(Fuente Noticias SER - Jorge Moreno)
Este viernes 20 de setiembre, un grupo de organizaciones civiles y la Comisión de Descentralización del Congreso llevará a cabo el Foro “Perú rumbo al Ordenamiento Territorial”, una actividad que busca generar un debate público ante la necesidad de una ley de Ordenamiento Territorial. En ese sentido, Noticias SER conversó con la congresista Verónika Mendoza, quien ha presentado un proyecto de ley que espera su debate en el pleno.
¿Cuál es el asunto medular de su propuesta legislativa para lograr una ley marco para el Ordenamiento territorial?
En el proyecto de ley estamos proponiendo un esquema, una institucionalidad para la construcción participativa y descentralizada de una política nacional de ordenamiento territorial (OT) y de los planes del mismo, tanto a nivel regional como provincial, definiendo las competencias de los diferentes niveles de gobierno, los mecanismos de articulación entre estos para garantizar la compatibilidad y la armonización de los planes de OT en diferentes niveles.
La no existencia de una política de OT es la que origina una gran cantidad de conflictos sociales. ¿A evitar estos apunta la propuesta?
Efectivamente. Uno de los objetivos de la ley es evitar la conflictividad social en torno a la ocupación del territorio y el uso de los recursos naturales en la medida en que este se define de manera participativa, tanto entre los diferentes niveles de gobierno, dejando atrás, superando esquemas de imposición actual de parte del Gobierno central (por lo menos para los proyectos de gran envergadura, tanto extractivos como de infraestructura u otros) y promoviendo mecanismos y espacios de participación ciudadana, de organizaciones sociales e indígenas, sectores empresariales, etc., y los respectivos gobiernos locales. En la medida en que el diseño del uso y la ocupación del territorio y los recursos naturales se hace de manera consensuada y participativa se va a evitar el conflicto alrededor de este tema. Pero no solo evitar la conflictividad sino también evitar los desastres naturales, por ejemplo.
¿Cómo con una política de OT podemos evitar las amenazas de los desastres naturales?
A falta de un marco que ordene la ocupación del territorio tenemos, por ejemplo, sobrepoblamiento en zonas donde hay estrés hídrico [1] por una falta de coordinación intersectorial entre el sector vivienda y agricultura por mencionar un caso. Al estar todo esto desarticulado no hay una visión integral del territorio y ocurre la ubicación de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo de desastres naturales. Son estas cosas las que se tienen que superar con una política de ordenamiento territorial que permita planificar, reitero, de manera intersectorial e intergubernamental, la ocupación del territorio y el uso de los recursos naturales.
¿Hacia dónde apunta este proyecto de ley de OT en lo que se refiere a la participación ciudadana?
El reforzamiento de la democracia a través de la promoción de espacios de participación ciudadana para la discusión y la aprobación de los planes de OT para que en base a la información técnica, como aquella que deviene de la Zonificación Económica y Ecológica (ZEE) o los estudios sobre la dinámica socioeconómica, la ciudadanía también, a través de sus organizaciones sociales, pueda proyectarse en el uso del territorio. Además consiguen el beneficio del afianzamiento de su ciudadanía.
¿Y esto incluye a los pueblos indígenas?
Por supuesto considerando la implementación de la consulta previa para armonizar el uso del territorio tanto a nivel gubernamental como el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas.
¿En ese sentido, el proyecto que ha presentado es inclusivo y participativo a todo nivel?
Sí. Así como creemos que se tiene que definir el uso que le damos a nuestro territorio y a nuestros recursos naturales, con una perspectiva sostenible, es además participativa, para que garantice la planificación en el sentido de proyectarse más allá de los beneficios inmediatos que se pueden originar por la ocupación o uso de un recurso.
¿Cómo así?
Proyectándose en la sostenibilidad de las actividades económicas o de la ocupación de un territorio para el largo plazo con el apoyo de los estudios técnicos correspondientes como las mencionadas ZEE, las evaluaciones ambientales estratégicas, que serán necesariamente incorporadas en la definición de los planes de OT. También articulando otros tipos de herramientas como los planes de desarrollo concertado, los planes de gestión territorial, entre otros.
¿Hay quienes creen que el OT es antes que nada un proceso contra la inversión y profundamente antiminero?
Es un temor absurdo porque no estamos planteando bloquear las inversiones sino más bien ordenarlas para garantizarle sostenibilidad a la propia inversión y a la vida de las poblaciones y comunidades con un criterio de planificación y de visión de largo plazo. Se trata de trascender del beneficio y la renta inmediata, a pensar la sostenibilidad y el largo plazo. De lo que se trata es de darle un marco y un orden a las inversiones tanto públicas como privadas con la perspectiva de generar desarrollo sostenible y beneficio para los ciudadanos más allá de la percepción de la renta que puede generar una determinada actividad económica.
¿Qué espera del Foro convocado para este viernes?
El foro es el inicio de una campaña de discusión en torno a este tema. Creemos que debe ser ampliamente debatido a nivel descentralizado, recogiendo las experiencias que ya están dándose a nivel provincial y regional, en donde a partir de la ZEE se está iniciando la construcción de los planes de OT a partir de este gran debate nacional. Hay que poner sobre la mesa la necesidad para nuestro país de empezar a planificar la ocupación de nuestro territorio y el uso de los recursos naturales con una perspectiva de sostenibilidad. Como le dije, para nosotros es el inicio de un gran debate nacional al que le vamos a seguir dando un impulso promoviendo la discusión de la ley en otras regiones y en otros espacios. Por eso quisiera reiterar mi invitación para este viernes 20 en el Congreso de la República, donde contaremos con la presencia de diversos actores (ministerio del Ambiente, Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, sociedad civil) , además de otros congresistas que han presentado otros proyectos que van en el mismo sentido.
NOTAS: 1. El estrés hídrico es un fenómeno cada vez más extendido que provoca un deterioro de los recursos de agua dulce en términos de cantidad y de calidad. Sucede cuando la demanda de agua es más grande que la cantidad disponible durante un periodo determinado de tiempo o cuando su uso se ve restringido por su baja calidad.
