Rómulo Torres: “Pueblos debemos estar en alerta con elección de Trump en USA”

"Yo llamo a la actual arquitectura financiera global como una “arquitectura del despojo”, hegemonizada por criterios de privatización en detrimento de lo público, de las ganancias del capital sobre lo estatal en tanto garantía de derechos para la gente”.

Rómulo Torres es economista, actual Director de Forum Solidaridad Perú y miembro de importantes organizaciones y redes, entre las que destacan: la Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo (ANC); y la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd). Desde estas redes y organizaciones integra los Comités Internacional y Nacional del VIII Foro Social Panamazónico (FOSPA), en proceso para realizarse en Tarapoto, Perú, entre el 28 de abril y el 1 de mayo de 2017. Es en razón de esos múltiples roles, y para hablar de la situación regional, la arquitectura financiera y el Foro social Panamazónico, que fue invitado en noviembre pasado al IV Congreso de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), que articula movimientos indígenas de los países andinos: Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, y es también Miembro del Comité internacional del FOSPA. El Congreso se realizó en Silvania, a las afueras de Bogotá, Colombia, en dependencias de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

Para conversar sobre esta participación y los tópicos tratados, el Sistema de Comunicaciones entrevistó a Rómulo Torres al regreso de esta importante cita

IV Taller Nacional de Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible

En las últimas décadas, en nuestro país se ha producido una profunda transformación del territorio, impulsada principalmente por el crecimiento desordenado y desarticulado de las ciudades, el aumento sustantivo de las inversiones mineras y petroleras, así como por la expansión de la agroindustria.

Frente a ello ha ganado espacio una visión del territorio que lo entiende como una construcción social, como el espacio en el que se integran diversas dinámicas económicas, sociales, políticas y culturales. Lamentablemente, este enfoque integral e integrador no ha tenido la fuerza suficiente para consolidarse como una política de Estado por la fuerte resistencia de diferentes grupos económicos, por la debilidad del Gobierno nacional para impulsar su implementación y por la falta de un enfoque territorial en los actores subnacionales. 

Pronunciamiento: "Exigimos un proceso de ordenamiento territorial descentralizado"

Organizaciones de la sociedad civil muestran preocupación por temas descentralización y ordenamiento territorial.

Lima, 08 de agosto de 2016

Señor Presidente de la República del Perú

Señor Presidente del Consejo de Ministros

Señora Ministra del Ambiente

Señora Presidenta del Congreso de la República

Señores Congresistas de la República

Asunto:     Organizaciones de la sociedad civil muestran preocupación por temas descentralización y ordenamiento territorial.

De nuestra especial consideración:

Reciban el cordial saludo de las instituciones y redes que conformamos la Plataforma para el Ordenamiento Territorial, colectivo de la sociedad civil que tiene como propósito promover la implementación de una política de ordenamiento y gestión del territorio basado en la participación democrática de la sociedad y el reconocimiento de la heterogeneidad sociocultural del país.

Después de la asunción de mando presidencial y la entrada en funcionamiento del nuevo Congreso de la República, el gobierno ha puesto énfasis entre otras cosas, en la necesidad de promover y desarrollar proyectos de inversión pública y privada para la reactivación económica. Si bien este propósito es importante debe conciliarse con otros objetivos de la sociedad peruana como  son la protección de los derechos y del ambiente, la seguridad alimentaria, la descentralización y la planificación con visión de sostenibilidad. Para todo ello, el ordenamiento territorial es un instrumento clave

¿Existe planificación en el Perú?

Foto: Andina

Por: Marc Dourojeanni / Profesor Emérito de la Universidad Nacional Agraria de La Molina

Fuente: http://www.actualidadambiental.pe/?p=34799

Preguntar si en el Perú existe planificación o planeamiento puede parecer insultante. Responderán que existe el Centro Nacional de Planeamiento (CEPLAN) que recibió premios internacionales por la alta calidad  de sus productos. Añadirán que el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico está aplicando el  “Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021” y que el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) lo complementa. Dirán, asimismo, que existe el Acuerdo Nacional y recordarán, también, que hay planes de desarrollo (concertado y no concertado) regional y municipal, planes sectoriales y subsectoriales, presupuestos participativos, ordenamiento territorial, zoneamiento, etc., etc. Y eso es verdad. Todos esos planes están  impresos sobre miles de metros cúbicos de papel.

