Pronunciamiento de la Plataforma Para La Gobernanza Responsable De La Tierra en contra el proyecto de Ley 1718
Proyecto de Ley presentado por PPK es una amenaza para los derechos de propiedad rural del Perú
El Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú y la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra advierten el regreso del DL 1333, que afectaría los derechos a la tierra a través del proyecto 1718-2017-PE
El 28 de julio, el gobierno del presidente Kuczynski presentó el proyecto 1718-2017-PE, el
cual es una nueva versión del Decreto Legislativo 1333, que fue ampliamente rechazado
por las organizaciones indígenas que conforman el Pacto de Unidad y derogado por el
propio Congreso de la República en mayo de 2017, al constituir una norma que amenaza las
tierras en posesión y propiedad de las comunidades campesinas y nativas.
El reciente proyecto 1718-2017-PE toma mucho de las disposiciones inconstitucionales del
DL 1333 al desarrollarlas de manera más ordenada y perfeccionar los procedimientos, pero
en el fondo tienen el mismo espíritu: afectar los derechos a la tierra y territorio de las
comunidades campesinas, comunidades nativas y agricultores familiares del país.
Recordemos que el DL 1333, aprobado dentro del paquete de 112 decretos dados por el
Ejecutivo dentro de las facultades otorgadas por el Congreso, crea la institución
denominada APIP con procedimientos ad hoc para otorgar títulos en tierras donde se
desarrollarán proyectos de inversión priorizados. La Comisión de Constitución y
Reglamento del Congreso de la República, que tenía el encargo de revisar la
constitucionalidad de dicha norma, hizo suyos los argumentos que presentaron las
organizaciones indígenas sobre la inconstitucionalidad de este decreto. Finalmente, por
mayoría absoluta, se acordó su derogación en el Pleno del Congreso. La autógrafa se envió
al Ejecutivo para su publicación, sin embargo, el Ejecutivo observó el acuerdo de
derogatoria, quedando el DL 1333 vigente hasta el momento.
El proyecto de ley insiste en crear una institucionalidad denominada APIP exclusivamente
para sanear y expropiar predios necesarios para obras de infraestructura priorizada. Esta
institución estaría dentro de PROINVERSIÓN, agencia adscrita al Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF), sin experiencia en materia de saneamiento y expropiación, con
funciones que entran en conflicto de competencias con otras instituciones del Estado como
Ministerio de Agricultura y Riego, Gobiernos Regionales o SUNARP, y en algunos casos
va más allá de la constitución y el ordenamiento legal, lo que generará inseguridad jurídica
en los propietarios de tierras.
Por su parte, la justificación que el Estado da sobre esta norma es la demora en la entrega
de bienes inmuebles necesario para un proyecto de inversión privado o público, dejando de
lado el saneamiento de tierras comunales.
Aunque el proyecto de ley contempla la exclusión de inmuebles de propiedad y/o posesión
de pueblos indígenas, esta exclusión es insuficiente puesto que más de la mitad de
comunidades campesinas no están reconocidas como pueblos indígenas. Además, existen
casi tres mil comunidades campesinas y nativas que no cuentan con título y el 50 % de
estas no están georreferenciadas, al no existir un catastro que de información sobre los
límites exactos.
La inversión privada y pública es necesaria en nuestro país, pero esta inversión se tiene que
hacer en el marco de respeto a los derechos de propiedad de todos los peruanos y peruanas.
El Estado no puede favorecer constantemente a un grupo inversionistas, pues reduce los
procedimientos de acceso a la tierra a costa de debilitar los derechos a la tierra y al
territorio de las comunidades campesinas y nativas o de los pequeños agricultores. Al
hacerlo, actúa de manera discriminatoria, sin respetar la Constitución Política.
Por ello, desde el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú y la
Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra exhortamos al Gobierno a entablar
procesos de diálogo con organizaciones representativas y cumplir con el proceso de
Consulta Previa, ya que esta norma afecta a derechos de las comunidades. Asimismo,
solicitamos al Gobierno invertir recursos para saldar la deuda historia en materia de
titulación de comunidades, de modo que no se generen nuevos procesos de conflictividad
social y el país se encamine hacia un ordenamiento del territorio nacional