Por Ana María Leyva Valera, responsable del Área DESCA, FEDEPAZ (tomado de la Revista Ideele)
Al iniciar su gobierno el Presidente Ollanta
Humala ofreció avanzar en la política de ordenamiento territorial. Señaló que de
manera participativa se establecería el
uso racional del territorio peruano.
En setiembre del año pasado, en una
conferencia de prensa que diera en Nueva York se refirió a la necesidad que
tenemos como país de definir los usos del territorio para actividades productivas;
así como las áreas destinadas a la
conservación. En esa oportunidad destacó el rol protagónico que deben tener las
regiones en dicha definición.
“Hay que definir qué áreas deben ser para actividades renovables como la agricultura, agroindustria y
exportación. Qué áreas son para recursos no renovables como minería, proyectos
de carácter energético y qué áreas deben ser dedicadas a la conservación
ecológica. Es un proyecto participativo que debe nacer de abajo hacia arriba”.
Señaló que por ello es importante el reordenamiento
territorial “para que las mismas regiones definan como conservamos esos
territorios invadidos por la minería informal y la tala ilegal de madera”.
En su siguiente declaración
resaltó la necesidad de la consulta a las poblaciones de las provincias y
regiones en el proceso de ordenamiento territorial[1].
El Presidente del Consejo de
Ministros, Salomón Lerner, atribuyó el
deterioro ambiental y la crisis social al desorden existente en el uso del
territorio. Por ello, anunció como meta
lograr que se elaboren, de manera participativa y en el plazo de cuatro
años, los planes de ordenamiento territorial
a nivel provincial y regional.
“Es urgente que se ordene el
territorio y su gestión pues el desorden
existente es uno de los factores del
deterioro ambiental y de crisis social. En los próximos cuatro años
institucionalizaremos los instrumentos de gestión del territorio para elaborar
en forma participativa los planes regionales y provinciales de ordenamiento
territorial”.[2]
El establecer un plazo relativamente
corto para un proceso que se encuentra en su fase inicial, manifestaba la
voluntad existente y la prioridad que se
estaba dando a la política de ordenamiento territorial. Pero también esta
declaración revela la voluntad que el gobierno tenía en aquel momento, de impulsar
la gestión del territorio con los gobiernos locales y regionales.
El 30 de noviembre en su
presentación en la Comisión de Descentralización el entonces, Ministro del Ambiente Ricardo Giesecke,
responsable dentro del Poder Ejecutivo de la Política de Ordenamiento
Territorial, señaló que el “ordenamiento
es indispensable para prevenir conflictos y lograr el desarrollo sostenible.
Dijo que “el costo de no contar con
ordenamiento territorial en todo el país son los conflictos socio-ambientales”.
En esta presentación el Ministro del Ambiente informó
sobre los avances realizados en la
elaboración de una propuesta de proyecto de Ley
de Ordenamiento Territorial. Señaló
que en enero la propuesta pasaría al Consejo de Ministros para su
aprobación y posterior presentación al Congreso.
En sus declaraciones el ministro
del Ambiente vinculó el desorden existente en el uso del territorio del país
con los conflictos socio-ambientales y
con una apuesta de desarrollo poco amigable con el ambiente y por lo tanto, no
sostenible.
Cabe señalar que pore esos días el
Adjunto para la prevención de conflictos y Gobernabilidad de la Defensoría del
Pueblo, Rolando Luque se refirió a la
vinculación entre falta de ordenamiento territorial y los conflictos sociales. Este alto
funcionario recomendó a los gobiernos
regionales acelerar la elaboración de planes de ordenamiento territorial
y de zonificación ecológica económica para evitar futuros conflictos sociales
relacionados con actividades extractivas[3].
Todo ello llevó a que el
gobierno intentara facilitar los instrumentos necesarios para
impulsar el proceso de ordenamiento.
Entre ellos estaba la Ley de
ordenamiento territorial, la estrategia nacional de zonificación ecológica
económica y de ordenamiento y el plan operativo bienal .
Las posturas del gobierno
respecto al proyecto minero CONGA lo condujo, en menos de un año, a nuevas definiciones en sus objetivos, prioridades y alianzas. En esta nueva etapa,
el gobierno considera que las
inversiones privadas en industrias extractivas son la vía que le permitirá tener los ingresos económicos necesarios para
la aplicación de los programas sociales previstos. Por lo tanto, desde esta perspectiva
el gobierno debe facilitar los proyectos
de inversión y en consecuencia las empresas extractivas pueden ubicarse en
cualquier lugar, con el argumento que ya existen contratos suscritos con los
empresarios, y no se puede afectar la seguridad jurídica. Se afirma desde el
gobierno que la explotación de recursos naturales es perfectamente
compatible con la conservación. Esta
concepción se expresa en la frase utilizada por el Presidente de la República para señalar que el proyecto minero CONGA va:
“Nosotros planteamos una posición
sensata: el agua y oro”.
