A pesar de los contradictorios anuncios del gobierno acerca del inicio de una etapa de vacas flacas en la economía, se puede afirmar que el actual modelo económico basado en la extracción de materias primas tiene seguramente para rato. Sin embargo, como es evidente, el mantenimiento del modelo de crecimiento seguirá acompañado por la multiplicación de conflictos sociales y ambientales, el crecimiento de actividades ilegales en los diversos territorios del país, el mantenimiento del centralismo y los desequilibrios territoriales, mientras grandes ciudades como Lima continuarán marchando rumbo al estrés hídrico.
Los problemas generados por la minería ilegal en Madre de Dios, muestran como no sólo la gran minería sin regulación puede ser depredadora del medio ambiente y violentar derechos de las comunidades; también la pequeña minería y la minería artesanal pueden generar impactos similares, de los que forman parte no sólo algunos empresarios inescrupulosos y distintos vendedores del equipo que éstos requieren, sino también la propia sociedad que se va adaptando a prácticas ilegales y destructivas.
De igual manera. frente a un problema como el de la reducción del canon, es la propia sociedad la que puede terminar demandando más minería con menos regulaciones para recuperar la renta que les permite tener más recursos. Como afirma certeramente Eduardo Cáceres, la sociedad también se va volviendo extractivista.
Resultando clara la importancia que la minería y las actividades extractivas mantendrán para la economía del país y que su crecimiento sobre esa base todavía continuará, urge reflexionar sobre como ese futuro previsible no es suficiente para alcanzar un desarrollo sostenible, democrático, inclusivo, descentralizado y equilibrado. A todas luces es obvio que hace falta pensar en garantizar la diversificación productiva y avanzar hacia un modelo de desarrollo diferente. Pero además, resulta impostergable la necesidad un Estado y una institucionalidad capaces de regular y planificar ese desarrollo si no queremos afectar más nuestra débil democracia, haciendo rehén al país de dinámicas económicas delictivas o del autoritarismo de los grandes capitales que se van apoderando de sus territorios.
En este contexto, desde las regiones y localidades del país, pero también mediante la iniciativa legislativa de algunos representantes en el Congreso liderados por la Congresista Verónika Mendoza, se busca impulsar una Ley de Ordenamiento Territorial, anunciada varias veces y olvidada otras tantas por el gobierno nacional. Entendido en su doble objetivo -el desarrollo territorial equilibrado y el ordenamiento sostenible de los usos del suelo- el ordenamiento territorial nos es una llave mágica, pero debe servir para enfrentar los desequilibrios socioeconómicos y los desórdenes medioambientales, estableciendo un marco normativo, técnico y político que permita planificar, regular, gestionar y democratizar las decisiones sobre los territorios en el país.
Conscientes que el escenario político es adverso por las marchas y contramarchas del Ejecutivo en esta materia, pero también por las limitaciones del Legislativo, la oposición de distintos grupos empresariales que sólo ven el corto plazo y por sectores de una sociedad fuertemente permeados por la ilegalidad y la idea del “desarrollo” a cualquier costo, consideramos muy importante insistir en la necesidad de la mencionada ley.
En esa orientación, como parte de la “Plataforma para el Ordenamiento Territorial” conformada por diversas instituciones de la sociedad civil y las asociaciones de gobiernos descentralizados (Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Asociación de Municipalidades del Perú y Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú) estamos comprometidos en el esfuerzo de posicionar el tema del ordenamiento territorial, promoviendo una propuesta de ley en el Congreso de la República y llevándola a su discusión y enriquecimiento en varias regiones del país.
Boletín completo, descargar aquí: http://bit.ly/1aZJzvL
Los problemas generados por la minería ilegal en Madre de Dios, muestran como no sólo la gran minería sin regulación puede ser depredadora del medio ambiente y violentar derechos de las comunidades; también la pequeña minería y la minería artesanal pueden generar impactos similares, de los que forman parte no sólo algunos empresarios inescrupulosos y distintos vendedores del equipo que éstos requieren, sino también la propia sociedad que se va adaptando a prácticas ilegales y destructivas.
De igual manera. frente a un problema como el de la reducción del canon, es la propia sociedad la que puede terminar demandando más minería con menos regulaciones para recuperar la renta que les permite tener más recursos. Como afirma certeramente Eduardo Cáceres, la sociedad también se va volviendo extractivista.
Resultando clara la importancia que la minería y las actividades extractivas mantendrán para la economía del país y que su crecimiento sobre esa base todavía continuará, urge reflexionar sobre como ese futuro previsible no es suficiente para alcanzar un desarrollo sostenible, democrático, inclusivo, descentralizado y equilibrado. A todas luces es obvio que hace falta pensar en garantizar la diversificación productiva y avanzar hacia un modelo de desarrollo diferente. Pero además, resulta impostergable la necesidad un Estado y una institucionalidad capaces de regular y planificar ese desarrollo si no queremos afectar más nuestra débil democracia, haciendo rehén al país de dinámicas económicas delictivas o del autoritarismo de los grandes capitales que se van apoderando de sus territorios.
En este contexto, desde las regiones y localidades del país, pero también mediante la iniciativa legislativa de algunos representantes en el Congreso liderados por la Congresista Verónika Mendoza, se busca impulsar una Ley de Ordenamiento Territorial, anunciada varias veces y olvidada otras tantas por el gobierno nacional. Entendido en su doble objetivo -el desarrollo territorial equilibrado y el ordenamiento sostenible de los usos del suelo- el ordenamiento territorial nos es una llave mágica, pero debe servir para enfrentar los desequilibrios socioeconómicos y los desórdenes medioambientales, estableciendo un marco normativo, técnico y político que permita planificar, regular, gestionar y democratizar las decisiones sobre los territorios en el país.
Conscientes que el escenario político es adverso por las marchas y contramarchas del Ejecutivo en esta materia, pero también por las limitaciones del Legislativo, la oposición de distintos grupos empresariales que sólo ven el corto plazo y por sectores de una sociedad fuertemente permeados por la ilegalidad y la idea del “desarrollo” a cualquier costo, consideramos muy importante insistir en la necesidad de la mencionada ley.
En esa orientación, como parte de la “Plataforma para el Ordenamiento Territorial” conformada por diversas instituciones de la sociedad civil y las asociaciones de gobiernos descentralizados (Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Asociación de Municipalidades del Perú y Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú) estamos comprometidos en el esfuerzo de posicionar el tema del ordenamiento territorial, promoviendo una propuesta de ley en el Congreso de la República y llevándola a su discusión y enriquecimiento en varias regiones del país.
Boletín completo, descargar aquí: http://bit.ly/1aZJzvL
