El Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, la Plataforma de Ordenamiento Territorial, la Red Muqui y la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra organizaron el Foro Público Nacional “Los cambios que vienen para el Perú rural: ¿Ordenamiento y titulación para quién?”.
Ello a raíz de la promulgación en julio de este año de la Ley No. 30230, una iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas que busca promover y dinamizar la inversión en el país. Si bien la inversión es muy importante para nuestra economía, la Ley N° 30230 da muestras de una preocupante miopía que podría tener serias consecuencias para la paz social y el propio clima de inversiones que pretende fortalecer.
Por ejemplo, el Título III de la Ley permite al Estado, mediante “procedimientos especiales”, entregar tierras a proyectos de inversión, en la ubicación y cantidad que estos requieran para sus actividades, ignorando los derechos de propiedad que asisten a sus propietarios legítimos. Están sujetos a estos procedimientos especiales todos los predios, trátese de tierras privadas o estatales, ya sea que estén respaldadas por títulos saneados o certificados de posesión. Tampoco se aplica excepciones de ningún tipo.
Al respecto, durante la primera parte de este foro, presentado por Richard Smith (IBC- Territorios Seguros) y Álvaro Campana (Plataforma OT), los expertos Marco Huaco, Cinthia Mongylardi, Juan Carlos Ruiz y Pedro Yalico disertaron sobre los impactos del Título III de la Ley 30230 sobre la seguridad territorial de las comunidades nativas y campesinas.
En otro momento, Daniel Sánchez, representante de la Defensoría del Pueblo, manifestó que existen varios puntos de debate en esta ley; por ejemplo, el hecho de que las normas relacionadas con la titulación son muy dispersas y, en la práctica, generan un sinfín de trámites. “Además, la superposición existente genera paralización del proceso de titulación, como fue el caso de Edwin Chota, quien a pesar de tocar infinidad de puertas para conseguir la titulación de su comunidad, perdió la vida sin lograrlo”, sostuvo.
De otro lado, Anahí Durand, representante del viceministerio de Interculturalidad, del Ministerio de Cultura, indicó que su despacho ha remitido una propuesta de reglamentación de la ley para que el título III se excluya o no sea aplicable a las comunidades nativas y campesinas.
Al respecto, José Luis Pairazamán, representante del Ministerio de Vivienda, sostuvo la validez de la ley, argumentando que el reglamento de la misma no afecta a las comunidades nativas y campesinas. “Es más, ahora pueden defenderse con esta ley en caso de que invasores ingresen a sus comunidades”, aseveró. Agregó que si se hubiera querido incluir a las comunidades, se habría tenido que pasar por un proceso de consulta previa. Sin embargo, los especialistas de esta primera mesa señalaron que no es suficiente que esto esté considerado en el reglamento, sino que tendría que estar resaltado en el texto de la ley.
Ordenamiento territorial
Las disertaciones del segundo bloque giraron en torno al tema del ordenamiento territorial en las regiones del país, desde distintas perspectivas: En ese sentido, Verónica Mendoza, congresista de la República, expresó sus dudas acerca del objetivo declarado de la Ley 30230: “no existe una intención de reactivar la economía, porque [la Ley] ha llegado un año después de que la economía necesitara reactivarse y, además, la medida no está teniendo los efectos esperados. Además, en la norma no se sustenta cómo estas modificaciones de ordenamiento van a reactivar la economía. El ordenamiento territorial no busca paralizar la inversión sino eso: ordenar”, indicó.
Asimismo, Eduardo Ballón, de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, indicó que la ley 30230 es solo un síntoma de que el gobierno nos está pasando de contrabando medidas dirigidas a fortalecer a los sectores aludidos. “La 30230 colisiona con los artículos 192 y 195 de la Constitución que establecen parte de las competencias de gobiernos regionales y locales. Es obvio y evidente que colisiona con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de las Municipalidades. La mirada del gobierno es que el mercado es el que va a producir ese ordenamiento territorial. Podemos imaginarnos un proceso en que el Ministerio de Agricultura decide que esta es una zona de uso agrícola, y el Ministerio de Energía y Minas establece que es una zona de explotación minera, y el Ministerio de Cultura determinará que ahí hay restos arqueológicos. No hay ninguna racionalidad del Estado. Ésta es sacrificada a nombre del mercado”, argumentó.
De otro lado, Javier Jahncke, representante de la Red Muqui, señaló que lo que se plantea es que no exista ordenamiento territorial y que quien defina el uso de los suelos sigan siendo los sectores correspondientes a los grandes propietarios e inversiones. “A consecuencia de ello tenemos un país con concesiones que crecen aceleradamente y sin mecanismos adecuados ni participación de la ciudadanía. Por ello es importante fortalecer las competencias de los gobiernos regionales y sus procesos de planificación, que asuman la responsabilidad que les compete”.
Finalmente, Laureano del Castillo, destacó que los participantes de este foro anotaron que no se puede afectar los derechos fundamentales de las comunidades campesinas e indígenas, el derecho de propiedad, al desarrollo propio y que la Ley 30230 altera la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. “Hubo una coincidencia de los participantes y las instituciones que representan para presentar una propuesta que plantee excluir de los alcances de esta ley a las comunidades campesinas y nativas”, recordó. “Se está desnaturalizando la utilidad del ordenamiento territorial: ahora más bien es un proceso político, dejando que sea el mercado, a través de las grandes inversiones, el gran coordinador del territorio nacional. De ahí la importancia de impulsar el ordenamiento y la descentralización, dos procesos que van de la mano”, sostuvo. Finalmente, saludó el interés de los participantes y asistentes, entre quienes se encontraron los representantes de las comunidades así como dirigentes y funcionarios regionales.
