
Una de las promesas del presidente Humala, desde el inicio de su gobierno, que fuera ratificada luego del conflicto de Conga, fue la de promover el Ordenamiento Territorial. Una propuesta que siempre genera temores, resistencias y rechazos en el sector privado, particularmente en quienes están dedicados a la gran minería y al desarrollo de megaproyectos de infraestructura, que lo ve como una herramienta para obstaculizar la inversión y el desarrollo del país. Los temores empresariales tienen cierto sustento debido a que una política de ordenamiento territorial, como su nombre lo señala, busca dar prioridad a un manejo sostenible del territorio, pero ello no significa que sea anti-inversión, sino todo lo contrario.