Recientemente se ha creado el
viceministerio de Gobernanza Territorial (VGT) dentro de la Presidencia del
Consejo de Ministros. Este viceministerio es resultante de diversas
necesidades, apuestas, intenciones y lógicas dentro del actual gobierno, lo
cual puede explicar que muestre incoherencias, seguramente buenos deseos y
también improvisaciones.
El gobierno de PPK, por ejemplo, se
ha planteado como meta que el Perú sea integrante de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que promueve pautas y exigencias
institucionales y de políticas para sus integrantes con el objetivo de ser
considerados países con bienestar y desarrollo pleno. La creación del actual
viceministerio parece ser resultado de las recomendaciones para la “Reforma de
la gobernanza Pública” de la OCDE de 2016, así como el Estudio de Desarrollo
Territorial.
En los documentos mencionados se
plantea la necesidad de hacer un conjunto de cambios que permitan una gestión
más articulada, intersectorial y territorializada del Estado para lo cual es
clave una instancia que permita el impulso de estos procesos. De igual manera,
se apunta a generar desarrollo en los propios territorios, reconociendo que ya
no es sostenible un modelo basado en la exportación de commodities, sino que se
requiere de innovación, mejora de la productividad y diversificación
productiva, lo que no es posible sin potenciar los diversos territorios en el
Perú. El viceministerio trataría de responder a estas necesidades.
Como dice Javier Torres, el VGT es
también resultado de una mutación dentro de las propias propuestas del gobierno
respecto de la descentralización. En la campaña electoral se habló de un
ministerio de la descentralización, que apuntaba a convertirse en una entidad
de articulación y coordinación, para luego mutar a una especie de ministerio de
gestión de inversiones. El actual gobierno en este marco, y ante la
desaceleración económica y la necesidad de tejer alianzas políticas en las
regiones, promovió los famosos Gore-ejecutivo donde los gobiernos
descentralizados se ponen de acuerdo con los sectores del gobierno nacional a
fin de impulsar inversiones.
Pero habría una tercera perspectiva
que es determinante. Con un gobierno que sigue apostando a atraer inversiones
de carácter extractivo, siendo estas los principales motores de crecimiento, y
con experiencias recientes de conflictividad social como el de Las Bambas,
epicentro de uno de los proyectos más importantes de todo el país, la
preocupación sería cómo anticiparnos al conflicto. Este es el sentido original
de pensar en lo que se han denominado políticas de adelanto social, ya que la
conflictividad sería resultado de las necesidades insatisfechas de la
población, por lo cual las empresas y el Estado deben hacer una inversión
previa para garantizar finalmente la implementación de los proyectos extractivos.
Esto explicaría que el actual viceministro sea Javier Martín Fernández-Concha
Stucker, quien fue gerente general de la minera Sulliden Shahuindo, luego fue
vicepresidente del área social y legal de la minera Río Alto, y finalmente
asesor en solución de conflictos del estudio Fernández-Concha.
El VGT incorpora
dentro de sí a la ya bastante disminuida Secretaría de Descentralización, la
Secretaría de Gestión Social y Diálogo que reemplaza a la Oficina Nacional de
Diálogo y Sostenibilidad que atendía los conflictos, así como la Secretaría de
Demarcación y Organización Territorial que antes era una Dirección. De esta
manera se habría atendido en las formas las recomendaciones de la OCDE, pero en
realidad la apuesta es insistir en un modelo principalmente basado en la
minería. No queda clara, o aún peor, no sabemos si existe una relación con el
Sistema de Planeamiento Nacional. Tampoco se dice nada del Ordenamiento
Territorial tan fundamental para el planeamiento del desarrollo territorial y
la prevención de riesgos y desastres. Todo hace pensar que más que el
desarrollo territorial el objetivo de este nuevo viceministerio está centrado
en garantizar la inversión minera.