Gobernanza en los procesos de Ordenamiento Territorial en la Amazonía peruana: las experiencias de San Martín y Loreto

El presente estudio que nos trae Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), institución integrante de la Plataforma para el Ordenamiento Territorial, hace un análisis sobre la gobernanza en dos procesos de OT departamentales, ejecutados a través de la gestión pública de los Gobiernos Regionales desde el 2002 –fecha en la que se les asigna la responsabilidad del tema hasta la actualidad (junio 2015), analizando la participación activa de diversos actores estratégicos: públicos y privados, que hayan contribuido a generar un modelo alternativo en la gestión pública regional, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

• Primero: el proceso de OT del departamento de San Martín, el que se inició tras la promulgación del DS N°045-2001-PCM y que, actualmente, se encuentra en la fase de implementación de la Política de OT; es considerado el proceso más avanzado del país.

• Segundo: el proceso de OT del departamento de Loreto, el de mayor extensión territorial del país, se encuentra en la etapa de ZEE. El análisis de este, hace que sea un enfoque especial en la ejecución de la meso ZEE de la provincia de Alto Amazonas al ser el primer instrumento para el OT ejecutado desde la gestión pública, y reconocido a nivel nacional de acuerdo al nuevo marco técnico-legal.

Hoja de Ruta para el Ordenamiento Territorial

El Ordenamiento Territorial

Desde hace muchos años, el territorio peruano viene siendo ocupado y usado sin ningún tipo de planificación, lo que ha generado ciudades saturadas, superposición de derechos y conflictos por el uso del territorio; falta de previsión frente a los desastres naturales, impactos socioeconómicos negativos y zonas con profundas desigualdades, entre otros problemas. Para afrontar esta situación contamos con el ordenamiento territorial.

El ordenamiento territorial (OT) es una política de Estado, un proceso y un instrumento político, técnico y administrativo muy importante, útil para planificar, ordenar y gestionar de manera democrática el territorio, orientado a alcanzar el desarrollo humano integral y sostenible considerando sus diversos elementos (medio físico, actividades humanas, canales de relación, servicios e institucionalidad).

Ver más en: Hoja de Ruta para el OT

Tríptico de la Plataforma para el Ordenamiento Territorial

¿QUIÉNES SOMOS?

Somos un colectivo integrado por organizaciones de la sociedad civil, por asociaciones de gobiernos descentralizados, así como ciudadanos y ciudadanas que tienen como propósito promover la implementación de una política de ordenamiento y gestión territorial basada en la participación democrática de la sociedad y el reconocimiento de la heterogeneidad cultural del país.

Descarga tríptico

Gestión Territorial: El milagro San Martín

El ordenamiento territorial de San Martín ha logrado minimizar los conflictos ambientales a su mínima expresión y garantizar una inversión segura con reglas claras.

Para conocer como se realizó esta experiencia, compartimos con ustedes un video  producido como parte de la Iniciativa de la Alianza Avina - Skoll; realizado por Amazónicos por la Amazonía - AMPA, con el respaldo de la Articulación Regional Amazónica - ARA Regional.

Descarga el video en: https://www.youtube.com/watch?v=Grj-epOmaIk

Sociedad civil y funcionarios de gobiernos regionales plantean alternativas para avanzar en el ordenamiento y gestión territorial

Por: Nelly Carrasco

Grupo Propuesta Ciudadana

Para conocer los avances y dificultades que se dan en los procesos de Ordenamiento y Gestión Territorial, contadas a partir de las experiencias que han desarrollado los gobiernos regionales y el acompañamiento del Ministerio del Ambiente, así como conocer en qué estado se encuentra la Política de Ordenamiento y Gestión Territorial (Política 34°) aprobada en el Acuerdo Nacional, la Plataforma para el Ordenamiento Territorial organizó el Foro Público: "Alternativas para avanzar en el Ordenamiento y Gestión Territorial".