En este contexto, la política de ordenamiento
territorial deja de ser prioritaria para el gobierno ya que ordenar el
territorio, puede constituir un problema
para el crecimiento de las inversiones en el país.
Asimismo, en esta perspectiva, los gobiernos regionales y locales, que tienen por encargo de la Constitución
Política y de sus leyes orgánicas la competencia de promover y planificar el
desarrollo, realizar el ordenamiento territorial e intervenir en la
planificación y gestión de los recursos naturales, se convierten en actores incómodos por lo que
profundizar la descentralización deja también de ser un objetivo.
El nuevo Ministro del
Ambiento Manuel Pulgar Vidal sobre el
tema ordenamiento declaró que:
“Se trata de una herramienta de
compatibilización. No impone obligaciones, sino establece condiciones (…). Puedes
tener un ordenamiento de tipo
economicista, otro ambientalista, el
reto es alcanzar uno que considere todas las variables”[4].
El ministro no distingue entre
política y planes de ordenamiento
territorial. La política establece los objetivos, estrategias, etc. para el ordenamiento territorial. Los planes, entre otras cosas definen, la usos y
la ocupación del territorio. Si una actividad es compatible con la conservación,
el plan lo debe establecer. Posteriormente, las Evaluaciones Ambientales Estratégicas
y los EIA permitirán señalar las condiciones (dimensiones, tecnología, formas
de explotación, etc.) sobre las cuales las actividades previstas en el plan pueden
realizarse minimizando o eliminando los impactos negativos que ellas pueden
ocasionar.
En enero del presente año, el ministro destacó en una de sus declaraciones la importancia de
“ la zonificación ecológica
económica como instrumento orientador de
las diversas potencialidades del territorio y de gran utilidad para el proceso
de ordenamiento a nivel nacional, base para la toma de decisiones concertadas
sobre el uso y ocupación del territorio
y sus recursos”.
Estas declaraciones están
orientadas principalmente a la importancia de la zonificación ecológica
económica(ZEE), que es parte del ordenamiento pero que no lo es todo. La ZEE
constituye parte del diagnóstico del ordenamiento territorial y concluye en
recomendaciones sobre posibles usos del territorio.
Hasta el momento sucesivos
gobiernos han priorizado impulsar la ZEE y no el ordenamiento. Ello ha
significado dejar inconcluso el proceso. Se han culminado varias ZEE regionales
y locales. Si bien estas ZEE constituyen
una fuente de información, no cumple el objetivo final: ordenar el territorio y
orientar las intervenciones públicas y privadas.
Además, el priorizar solo ZEE es
muy costoso para el Estado, pues retomar luego el proceso supone invertir
nuevamente para actualizar la información producida por ella. Sería importante
que el Ministro del Ambiente señale cuáles son sus objetivos, metas, plazos y hoja de ruta en materia de ordenamiento
territorial.
En medio de todo ello, los
gobiernos locales y regionales tienen
una postura muy tímida frente a la tarea de ordenar territorio, muchas
veces originada en el poco conocimiento
de sus competencias en este tema.
Teniendo en cuenta los conflictos
sociales y la necesidad de que el desarrollo se planifique y se impulse sobre la base de conocimiento
real de lo que tenemos, somos y aspiramos como país vemos la urgencia de ir
avanzando en la comprensión de la importancia de gestionar el territorio y no dejar que intereses particulares o
sectoriales sean los que finalmente definan como éste es usado u ocupado.
[1] El 5 de noviembre el
Presidente Ollanta Humala señaló que se necesita darle al país un
ordenamiento territorial en el que fluyan las consultas con las regiones y las
provincias y se pueda definir qué
territorios deben declararse reservas naturales, determinarse los colchones
acuíferos , las áreas de minería o actividades extractivas, agroindustriales,
(..).
“Si bien eses
trabajo puede durar un par años” , afirmó que es necesario hacerlo y
significará realizar una megaconsulta a la población sobre el carácter que le
queremos dar al territorio.
[2] Presentación del Presidente del
Consejo de Ministros Salomón Lerner en
el Congreso de la República el El 25 de agosto
de 2011.
[3]
Señaló que el ordenamiento
territorial “ es la manera en que se puede mapear las actividades de la región
y definir dónde puede haber minería y dónde no,
dónde puede haber agricultura y preservación de bosque”.
[4]
Declaraciones brindadas el 16 de diciembre
al programa “El arriero”.
