jueves, 16 de abril de 2015

Sociedad civil y funcionarios de gobiernos regionales plantean alternativas para avanzar en el ordenamiento y gestión territorial



Por: Nelly Carrasco
Grupo Propuesta Ciudadana


Para conocer los avances y dificultades que se dan en los procesos de Ordenamiento y Gestión Territorial, contadas a partir de las experiencias que han desarrollado los gobiernos regionales y el acompañamiento del Ministerio del Ambiente, así como conocer en qué estado se encuentra la Política de Ordenamiento y Gestión Territorial (Política 34°) aprobada en el Acuerdo Nacional, la Plataforma para el Ordenamiento Territorial organizó el Foro Público: "Alternativas para avanzar en el Ordenamiento y Gestión Territorial".

El evento congregó a cerca de doscientos participantes, entre dirigentes y líderes de organizaciones de la sociedad civil, representantes de instituciones públicas y privadas, así como estudiantes de universidades de la capital, entre otros.

Javier Iguiñiz, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional narró lo que significó para las fuerzas políticas y representantes del Estado elaborar la Política 34°. Especificó que tuvieron algunas controversias en la discusión sobre el título: hablar de ordenamiento o gestión territorial, así como ponerse de acuerdo en la inclusión de los principios de subsidiaridad y solidaridad, ¿cómo crear ciudades sostenibles? y conciliar y articular el crecimiento económico y la competitividad, la equidad social y la sostenibilidad ambiental.

Esta situación les planteó un nuevo escenario -dijo Iguiñiz- la necesidad de tener un mayor conocimiento sobre los recursos, información e investigación sobre el tema. Lamentó la falta de consenso para definir una institucionalidad específica razón por la cual este tema no se incluyó en la política. Para su implementación mencionó que era necesario concertar con quienes ya estaban ordenando el territorio, como: las empresas inmobiliarias, las empresas mineras, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, entre otros.

El foro, permitió además conocer el proceso de ordenamiento y gestión del territorio desarrollado en el departamento de Cajamarca. La Ing. Alicia Quispe Mogollón, Sub Gerente de Acondicionamiento Territorial y Coordinadora del proceso de ZEE-OT de este gobierno regional fue la encargada de hacer un balance del proceso desarrollado en su región y plantear algunos desafíos que enfrentan en la elaboración de los Estudios Especializados (EE), que por ley, todo gobierno regional está obligado a realizar. Recordemos que esta región ya cuenta con una Zonificación Ecológica Económica aprobada.

Al respecto, llamó la atención de los funcionarios del MINAM al mostrar su desacuerdo sobre los plazos que se toma dicha entidad para dar opinión a los EE remitidos por el gobierno regional de Cajamarca. Asimismo lamentó que los plazos para la revisión y opinión favorable no estén sujetos a criterios técnicos que puedan establecer los gobiernos regionales, sino por el contrario, de acuerdo a la Resolución Ministerial 135-2013-MINAM, estén sujetos a lo que la Dirección General de Ordenamiento Territorial del MINAM pueda señalar.

AVANCES EN LA CULMINACIÓN DE LA ZEE EN LAS REGIONES

Litz Tello Flores, representante de la Dirección General de Ordenamiento Territorial (DGOT) del MINAM expresó que el proceso de ordenamiento territorial se desarrolla con normalidad en el conjunto de regiones y en más de 100 Municipios, prueba de ello -dijo- es que a la fecha se ha pasado de 05 ZEE aprobadas hasta el año 2012 a 11 aprobadas al año 2015. También indicó que se vienen impulsando procesos de ZEE a nivel micro en 13 provincias con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Unión Europea, y se cuenta con cinco gobiernos regionales avanzan en el desarrollo de sus EE.

Con la finalidad de avanzar el proceso, Tello indicó que el MINAM prevé, entre otras acciones,  la realización del IX Curso Nacional de Ordenamiento territorial, la aprobación de nueve guías de procedimientos técnicos para los EE, el lanzamiento de nuevos mecanismos de financiamiento que aseguren la sostenibilidad financiera de las regiones y municipios para desarrollar procesos hacia el ordenamiento territorial y la puesta en marcha del servicio “Observa mi Territorio”, módulo de visualización, composición y descarga de imágenes de todo el territorio nacional que permitirá la generación de información cartográfica y temática en los procesos de ordenamiento territorial y otros instrumentos de gestión territorial, principalmente a nivel local.

CONSTRUYENDO UNA HOJA DE RUTA PARA EL OT

Para enfrentar los desafíos que presenta el ordenamiento territorial en nuestro país, Ana Leyva Valera, integrante de la Plataforma para el Ordenamiento Territorial presentó una hoja de ruta, con alternativas surgidas de las experiencias generadas en los niveles subnacionales de gobierno para gestionar el territorio.

Este documento propone, para las regiones que no han iniciado el proceso, conocer previamente la cosmovisión del territorio y hacer incidencia para contar con voluntad política para sostener el proceso, tomando en cuenta que el ordenamiento territorial es un instrumento para promover el desarrollo.

Para los procesos iniciados plantea: formar un equipo técnico local para garantizar la continuidad del proceso en todas sus fases; conformar una Comisión Técnica que acompañe y de soporte al equipo técnico; desarrollar capacidades; solicitar apoyo del MINAM para facilitar oportunidades de financiamiento más allá de la elaboración de la ZEE; elaborar un plan de comunicaciones y de participación que promueva la asistencia de todos los sectores; incorporar en la gestión la información que se elabora en los procesos de OT comunal;  difundir los resultados al interior del gobierno que planifica y en los gobiernos locales para elaborar proyectos conjuntos; así como, implementar políticas de desarrollo territorial y planes de desarrollo concertados con enfoque territorial, entre otros.


Para el nivel nacional, la hoja de ruta sugiere fortalecer y defender las competencias del ente rector y a los gobiernos locales y regionales; impulsar la Comisión Intergubernamental;  promover la ley de ordenamiento territorial a fin de que aclare y apoye los procesos; así como, simplificar los instrumentos para facilitar la gestión.