Seminario Internacional sobre Ordenamiento Territorial

El pasado 12 de diciembre del 2017, se realizó el V Taller Nacional sobre Ordenamiento Territorial denominado: "Experiencias Internacionales, Contexto Normativo Nacional y Experiencias Nacionales" en las instalaciones del Congreso de la República del Perú. La co organización estuvo a cargo del despacho del congresista, Richard Acuña. El evento se planteó en tres mesas, distribuídas de la siguiente forma:

Matucana y la urgencia de una planificación territorial con enfoque de gestión de riesgos

Acaba de producirse un sismo de 4.6 grados en Matucana, con onda expansiva en Lima, y nuevamente salta a la vista  una ocupación del territorio que pone en riesgo a las personas. Sin duda, si la intensidad del  sismo hubiese sido mayor, las víctimas serían muchas.

Igualmente, el sismo nos recordó que cerca de Matucana se encuentra el relave minero de Tamboraque, ubicado muy próximo al borde del río Rimac. Si este colapsara producto de un movimiento sísmico, Lima se quedaría sin agua.

Estos hechos nos recuerdan lo importante y urgente que es la planificación territorial y su enfoque de gestión de riesgos. A partir de este caso podemos concluir que la planificación territorial debe ser urbano y rural y además vinculante, para que sea respetada por todos.

La plataforma por el Ordenamiento territorial invoca a las autoridades nacionales, regionales y locales a valorar y cumplir su función planificadora para brindar a la población condiciones de vida seguras y generar desarrollo realmente sea sostenible.

Pronunciamiento en contra del proyecto de Ley 1718 presentado por PPK

Pronunciamiento de la  Plataforma Para La Gobernanza Responsable De La Tierra en contra el proyecto de Ley 1718

Proyecto de Ley presentado por PPK es una amenaza para los derechos de propiedad rural del Perú 

El Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú y la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra advierten el regreso del DL 1333, que afectaría los derechos a la tierra a través del proyecto 1718-2017-PE

El 28 de julio, el gobierno del presidente Kuczynski presentó el proyecto 1718-2017-PE, el cual es una nueva versión del Decreto Legislativo 1333, que fue ampliamente rechazado por las organizaciones indígenas que conforman el Pacto de Unidad y derogado por el propio Congreso de la República en mayo de 2017, al constituir una norma que amenaza las tierras en posesión y propiedad de las comunidades campesinas y nativas.

El reciente proyecto 1718-2017-PE toma mucho de las disposiciones inconstitucionales del DL 1333 al desarrollarlas de manera más ordenada y perfeccionar los procedimientos, pero en el fondo tienen el mismo espíritu: afectar los derechos a la tierra y territorio de las comunidades campesinas, comunidades nativas y agricultores familiares del país. 

Recordemos que el DL 1333, aprobado dentro del paquete de 112 decretos dados por el Ejecutivo dentro de las facultades otorgadas por el Congreso, crea la institución denominada APIP con procedimientos ad hoc para otorgar títulos en tierras donde se desarrollarán proyectos de inversión priorizados. La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, que tenía el encargo de revisar la constitucionalidad de dicha norma, hizo suyos los argumentos que presentaron las organizaciones indígenas sobre la inconstitucionalidad de este decreto. Finalmente, por mayoría absoluta, se acordó su derogación en el Pleno del Congreso. La autógrafa se envió al Ejecutivo para su publicación, sin embargo, el Ejecutivo observó el acuerdo de derogatoria, quedando el DL 1333 vigente hasta el momento. 

El proyecto de ley insiste en crear una institucionalidad denominada APIP exclusivamente para sanear y expropiar predios necesarios para obras de infraestructura priorizada. Esta institución estaría dentro de PROINVERSIÓN, agencia adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sin experiencia en materia de saneamiento y expropiación, con funciones que entran en conflicto de competencias con otras instituciones del Estado como Ministerio de Agricultura y Riego, Gobiernos Regionales o SUNARP, y en algunos casos va más allá de la constitución y el ordenamiento legal, lo que generará inseguridad jurídica en los propietarios de tierras. 

Por su parte, la justificación que el Estado da sobre esta norma es la demora en la entrega de bienes inmuebles necesario para un proyecto de inversión privado o público, dejando de lado el saneamiento de tierras comunales. 

Aunque el proyecto de ley contempla la exclusión de inmuebles de propiedad y/o posesión de pueblos indígenas, esta exclusión es insuficiente puesto que más de la mitad de comunidades campesinas no están reconocidas como pueblos indígenas. Además, existen casi tres mil comunidades campesinas y nativas que no cuentan con título y el 50 % de estas no están georreferenciadas, al no existir un catastro que de información sobre los límites exactos. 