El evento congregó a cerca de doscientos participantes, entre dirigentes y líderes de organizaciones de la sociedad civil, representantes de instituciones públicas y privadas, así como estudiantes de universidades de la capital, entre otros.

Javier Iguiñiz, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional narró lo que significó para las fuerzas políticas y representantes del Estado elaborar la Política 34°. Especificó que tuvieron algunas controversias en la discusión sobre el título: hablar de ordenamiento o gestión territorial, así como ponerse de acuerdo en la inclusión de los principios de subsidiaridad y solidaridad, ¿cómo crear ciudades sostenibles? y conciliar y articular el crecimiento económico y la competitividad, la equidad social y la sostenibilidad ambiental.

Esta situación les planteó un nuevo escenario -dijo Iguiñiz- la necesidad de tener un mayor conocimiento sobre los recursos, información e investigación sobre el tema. Lamentó la falta de consenso para definir una institucionalidad específica razón por la cual este tema no se incluyó en la política. Para su implementación mencionó que era necesario concertar con quienes ya estaban ordenando el territorio, como: las empresas inmobiliarias, las empresas mineras, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, entre otros.

El foro, permitió además conocer el proceso de ordenamiento y gestión del territorio desarrollado en el departamento de Cajamarca. La Ing. Alicia Quispe Mogollón, Sub Gerente de Acondicionamiento Territorial y Coordinadora del proceso de ZEE-OT de este gobierno regional fue la encargada de hacer un balance del proceso desarrollado en su región y plantear algunos desafíos que enfrentan en la elaboración de los Estudios Especializados (EE), que por ley, todo gobierno regional está obligado a realizar. Recordemos que esta región ya cuenta con una Zonificación Ecológica Económica aprobada.

Al respecto, llamó la atención de los funcionarios del MINAM al mostrar su desacuerdo sobre los plazos que se toma dicha entidad para dar opinión a los EE remitidos por el gobierno regional de Cajamarca. Asimismo lamentó que los plazos para la revisión y opinión favorable no estén sujetos a criterios técnicos que puedan establecer los gobiernos regionales, sino por el contrario, de acuerdo a la Resolución Ministerial 135-2013-MINAM, estén sujetos a lo que la Dirección General de Ordenamiento Territorial del MINAM pueda señalar.

AVANCES EN LA CULMINACIÓN DE LA ZEE EN LAS REGIONES

Litz Tello Flores, representante de la Dirección General de Ordenamiento Territorial (DGOT) del MINAM expresó que el proceso de ordenamiento territorial se desarrolla con normalidad en el conjunto de regiones y en más de 100 Municipios, prueba de ello -dijo- es que a la fecha se ha pasado de 05 ZEE aprobadas hasta el año 2012 a 11 aprobadas al año 2015. También indicó que se vienen impulsando procesos de ZEE a nivel micro en 13 provincias con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Unión Europea, y se cuenta con cinco gobiernos regionales avanzan en el desarrollo de sus EE.

Con la finalidad de avanzar el proceso, Tello indicó que el MINAM prevé, entre otras acciones,  la realización del IX Curso Nacional de Ordenamiento territorial, la aprobación de nueve guías de procedimientos técnicos para los EE, el lanzamiento de nuevos mecanismos de financiamiento que aseguren la sostenibilidad financiera de las regiones y municipios para desarrollar procesos hacia el ordenamiento territorial y la puesta en marcha del servicio “Observa mi Territorio”, módulo de visualización, composición y descarga de imágenes de todo el territorio nacional que permitirá la generación de información cartográfica y temática en los procesos de ordenamiento territorial y otros instrumentos de gestión territorial, principalmente a nivel local.

CONSTRUYENDO UNA HOJA DE RUTA PARA EL OT

Para enfrentar los desafíos que presenta el ordenamiento territorial en nuestro país, Ana Leyva Valera, integrante de la Plataforma para el Ordenamiento Territorial presentó una hoja de ruta, con alternativas surgidas de las experiencias generadas en los niveles subnacionales de gobierno para gestionar el territorio.

