Escribe: Diana Bernaola
“No nos podemos dar el lujo de no usar los recursos teniendo un 30% de pobres”, señaló el Presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdés, durante el Primer Seminario Internacional “Gestión Integrada del Territorio: Una visión compartida para el desarrollo productivo y sostenible del Perú” celebrado en el mes de abril del presente año.
No obstante este escenario concreto, día a día el uso de estos recursos engrosa la lista de los conflictos sociales que sufre el país. Conflictos que, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, son generados – en su mayoría- por las actividades de grandes proyectos extractivos que surgen por la presión en el uso del territorio, sus recursos y potencialidades, aunadas al indiscriminado otorgamiento de concesiones (superpuestas en muchos casos) por parte del Estado con el único fin de obtener ganancias y, que dejan en claro la falta de una previsión estratégica en el uso y ocupación del territorio.
Sólo observando la actividad minera en el país, constatamos este hecho. De acuerdo a las cifras de INGEMMET, al cierre del 2011 se otorgaron 7500 concesiones (1) al amparo del Decreto Legislativo N° 708. Un mes después, el diario La República denunció, el 13 de enero de 2012, que sólo en Puno “por lo menos diez zonas arqueológicas protegidas […] han sido concesionadas a empresas mineras” (2). Incluso, el artículo señaló que se dio en concesión parte del Complejo Arqueológico de Cutimbo, “pese a que el Ministerio de Cultura le otorgó la categoría de Patrimonio Cultural de la Nación”.
Siendo una situación que se repite a lo largo del país, quizás la muestra más emblemática sea la de la proyectada Central Hidroeléctrica de Inambari. Esta demuestra una falta de previsión que hace perder miles de millones al Estado y que deja en claro la necesidad de contar con una Ley de Ordenamiento Territorial que nos permita planificar, en el mediano y largo plazo, el uso y ocupación que le queremos dar a nuestro territorio.
Si recordamos un poco la historia de los últimos años, comprobaremos que previamente a la actual discusión sobre la viabilidad del proyecto Inambari, una ambiciosa propuesta de integración sudamericana abarrotaba las discusiones a nivel nacional. La iniciativa de Integración Regional Sudamericana (IIRSA), presentada durante la Primera Reunión de Presidentes Sudamericanos realizada en Brasilia en el mes septiembre del 2000, comprendía un eje de conexión vial entre Brasil y el Perú que aseguraba una alternativa para canalizar las exportaciones de ambos países y, al Perú, una nueva ruta hacia África y Europa.
Sin embargo, el emblemático proyecto también hacía peligrar los ecosistemas del Parque Nacional Bahuaja Sonene, ubicado entre las regiones de Puno y Madre de Dios, declarado el 4 de septiembre del 2000 como una zona de vital importancia en la protección de la Amazonía, y con este el esfuerzo de un colectivo social que hizo posible la protección de la zona. El proyecto conocido como ‘la interoceánica sur’, señalaban sus opositores, generaba la invasión de las áreas protegidas por efecto de la migración y la consecuente deforestación - que se promediaba en 50 kilómetros a lo largo de cada lado del derecho de vía - en vista de que una parte de su tramo pasaba por el límite de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional.
Esta realidad fue subvalorada en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, el mismo que señalaba que la carretera no produciría un cambio radical en los ecosistemas del Parque Nacional ya que la vía se construiría sobre una trocha afirmada existente,haciendo oídos sordos a las críticas. Cuatro años después el entonces mandatario, Alejandro Toledo, declaró mediante ley de necesidad pública, interés nacional y de ejecución preferente la obra.
Cuando esta se encontraba a un 95% de avance, un nuevo tratado con Brasil - en el año 2010 - para exportar la electricidad producida por el represamiento de los ríos amazónicos haría peligrar el corredor vial (y –nuevamente- la biodiversidad del Parque Nacional BahuajaSonene). Ya que, de acuerdo a la descripción del proyecto, el embalse inundaría 101 kilómetros de la Interoceánica Sur, con alturas de agua de hasta 190 metros.
Esto es un claro ejemplo de que “la ocupación del territorio, tanto para fines de desarrollo urbano-rural, el crecimiento de las ciudades así como del desarrollo productivo, se ha dado sin una visión estratégica clara, sin orden ni planificación técnica suficientes”, según se señaló durante el Primer Seminario Internacional.
Una necesidad que se institucionalizó internacionalmente en los años 60, y que revolotea en diversas instancias del Estado –sin definirse- desde el 2001, a partir del cual se declaró de interés nacional el Ordenamiento Territorial (OT) en todo el país a través del DS Nº 045-2001/PCM. Con esto, diversos avances le siguieron, a nivel nacional y regional. Sin embargo, la falta de decisión política para impulsar el OT, ha truncado el desarrollo de los consecuentes planes de ordenamiento territorial regionales.
En este contexto, la planificación sobre el territorio se convierte en un tema prioritario. Pero, ¿para qué? En primer lugar para superar la intervención descoordinada de los organismos públicos, ya que sólo a través de una visión de conjunto del territorio, que considere las múltiples relaciones y dinámicas entre sus componentes, se logrará un uso y ocupación del territorio basado en una planificación integral del desarrollo, evitando situaciones de degradación ambiental, desigualdades sociales y costos innecesarios como los que vienen sucediendo.
Notas:
1) Según INGEMMET, a noviembre de 2011, se habían realizado 9,479 solicitudes de petitorios.
2) La denuncia fue hecha por el encargado de la Secretaría General del municipio de Puno, Juan Monzón.
*Artículo tomado de Noticias SER
