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Proyecto de ley será
presentado a fin de mes por comisión multisectorial
Expertos piden que
Ceplan tenga rango ministerial y apruebe los planes regionales.
Uno de los ejemplos más claros de la
improvisación y la falta de planificación en el país surgió hace tres
años, cuando comenzó a discutirse la construcción de la central
hidroeléctrica de Inambari, en la frontera que comparten Puno y Madre
de Dios. El embalse que la empresa proyectaba construir suponía la
inundación de más de 100 km de la costosísima y recientemente
concluida carretera Interoceánica hacia Brasil. ¿Cómo fue posible
que el Gobierno aprobara el primer proyecto si tenía previsto
luego impulsar otro que lo inundaría?
No es todo. Hace unos meses, los funcionarios
del Gobierno Regional de Lambayeque advirtieron que, sobre el área
supuestamente intangible del proyecto Olmos, el Ministerio de
Energía y Minas había otorgado 80 concesiones mineras y
petroleras. En medio de este desorden territorial no solo se
superponen inversiones. La mayoría de los últimos conflictos tiene
como origen la superposición de un lote de hidrocarburos o una concesión minera
sobre territorios de comunidades indígenas o áreas naturales
protegidas. ¿Cómo planificar y definir, entonces, el uso del
territorio?
Expertos y funcionarios del Gobierno han
comenzado a hablar en las últimas semanas de la necesidad de una ley
de ordenamiento territorial. Y tras los lamentables sucesos en
Espinar y Cajamarca, el presidente Ollanta Humala anunció la
creación de una comisión multisectorial que analizará el tema y
planteará una propuesta.
1. ¿Qué es el ordenamiento territorial?
Es un proceso a través del cual se analizan
las potencialidades del territorio, y a partir de allí, se establecen
escenarios de desarrollo de acuerdo con la visión de sus habitantes.
Fernando Neyra, director de ordenamiento territorial del Ministerio del
Ambiente, explica que los planes de ordenamiento territorial tienen
que estar articulados a los planes de desarrollo concertado y a la
zonificación ecológica-económica. Además, deben tener en
cuenta la visión de desarrollo del país.
Hasta ahora –según Neyra– al momento de
decidir los usos del territorio solo se había tenido en cuenta “la
rentabilidad de un proyecto, y no se ha tomado en cuenta si este
generaba desarrollo”. Un plan de ordenamiento supone siempre un proceso
de diálogo sobre la visión de desarrollo y las formas de
inversión económica en el territorio.
2. ¿Cómo se lleva el proceso? ¿Se evitará la
superposición de inversiones y poblaciones?
“El ordenamiento territorial define el uso que le queremos dar al territorio”, precisa Manuel Glave, investigador de Grade. Según Neyra, el Ministerio del Ambiente es el ente rector del proceso. Con respecto a la superposición de tierras para inversiones, Neyra sostiene que el ordenamiento busca precisamente ordenar las inversiones, priorizarlas y evitar nuevas superposiciones.
“El ordenamiento territorial define el uso que le queremos dar al territorio”, precisa Manuel Glave, investigador de Grade. Según Neyra, el Ministerio del Ambiente es el ente rector del proceso. Con respecto a la superposición de tierras para inversiones, Neyra sostiene que el ordenamiento busca precisamente ordenar las inversiones, priorizarlas y evitar nuevas superposiciones.
3. ¿Qué dice actualmente la legislación?
¿Cuánto puede tardar este proceso?
El Perú no cuenta con una ley de ordenamiento
territorial. Sin embargo, Glave explica que la actual normatividad
obliga a los gobiernos regionales a terminar las ZEE (zonificación
ecológica- económica) previamente al desarrollo de un plan de
ordenamiento territorial. Es decir, se dice que se tiene que hacer
un plan, pero no cómo. Según Glave, este podría ser un proceso lento
si se espera que todas las regiones, las 200 provincias y los 2.000
distritos terminen sus ZEE y luego sus planes de ordenamiento. “Se tiene
que hacer un cambio en los enfoques de los planes de desarrollo para
incorporar de una vez el enfoque territorial. Y para ello el
MEF o el Ceplan deben desarrollar incentivos económicos”. Solo
5 regiones han concluido su zonificación económica-ecológica.
4. ¿Cuál es la diferencia del ordenamiento
territorial con la ZEE?