Este documento propone, para las regiones que no han iniciado el proceso, conocer previamente la cosmovisión del territorio y hacer incidencia para contar con voluntad política para sostener el proceso, tomando en cuenta que el ordenamiento territorial es un instrumento para promover el desarrollo.

Para los procesos iniciados plantea: formar un equipo técnico local para garantizar la continuidad del proceso en todas sus fases; conformar una Comisión Técnica que acompañe y de soporte al equipo técnico; desarrollar capacidades; solicitar apoyo del MINAM para facilitar oportunidades de financiamiento más allá de la elaboración de la ZEE; elaborar un plan de comunicaciones y de participación que promueva la asistencia de todos los sectores; incorporar en la gestión la información que se elabora en los procesos de OT comunal;  difundir los resultados al interior del gobierno que planifica y en los gobiernos locales para elaborar proyectos conjuntos; así como, implementar políticas de desarrollo territorial y planes de desarrollo concertados con enfoque territorial, entre otros.

Para el nivel nacional, la hoja de ruta sugiere fortalecer y defender las competencias del ente rector y a los gobiernos locales y regionales; impulsar la Comisión Intergubernamental;  promover la ley de ordenamiento territorial a fin de que aclare y apoye los procesos; así como, simplificar los instrumentos para facilitar la gestión.

Género y territorio comunal: Desafíos para la planificación territorial

Por: Elqui Cruz (ONG CooperAcción)

A través del tiempo, los seres humanos, hombres y mujeres, han ocupado el espacio, construyendo  formas de vida y de relación entre sí muy diversas,

las cuales constituyen parte la cultura de cada pueblo. Estas relaciones han marcado formas de adquisición de la propiedad sobre el territorio, su trasmisión, sus vínculos con el ejercicio del poder y el uso de los recursos naturales.

En gran parte de las culturas, hubo un predominio de las relaciones de género patriarcales, las que se han expresado en  roles y formas de dominio sobre el territorio. Estas relaciones se han ido transformando de manera acelerada, principalmente en las zonas urbanas. En el mundo rural esas transformaciones han sido mucho más lentas y existen agrupaciones humanas en donde éstas se mantienen casi inalterables. Estas interacciones en sus expresiones espaciales, requieren ser analizadas antes de plantear cualquier propuesta de ordenamiento y gestión del territorio, pues de ello depende la eficacia que pueda tener, más aun cuando se desea trabajar ordenamiento en territorio  indígena.

Sin planificación territorial los fenónemos climáticos son más peligrosos

 Por: Patricia Patrón (ONG DAR).

Urge ordenamiento territorial para prepararnos ante el cambio climático

Lima (25 noviembre de 2014).-  Sin un ordenamiento territorial¹ adecuado será más difícil hacer frente a los efectos del cambio climático y contribuir a su disminución, pues éste permite ubicar o reubicar las actividades económicas de acuerdo a las limitaciones y potencialidades ecológicas del territorio, así como proponer medidas para evitar la deforestación y degradación de los bosques por dinámicas territoriales no planificadas.

Por ello, la Plataforma de Ordenamiento Territorial, integrado por instituciones de la sociedad civil considera que se debe aprobar una Ley de Ordenamiento Territorial que establezca una estructura institucional y un presupuesto adecuado para generar la información, los estudios y los planes de ordenamiento territorial a nivel nacional.

El conflicto entre actividades extractivas y la agricultura, mapas que sugieren la necesidad de una planificación concertada

Escribe: Ana Leyva V. (CooperAcción)

Hace unos días se presentó el informe de investigación de Oxfam "Geografías de Conflicto: superposiciones de mapas de usos de la tierra para industrias extractivas, en Ghana y en el Perú"; informe elaborado por los geógrafos Anthony Bebbington, Jhon Rogan y Nicholas Cuba de la Facultad de Estudios Superiores de Geografía de la Universidad de Clark, de los Estados Unidos.

Este trabajo nos permite visualizar las dimensiones de la superposición que existe en el Perú y Ghana entre concesiones mineras y las tierras aptas para la agricultura. Así mismo, nos muestra la superposición de ellas y las concesiones de hidrocarburos con las cuencas ribereñas, los ecosistemas productores de agua (humedales, páramos, punas), y las comunidades o poblaciones rurales.