La inversión privada y pública es necesaria en nuestro país, pero esta inversión se tiene que hacer en el marco de respeto a los derechos de propiedad de todos los peruanos y peruanas. El Estado no puede favorecer constantemente a un grupo inversionistas, pues reduce los procedimientos de acceso a la tierra a costa de debilitar los derechos a la tierra y al territorio de las comunidades campesinas y nativas o de los pequeños agricultores. Al hacerlo, actúa de manera discriminatoria, sin respetar la Constitución Política. 

Por ello, desde el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú y la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra exhortamos al Gobierno a entablar procesos de diálogo con organizaciones representativas y cumplir con el proceso de Consulta Previa, ya que esta norma afecta a derechos de las comunidades. Asimismo, solicitamos al Gobierno invertir recursos para saldar la deuda historia en materia de titulación de comunidades, de modo que no se generen nuevos procesos de conflictividad social y el país se encamine hacia un ordenamiento del territorio nacional

El proceso de ordenamiento territorial en Piura

Conoce el proceso que siguió el Gobierno Regional de Piura para la elaboración de su Zonificación Ecológica Económica y la Política Territorial Regional, y como ambos instrumentos se convierten en una herramienta útil para promover el desarrollo regional. Estudio elaborado por el Ing. Ronald Ruiz Chapilliquen, Gerente de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional Piura. Descarga AQUI:

Reconstrucción y ordenamiento territorial

Nota publicada en: NoticiasSer.pe

Por: Melissa Medina

El proceso de reconstrucción del Perú tras el fenómeno del Niño Costero –que afectó a 12 regiones y ocasionó 1'961,400 damnificados- se presenta como una oportunidad para lograr una gestión integral de riesgos que articule los planes del gobierno nacional con los gobiernos regionales y considere el ordenamiento territorial como una estrategia clave para reducir riesgos, evitar la ocupación caótica del territorio y alcanzar el desarrollo sostenible.

En el evento “Y después del desastre, ¿qué?, realizado el martes 13 de junio en Lima, representantes de los gobiernos regionales de Piura, Lima e Ica y especialistas sobre el tema dialogaron sobre cuáles fueron las causas del desastre y cuáles serán los mecanismos de reconstrucción, además de identificar las trabas que impiden  políticas efectivas de prevención de riesgos.

Y después del desastre, ¿Qué? Cambio climático, reconstrucción y desarrollo territorial sostenible.

Conversatorio:

Prevención y mitigación de desastres, reconstrucción, adaptación al cambio climático y desarrollo sostenible: Aprendizajes y Hoja de Ruta desde los casos Piura, Ica y Lima Provincias

JUSTIFICACIÓN

El Niño Costero afectó a 12 regiones de nuestro país. Según INDECI–COEN desde diciembre hasta el 10 de mayo del 2017 el Niño Costero ocasionó 136 muertos, 18 desaparecidos, 1'961,400 damnificados y 1'096,684 afectados.

En infraestructura se reportaron 410 puentes destruidos y 648 afectados; 3,843 kilómetros de vías destruidas y 43,900 kilómetros afectados; 2,391 centros educativos afectados y 250 colapsados e inhabitables; 46,698 viviendas destruidas y 247,874 afectadas.

Para Macroconsult las pérdidas económicas ascienden a más de 3,100 millones de dólares, lo que equivale a 1.6% del Producto Bruto Interno (PBI).

De todos los departamentos, Piura es uno de los más afectados. Este hecho llama la atención ya que venía creciendo sostenidamente y cuenta con una de las administraciones públicas más experimentadas, con instrumentos de gestión aprobados. Otro caso a destacar es el de Lima Provincias e Ica, que pese a su cercanía a la capital han sufrido graves daños.

La respuesta a lo sucedido por parte del Gobierno Nacional es centralizada, se expresa en la creación de una Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y la ha justificado en una supuesta “falta de capacidad de respuesta de los gobiernos regionales y locales ante los desastres ambientales producidos”. Consideramos que esta afirmación no debería generalizarse a todas las regiones, pues limita una respuesta acorde con la realidad y más eficiente.

Siendo el cambio climático un fenómeno que nos acompañará en adelante y estando el Perú ubicado en el Cinturón del Fuego, se hace necesario tomar decisiones que nos permitan adaptarnos y vivir seguros. ¿Cuáles son esas decisiones que deberíamos adoptar, de quiénes dependen y cómo se deben implementar?  Para abordar estos temas proponemos la realización de un conversatorio desde tres aproximaciones:

1.       La gravedad de los daños, las causas de los desastres y los desafíos que nos plantean los casos de Piura, Ica y Lima Provincias.

