Columna escrita por Yamila Osorio, consejera Regional de Camaná
Al cierre del primer semestre del año, la Defensoría del Pueblo reportó la existencia de 225 conflictos en todo el país, de los cuales, 148 han sido calificados como socioambientales. En su mayoría, estos estos hechos están relacionados con las actividades mineras (74,4%).
Estos conflictos principalmente surgieron debido a la resistencia de la población frente a los proyectos de actividades extractivas que son percibidas como incompatibles con las que tradicionalmente se desarrollan en su territorio.
Estos conflictos principalmente surgieron debido a la resistencia de la población frente a los proyectos de actividades extractivas que son percibidas como incompatibles con las que tradicionalmente se desarrollan en su territorio.
Nuestra región no ha sido ajena a la aparición de estos escenarios. A la fecha, permanece latente el conflicto minero en el Valle de Tambo por el proyecto cuprífero Tía María. La oposición es liderada por dirigentes agrarios que no conciben la idea de que su territorio —destinado prioritariamente a la actividad agrícola— pase a su vez a ser un espacio para la minería.
Aquí también existen cuestionamientos relacionados con el agua y los posibles impactos medioambientales negativos que esta actividad generaría. Pero la minería no ha sido la única actividad extractiva que ha generado este tipo de confl ictos en el país.
Años atrás, Camaná fue escenario de protestas debido a la instalación de dos fábricas de harina de pescado en los distritos de Quilca y Ocoña, precisamente en playas con vocación más turística que industrial y con presencia, en el primer caso, de restos arqueológicos y otras condiciones que fueron pasadas por alto en el anterior gobierno aprista que —prepotente e ilegalmente— autorizó la instalación de estas.
Lamentablemente, la reacción de los gobiernos de turno frente a estos confl ictos se ha inclinado por la represión, que ha dado lugar a desenlaces lamentables con muchos muertos y heridos.
Esto podría haberse evitado si se hubiera contado con planes de ordenamiento territorial (POT) que —como instrumento de planifi cación y resultado de la concertación entre diversos actores— busca defi nir la ocupación ordenada, el uso y la estructuración del territorio, y determinar, por ejemplo, a partir del diagnóstico del mismo, qué tipo de actividades económicas y sociales pueden desarrollarse y qué zonas deben necesariamente protegerse.
Es decir, los POT, además de dar la oportunidad a los ciudadanos de expresarse sobre el tipo de actividades productivas que consideran viables en sus espacios, contribuyen con el desarrollo sostenible al construir la gestión del territorio sobre la base técnica de sus potencialidades y limitaciones.
Sin embargo, pese a la importancia de los POT, los avances en su elaboración por los gobiernos regionales no son significativos. La legislación al respecto está dispersa y existen temores por parte del sector empresarial al considerar que la aprobación de dichos instrumentos podría hacernos perder la senda del crecimiento.
El notable incremento de las concesiones mineras del año 2005 al 2012, del 19% del territorio de costa y sierra al 45%, solo contribuye a elevar la conflictividad. Los inversionistas privados deberían ver los POT como instrumentos útiles que permitirán predecir el éxito o fracaso de sus proyectos.
Sin embargo, pese a la importancia de los POT, los avances en su elaboración por los gobiernos regionales no son significativos. La legislación al respecto está dispersa y existen temores por parte del sector empresarial al considerar que la aprobación de dichos instrumentos podría hacernos perder la senda del crecimiento.
El notable incremento de las concesiones mineras del año 2005 al 2012, del 19% del territorio de costa y sierra al 45%, solo contribuye a elevar la conflictividad. Los inversionistas privados deberían ver los POT como instrumentos útiles que permitirán predecir el éxito o fracaso de sus proyectos.
