Ya se han cumplido algo más de 20 años de una ley que promovió la intervención en el territorio nacional principalmente por agentes económicos externos. Nos referimos a la ley de promoción de las inversiones, la cual incentivó la entrega de concesiones para actividades extractivas en el territorio peruano, lo que a su vez trajo como consecuencia una creciente conflictividad socio-ambiental.
Las poblaciones rurales han sido las más afectadas en este proceso. Estas poblaciones se caracterizan por estar en situación de extrema pobreza y por estar ubicadas en territorios en donde la reproducción cultural ha generado productos y subproductos elaborados en base a conocimientos ancestrales en la agricultura, dando por resultado la apropiación de espacios que facilitan la exportación y la promoción, por ejemplo, de la gastronomía nacional. Por lo tanto, se podría decir que existen nuevos espacios económicos emergentes basados en otros modos de producción, que si bien siguen siendo extractivos, usan como insumo recursos renovables de fácil reproducción y conservación.
Pero no solamente se han visto afectadas las zonas rurales del país, sino también las urbanas. Las ciudades más grandes del Perú se encuentran sobrepobladas y carentes de un sistema que agilice la conexión entre sus periferias con las zonas de mayor movimiento económico o por ejemplo con las que ofertan los servicios laborales o educativos como universidades y centros de preparación académica.
La problemática radicaría en la apropiación del territorio por unos pocos: en el caso de las actividades extractivas, la concentración de la tierra se daría por el avance de las concesiones mineras y los contratos petroleros. Las concesiones mineras estarían ocupando el 20.8%[1] del territorio nacional y los contratos petroleros el 39.8%[2] del territorio nacional. Conjuntamente con esta ocupación, se estarían entregando derechos sobre los territorios concesionados o cedidos por contrato a las petroleras, generando problemas en territorios que ya se encuentran en uso o que constituyen parte de la cultura ancestral de pueblos indígenas.
Por otro lado esta problemática se agudizaría con la apropiación de tierras para la agroindustria, dedicada a los cultivos para biocombustibles, inclinando la balanza hacia la inseguridad alimentaria, ya que se estarían usando tierras que en vez de producir alimentos, estarán destinadas a la producción de biocombustibles, incentivando al calentamiento global.
De la misma forma la pobreza agudiza la problemática territorial. La clasificación de pobreza por regiones naturales[3] del INEI, determina que en los últimos cinco años la Costa, la Sierra y la Selva siguen en situación de pobreza, encontrando que la tendencia de las zonas rurales del país se inclina hacia la extrema pobreza. La población que se asienta en estos territorios se ocupa en actividades económicas de agricultura, pesca y minería, además de encontrarse en la clasificación de poblaciones con carencia de agua potable, electricidad y desagüe, sin dejar de mencionar que los niveles educativos de la población clasificada en extrema pobreza solo alcanza a culminar los estudios primarios.
Sin embargo, en estas zonas clasificadas en extrema pobreza, es donde se cultivan los productos que han generado grandes ingresos al PBI nacional. Ante esta situación nos preguntamos, ¿qué tipo de ordenamiento territorial necesita el Perú? Se podría pensar que solo se trata de incentivar una ley que señale que “cada cosa debe estar en su lugar” o quizás lo que se requiere es una ley que promueva un reordenamiento más complejo y diverso, metodológicamente y conceptualmente hablando, que parta de las experiencias en materia de buscar una distribución territorial más equitativa e inclusiva en el territorio, con una Zonificación Económica y Ecológica (ZEE) que promueva un desarrollo sostenible.
Por otro lado resulta importante el avance del Ministerio del Ambiente[4], en cuanto al ZEE en las regiones y provincias, en las que existen actividades extractivas o en las que se concentran tierras para biocombustibles. Este avance significa un 50% del total de regiones a nivel nacional en el 2013, en regiones como San Martín, Cajamarca, Cusco, Madre de Dios, Amazonas, Piura, Tacna, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Lambayeque.
Por todo lo comentado, urge una ley que norme la distribución territorial de las intervenciones económicas en el territorio, además que busque orientar estas intervenciones hacia un desarrollo sostenible. La Plataforma de Ordenamiento Territorial, ante esta problemática propone una Ley, que surge de la necesidad de despertar el interés en las instituciones que regulan el uso del territorio y que busca incluir a las comunidades indígenas amazónicas y alto andinas.
[1] CooperAcción. Informe de concesiones mineras. Junio 2013
[2] Fuente: Perupetro 2013, calculado por CooperAcción.
[3] INEI – Encuesta Nacional de Hogares, 2011.
[4] MINAM. Avance de la Zonificación Ecológica Económica a nivel regional. Enero 2013