-          ¿Por qué somos tan vulnerables a las amenazas naturales? ¿Hubieron a nivel del gobierno regional medidas de prevención previstas? ¿Se tomó en cuenta el cambio climático en las medidas de prevención?, ¿Cuáles fueron las medidas y por qué no funcionaron? ¿Qué vacíos y trabas existen que impiden una acción preventiva y una respuesta oportuna desde el gobierno regional? ¿Es necesario el ordenamiento territorial y la gestión integrada de las cuencas? ¿Ayudaron los avances logrados? ¿Por qué?

  Ponentes:

·         Ronald Ruiz Chapilliquen, Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Piura. (ver presentación)

·         Walter Huamán Rodríguez, Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Lima. (ver presentación)

·         Stive Marthans, Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Ica. (ver presentación)

2.       Los problemas institucionales que impiden prevenir o reducir los riesgos y desastres, adaptarnos al cambio climático y garantizar un desarrollo sostenible: Desafíos.

¿Qué está fallando a nivel institucional?: ¿Falta de capacidades? ¿Falta de planificación? ¿Falta de articulación entre los diversos planes existentes y entre las diversas autoridades competentes? ¿Centralismo en la asignación de recurso y las decisiones políticas? ¿Los recientes cambios institucionales realizados por el Gobierno ayudan o empeoran la situación? ¿Cuál debe ser la participación de la población?

Ponente: Gilberto Romero Zevallos (PREDES)

3.       La reconstrucción en curso, sus límites y posibilidades para la prevención, reducción o mitigación de desastres y para darle sostenibilidad al crecimiento económico de las regiones.

¿Cuáles son los límites del proceso de reconstrucción que viene impulsando la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios? ¿Afecta el proceso de descentralización, de qué manera? ¿Ese proceso garantiza que situaciones similares no se repitan? ¿Qué rol tiene el ordenamiento territorial, la adaptación al cambio climático y la gestión integrada de cuenca en ese proceso y cómo deberían ser incorporados? ¿Qué rol debe tener la población?

Ponente: Juan Meléndez, profesor universitario de la UNMSM. (ver presentación)

Metodología: Ponencias de 25 minutos, participación del público a través de preguntas y respuestas de los ponentes.

Participantes: 50 a 100 personas, entre especialistas y público en general.

Lugar: Centro Cultural de la PUCP

Fecha: 13 de junio de 2017

Organizadores: Plataforma para el Ordenamiento Territorial, Grupo Perú Ambiente y Clima, Proyecto Gestión Social del Agua y el Ambiente (GESAAM), IPROGA.

Programa

Hora	Tema	Ponente
9:00am – 9:15 am	Presentación del evento	Organizadores
9:15 am – 9:40 am	La gravedad de los daños, las causas de los desastres y los desafíos que nos plantean desde los casos de Piura, Lima Región e Ica.	Ronald Ruiz Chapilliquen, Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Piura.
09.40 am – 10:00 am		Preguntas del público y respuestas
10.00 am – 10.25 am		Walter Huamán Rodríguez, Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Lima.
10.25 am -  10.45 am		Preguntas del público y respuestas
10.45 am – 11.10 am		Stive Marthans, Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Ica.
11.10 am - 11.30 am		Preguntas del público y respuestas
11:30 am – 11:40 am	REFRIGERIO
11:40 am – 12:15 pm	Los problemas institucionales que impiden prevenir o reducir los riesgos y desastres, adaptarnos al cambio climático y garantizar un desarrollo sostenible: Desafíos.	Gilberto Romero Zevallos del Centro de Estudios y Prevención de Desastres (PREDES).
12.15 pm – 12.35 pm		Preguntas del público y respuestas
12:35 pm – 01:00 pm	La reconstrucción en curso, sus límites y posibilidades para la prevención, reducción o mitigación de desastres y para darle sostenibilidad al crecimiento económico de las regiones.	Juan Meléndez, docente universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
01.00 pm – 01.20 pm		Preguntas del público y respuestas
01.20 pm – 01.30 pm	CONCLUSIÓN Y CIERRE

La ocupación y concentración de tierras, una mirada a Huancavelica

Por: Elqui Cruz Ayala / vía NoticiasSer.pe

Las comunidades campesinas tituladas de Huancavelica ocupan aproximadamente el 83% del territorio de esta región. Sin embargo, pese al avance en la formalización de sus territorios existen conflictos por la superposición territorial generada por la minería u otras actividades que ocupan sus tierras, con nula o poca fiscalización del Estado.