La ZEE detalla las características económicas,
ambientales y sociales del territorio. Describe los potenciales
económicos. “Este instrumento sirve para la elaboración del plan de
ordenamiento territorial”, apunta Ana Leyva, coordinadora de la
plataforma de ONG que esta semana presentó un proyecto de ley para
el ordenamiento territorial.
5. ¿Quién aprueba el plan de ordenamiento
regional?
“El uso del espacio y la forma en que queremos
usar los recursos requieren un acuerdo político, pero respaldado en
investigación científica y técnica”, sostiene Glave. La abogada Ana
Leyva agrega: “Los planes requerirán consensos y diálogos, se
deben respetar los procesos y la participación de los diferentes
actores políticos y sociales”. Glave y Leyva coinciden en la
necesidad de reforzar el Centro de Planeamiento Estratégico (Ceplan)
y de que este adquiera rango ministerial. “El Ceplan debería ser
quien emita las opiniones de carácter vinculante sobre la
compatibilidad de los proyectos de interés nacional con los planes de
ordenamiento territorial de las regiones”, precisa Leyva.
El Ceplan –explica Alejandro Santamaría,
asesor de la presidencia de esta institución– no tiene hoy ningún
papel resolutivo: “Solo somos veedores y garantes en el desarrollo de
los planes regionales”.
6. ¿Las regiones podrían declarar en sus
planes de ordenamiento la intangibilidad de parte de sus territorios?
No. Glave explica que el
ordenamiento territorial es una herramienta multisectorial. “Los
planes deben elaborarse teniendo en cuenta los puntos de vista
de los demás sectores, así como los proyectos de inversión nacional. Los
planes de gestión de recursos hídricos, por ejemplo, deben
ser compatibles con los planes de ordenamiento territorial. La
propuesta de la región debe ser aprobada por un Ceplan
reforzado”, precisa el investigador de Grade.
7. ¿Cuál es el papel de la
comisión multisectorial?
Tras los sucesos en Cajamarca y Espinar, el
Ejecutivo formó una comisión multisectorial (integrada por los
ministerios de Desarrollo e Inclusión Social, Economía, Energía y
Minas, Cultura, Salud y Producción) cuyo objetivo es plantear las
normas que permitan el desarrollo de actividades económicas
“con inclusión y en armonía con el ambiente”. Esta comisión
–que se instaló el 2 de julio– presentará a fin de mes una propuesta
de ley para el ordenamiento territorial. Probablemente en su
mensaje del 28 de julio el presidente Humala anuncie algunas de
las propuestas de la comisión.
UNA POLÉMICA PROPUESTA LEGISLATIVA
El presidente del Congreso, Daniel Abugattás,
y otros miembros de la bancada nacionalista (Cenaida Uribe, Martin
Rivas Teixeira, Rogelio Canches, Leonidas Huayama, Agustín Molina y
Eduardo Nayap) presentaron el 14 de junio una polémica iniciativa
legislativa que pretende regularizar la situación de unos 16 lotes de
hidrocarburos que fueron aprobados sin contar con la opinión favorable previa
de la autoridad ambiental.
SIN VISTO BUENO DE SERNANP
El proyecto de ley plantea que
“los instrumentos de gestión ambiental que a la entrada en vigencia
de la presente ley no cuenten con una opinión técnica previa
favorable del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado
(Sernanp), siempre que no versen sobre actividades que se encuentren total o parcialmente ejecutadas, serán sometidos a la opinión técnica previa favorable de este”.
(Sernanp), siempre que no versen sobre actividades que se encuentren total o parcialmente ejecutadas, serán sometidos a la opinión técnica previa favorable de este”.
CUESTIONAN PROPUESTA
“Esta propuesta –sostiene César Ipenza,
abogado especialista en derecho ambiental– pretende regularizar la
irregularidad. Se busca salvar incumplimientos generados en años
pasados por parte del sector de hidrocarburos y de Energía y Minas”.
El abogado señaló que alrededor de 16 proyectos de hidrocarburos
habían sido aprobados sin contar con la opinión previa del Sernanp.
INFORME DE CONTRALORÍA
Un informe de la Contraloría del 2009 advirtió
que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) autorizó “operaciones
para descubrir y producir hidrocarburos en 16 lotes” cuyas
zonas“comprendían áreas naturales protegidas”. Estas aprobaciones,
denunció la Contraloría en su momento, no contaron con la opinión
técnica favorable del Sernanp.
* Tomado de El Comercio, publicado el domingo 15 de julio 2012
