comentarios de funcionarios del gobierno y del público. El Foro se llevará a cabo en el Hotel Novotel en San Isidro, el miércoles 15 de octubre a partir de las 3 p.m.

viernes, 13 de diciembre de 2013

Organizan FORO "Política de Ordenamiento Territorial" - Martes 17

El evento es organizado por la Plataforma de Ordenamiento Territorial y contará con la participación de diversos especialistas

Este martes 17 de diciembre se realizará el FORO: "Política de Ordenamiento Territorial y los desafíos para su implementación", donde participarán representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio del Ambiente, Acuerdo Nacional, Congreso y Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. El objetivo es que en el Foro se planteen los elementos centrales de una hoja de ruta sobre el Ordenamiento y la Gestión Territorial.