Si bien las comunidades campesinas de Huancavelica ocupan un territorio amplio (Ver mapa N°1. Ocupación y concentración de la tierra en Huancavelica), no significa que estas tengan poder de decisión política y económica sobre el territorio que habitan. Los que ocupan, concentran y tienen poder sobre el territorio son quienes se dedican a especular con la tierra y a concentrar la mayor cantidad de concesiones mineras (Ver Cuadro N°2), destinadas a importantes proyectos mineros.

El MINAM debilita la política de Ordenamiento Territorial

El Ministerio del Ambiente (MINAM) acaba de aprobar un nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF), a través del Decreto Supremo 002-2017-MINAM, en el que intenta reducir su función rectora del ordenamiento territorial solo a lo ambiental.

Esta decisión es ilegal, pues un reglamento no puede modificar el contenido de una norma con rango de Ley. Además, es un acto irresponsable porque genera en la práctica un vacío que ninguna otra entidad puede asumir mientras esté vigente el Decreto Legislativo 1013 y que solo el Congreso de la República puede derogar o modificar.

Actualmente existe un conjunto de procesos de planificación territorial impulsados por los gobiernos regionales (15 ya cuentan con zonificación económica y ecológica, que forma parte de la fase de diagnóstico de la planificación territorial) que por esta decisión quedarían paralizados, con el riesgo de que la información producida se desactualice.

Estos cambios institucionales constituyen un retroceso para el proceso de ordenamiento territorial y ocurren después de que los desastres socionaturales evidenciaron la necesidad de implementar el ordenamiento territorial para brindar seguridad a la población en la ocupación del territorio, en la ubicación de la infraestructura, el equipamiento y las inversiones en general.

Esto significa además que la reconstrucción de los lugares afectados por los desastres socionaturales no irá acompañada de un proceso de ordenamiento territorial que nos conduzca a un desarrollo sostenible.

Por lo tanto, las instituciones que formamos parte de la Plataforma para el Ordenamiento Territorial exigimos la revisión y modificación del ROF del MINAM a fin de adecuarlo a su norma de creación y se garantice la continuidad de los procesos de ordenamiento territorial, haciéndolos además más participativos e interculturales.

¿Gobernanza territorial para el desarrollo de las regiones o para legitimar la actividad minera? A propósito del viceministerio de Gobernanza Territorial

Por Álvaro Campana Ocampo

Recientemente se ha creado el viceministerio de Gobernanza Territorial (VGT) dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros. Este viceministerio es resultante de diversas necesidades, apuestas, intenciones y lógicas dentro del actual gobierno, lo cual puede explicar que muestre incoherencias, seguramente buenos deseos y también improvisaciones.

El gobierno de PPK, por ejemplo, se ha planteado como meta que el Perú sea integrante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que promueve pautas y exigencias institucionales y de políticas para sus integrantes con el objetivo de ser considerados países con bienestar y desarrollo pleno. La creación del actual viceministerio parece ser resultado de las recomendaciones para la “Reforma de la gobernanza Pública” de la OCDE de 2016, así como el Estudio de Desarrollo Territorial.

¿Hacia dónde va el ordenamiento territorial en el Perú?

Del blog "Urbanismo y economía" de Augusto Mendoza

Antes de empezar esta entrada debo hacer una aclaración semántico-epistémica, lo que en la literatura inglesa se conoce como Regional Planning y en la francesa como Aménagement du Territoire, en el mundo hispano hablante se conoce como Ordenamiento Territorial; en el Perú también se utiliza el término acondicionamiento territorial pero este no tiene ningún desarrollo teórico que lo sustente y en la práctica resulta exactamente lo mismo que Ordenamiento Territorial.

El primer sector que desarrolló la planificación territorial fue el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (VIVIENDA), a través de la Dirección Nacional de Urbanismo (reconvertida actualmente en la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo), la denominación que usaba era la de Acondicionamiento Territorial, los estudios en la década del setenta y los ochenta de Sistemas Urbanos y perfiles económico-territoriales departamentales así lo atestiguan, incluso el Plan Nacional de Desarrollo Urbano del 2006, se titulaba “Territorio para todos”. Por otro lado; la ex Comisión Nacional del Ambiente (CONAM) comenzó a utilizar el término Ordenamiento Territorial a partir de estudios desarrollados principalmente en la selva promoviendo el uso de la Zonificación Ecológica Económica, luego con la creación del Ministerio del Ambiente (MINAM), el liderazgo lo tomó la Dirección General de Ordenamiento Territorial. El el Decreto Legislativo N° 1013 , que aprueba la creación, organización y funciones del MINAM, estableció como función del sector como Ordenamiento Territorial, y La Ley N° 28611, Ley  General del Ambiente, introdujo el Ordenamiento Territorial Ambiental, que en buena cuenta es un pleonasmo, el conflicto entre ambas normas generó que el MINAM tomara la rectoría del OT y los otros sectores la rechazaran.