Revalorando el planeamiento estratégico regional

Por: Patricia Patrón – Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)

Las graves denuncias de corrupción que recayeron en algunos presidentes regionales, colocaron en el debate público el tema de la descentralización, pero no por la necesidad de fortalecer este proceso, sino como pretexto para disminuir la autonomía sub-nacional.

Los resultados de las elecciones regionales y locales deben ser una oportunidad para mejorar la gobernabilidad e impulsar procesos que fortalezcan la descentralización del país. Uno de estos procesos clave es el planeamiento estratégico. En abril de este año, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) aprobó la directiva general para dicho proceso, que establece la jerarquía de planes y las fases del planeamiento, con énfasis en el análisis prospectivo y la articulación entre planes de diferente nivel de gobierno.

Los gobiernos regionales de Loreto, Madre de Dios, Junín, Huancavelica, Lambayeque, entre otros, se encuentran actualizando sus planes de desarrollo regional concertado, usando la nueva metodología y bajo la atenta supervisión del CEPLAN. En ese sentido, ha sido un reto para sus planificadores armar la línea de base social, económica, ambiental e institucional, así como determinar el escenario apuesta al 2021, construir participativamente una visión estratégica y definir los objetivos y proyectos más adecuados para alcanzar dicha visión.

Otro reto, asumido por ejemplo por el Gobierno Regional de Loreto, es profundizar el análisis ambiental durante la formulación de su plan de desarrollo regional concertado a través de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), instrumento obligatorio del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Asimismo, los gobiernos regionales vienen usando los insumos de la Zonificación Ecológica Económica (ZEE) y del Ordenamiento Territorial (OT) para orientar las acciones que se propongan en los planes.

Las nuevas autoridades regionales y locales, las autoridades sectoriales, y la sociedad civil deberían basar sus intervenciones territoriales en los planes de desarrollo concertado, apoyar en la difusión de los mismos, y hacer seguimiento a la implementación del plan y los compromisos ambientales que se deriven de estos. No podemos darnos el lujo de que procesos de planeamiento terminen encarpetados.

Dirigentes indígenas y autoridades del gobierno central y gobiernos regionales evalúan impactos negativos de Ley 30230

Dirigentes y representantes de comunidades nativas y campesinas, y funcionarios del Gobierno Central y los gobiernos regionales participaron del Foro Público Nacional “Los cambios que vienen para el Perú rural: ¿Ordenamiento y titulación para quién?”

El Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, la Plataforma de Ordenamiento Territorial, la Red Muqui y la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra organizaron el Foro Público Nacional “Los cambios que vienen para el Perú rural: ¿Ordenamiento y titulación para quién?”.

Ello a raíz de la promulgación en julio de este año de la Ley No. 30230, una iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas que busca promover y dinamizar la inversión en el país. Si bien la inversión es muy importante para nuestra economía, la Ley N° 30230 da muestras de una preocupante miopía que podría tener serias consecuencias para la paz social y el propio clima de inversiones que pretende fortalecer.

Por ejemplo, el Título III de la Ley permite al Estado, mediante “procedimientos especiales”, entregar tierras a proyectos de inversión, en la ubicación y cantidad que estos requieran para sus actividades, ignorando los derechos de propiedad que asisten a sus propietarios legítimos. Están sujetos a estos procedimientos especiales todos los predios, trátese de tierras privadas o estatales, ya sea que estén respaldadas por títulos saneados o certificados de posesión. Tampoco se aplica excepciones de ningún tipo.

Al respecto, durante la primera parte de este foro, presentado por Richard Smith (IBC- Territorios Seguros) y Álvaro Campana (Plataforma OT), los expertos Marco Huaco, Cinthia Mongylardi, Juan Carlos Ruiz y Pedro Yalico disertaron sobre los impactos del Título III de la Ley 30230 sobre la seguridad territorial de las comunidades nativas y campesinas.

En otro momento, Daniel Sánchez, representante de la Defensoría del Pueblo, manifestó que existen varios puntos de debate en esta ley; por ejemplo, el hecho de que las normas relacionadas con la titulación son muy dispersas y, en la práctica, generan un sinfín de trámites. “Además, la superposición existente genera paralización del proceso de titulación, como fue el caso de Edwin Chota, quien a pesar de tocar infinidad de puertas para conseguir la titulación de su comunidad, perdió la vida sin lograrlo”, sostuvo.

De otro lado, Anahí Durand, representante del viceministerio de Interculturalidad, del Ministerio de Cultura, indicó que su despacho ha remitido una propuesta de reglamentación de la ley para que el título III se excluya o no sea aplicable a las comunidades nativas y campesinas.

Al respecto, José Luis Pairazamán, representante del Ministerio de Vivienda, sostuvo la validez de la ley, argumentando que el reglamento de la misma no afecta a las comunidades nativas y campesinas. “Es más, ahora pueden defenderse con esta ley en caso de que invasores ingresen a sus comunidades”, aseveró. Agregó que si se hubiera querido incluir a las comunidades, se habría tenido que pasar por un proceso de consulta previa. Sin embargo, los especialistas de esta primera mesa señalaron que no es suficiente que esto esté considerado en el reglamento, sino que tendría que estar resaltado en el texto de la ley.

Ordenamiento territorial

Las disertaciones del segundo bloque giraron en torno al tema del ordenamiento territorial en las regiones del país, desde distintas perspectivas: En ese sentido, Verónica Mendoza, congresista de la República, expresó sus dudas acerca del objetivo declarado de la Ley 30230: “no existe una intención de reactivar la economía, porque [la Ley] ha llegado un año después de que la economía necesitara reactivarse y, además, la medida no está teniendo los efectos esperados. Además, en la norma no se sustenta cómo estas modificaciones de ordenamiento van a reactivar la economía. El ordenamiento territorial no busca paralizar la inversión sino eso: ordenar”, indicó.

Asimismo, Eduardo Ballón, de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, indicó que la ley 30230 es solo un síntoma de que el gobierno nos está pasando de contrabando medidas dirigidas a fortalecer a los sectores aludidos. “La 30230 colisiona con los artículos 192 y 195 de la Constitución que establecen parte de las competencias de gobiernos regionales y locales. Es obvio y evidente que colisiona con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de las Municipalidades. La mirada del gobierno es que el mercado es el que va a producir ese ordenamiento territorial. Podemos imaginarnos un proceso en que el Ministerio de Agricultura decide que esta es una zona de uso agrícola, y el Ministerio de Energía y Minas establece que es una zona de explotación minera, y el Ministerio de Cultura determinará que ahí hay restos arqueológicos. No hay ninguna racionalidad del Estado. Ésta es sacrificada a nombre del mercado”, argumentó.

De otro lado, Javier Jahncke, representante de la Red Muqui, señaló que lo que se plantea es que no exista ordenamiento territorial y que quien defina el uso de los suelos sigan siendo los sectores correspondientes a los grandes propietarios e inversiones. “A consecuencia de ello tenemos un país con concesiones que crecen aceleradamente y sin mecanismos adecuados ni participación de la ciudadanía. Por ello es importante fortalecer las competencias de los gobiernos regionales y sus procesos de planificación, que asuman la responsabilidad que les compete”.

Finalmente, Laureano del Castillo, destacó que los participantes de este foro anotaron que no se puede afectar los derechos fundamentales de las comunidades campesinas e indígenas, el derecho de propiedad, al desarrollo propio y que la Ley 30230 altera la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. “Hubo una coincidencia de los participantes y las instituciones que representan para presentar una propuesta que plantee excluir de los alcances de esta ley a las comunidades campesinas y nativas”, recordó. “Se está desnaturalizando la utilidad del ordenamiento territorial: ahora más bien es un proceso político, dejando que sea el mercado, a través de las grandes inversiones, el gran coordinador del territorio nacional. De ahí la importancia de impulsar el ordenamiento y la descentralización, dos procesos que van de la mano”, sostuvo. Finalmente, saludó el interés de los participantes y asistentes, entre quienes se encontraron los representantes de las comunidades así como dirigentes y funcionarios regionales.