Más información aqui: 

Perú un país embarrado por la desigualdad

Por: Luis Hallazi*

Estamos aún en medio de la catástrofe del llamado “Niño Costero”. Las últimas cifras que ha reportado el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  (COEN) señalan que la lista de fallecidos se elevó a 97 personas, más de 20 desaparecidos, 124 161 personas damnificadas, 14 301 viviendas colapsadas; 813 239 mil afectados[1]. Es probable que las cifras se incrementen para finales de abril, que es cuando se espera que las lluvias cesen y el  fenómeno climático termine.
Más allá de esas cifras frías como un tempano, debemos ser honestos con lo que cada día vemos y escuchamos en las redes y medios de comunicación desde nuestro cómodo sofá: Detrás de cada persona que sufre dramáticamente este desastre, está el rostro de la desigualdad social y económica de este país.

Rómulo Torres: “Pueblos debemos estar en alerta con elección de Trump en USA”

"Yo llamo a la actual arquitectura financiera global como una “arquitectura del despojo”, hegemonizada por criterios de privatización en detrimento de lo público, de las ganancias del capital sobre lo estatal en tanto garantía de derechos para la gente”.

Rómulo Torres es economista, actual Director de Forum Solidaridad Perú y miembro de importantes organizaciones y redes, entre las que destacan: la Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo (ANC); y la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd). Desde estas redes y organizaciones integra los Comités Internacional y Nacional del VIII Foro Social Panamazónico (FOSPA), en proceso para realizarse en Tarapoto, Perú, entre el 28 de abril y el 1 de mayo de 2017. Es en razón de esos múltiples roles, y para hablar de la situación regional, la arquitectura financiera y el Foro social Panamazónico, que fue invitado en noviembre pasado al IV Congreso de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), que articula movimientos indígenas de los países andinos: Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, y es también Miembro del Comité internacional del FOSPA. El Congreso se realizó en Silvania, a las afueras de Bogotá, Colombia, en dependencias de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

Para conversar sobre esta participación y los tópicos tratados, el Sistema de Comunicaciones entrevistó a Rómulo Torres al regreso de esta importante cita

IV Taller Nacional de Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible

En las últimas décadas, en nuestro país se ha producido una profunda transformación del territorio, impulsada principalmente por el crecimiento desordenado y desarticulado de las ciudades, el aumento sustantivo de las inversiones mineras y petroleras, así como por la expansión de la agroindustria.

Frente a ello ha ganado espacio una visión del territorio que lo entiende como una construcción social, como el espacio en el que se integran diversas dinámicas económicas, sociales, políticas y culturales. Lamentablemente, este enfoque integral e integrador no ha tenido la fuerza suficiente para consolidarse como una política de Estado por la fuerte resistencia de diferentes grupos económicos, por la debilidad del Gobierno nacional para impulsar su implementación y por la falta de un enfoque territorial en los actores subnacionales. 

Pronunciamiento: "Exigimos un proceso de ordenamiento territorial descentralizado"

Organizaciones de la sociedad civil muestran preocupación por temas descentralización y ordenamiento territorial.

Lima, 08 de agosto de 2016

Señor Presidente de la República del Perú

Señor Presidente del Consejo de Ministros

Señora Ministra del Ambiente

Señora Presidenta del Congreso de la República

Señores Congresistas de la República

Asunto:     Organizaciones de la sociedad civil muestran preocupación por temas descentralización y ordenamiento territorial.

De nuestra especial consideración:

Reciban el cordial saludo de las instituciones y redes que conformamos la Plataforma para el Ordenamiento Territorial, colectivo de la sociedad civil que tiene como propósito promover la implementación de una política de ordenamiento y gestión del territorio basado en la participación democrática de la sociedad y el reconocimiento de la heterogeneidad sociocultural del país.

Después de la asunción de mando presidencial y la entrada en funcionamiento del nuevo Congreso de la República, el gobierno ha puesto énfasis entre otras cosas, en la necesidad de promover y desarrollar proyectos de inversión pública y privada para la reactivación económica. Si bien este propósito es importante debe conciliarse con otros objetivos de la sociedad peruana como  son la protección de los derechos y del ambiente, la seguridad alimentaria, la descentralización y la planificación con visión de sostenibilidad. Para todo ello, el ordenamiento territorial es un instrumento clave