viernes, 6 de julio de 2012

"Ante los conflictos sociales hay dos salidas, buscar soluciones dialogadas al corto plazo y planificar a largo plazo’’



El director de Políticas de DAR, César Gamboa, habla sobre las hidroeléctricas, los conflictos socioambientales y la necesidad de un plan de ordenamiento territorial.

‘’La demanda de energía está creciendo en el país anualmente. Sin embargo el Estado no ha hecho una planificación energética para satisfacerla. Desde el 2006 el Estado decidió promover la construcción de Hidroeléctricas en la Amazonía sólo para cubrir los altos niveles de energía que requieren los proyectos extractivos. Proyectos de gran envergadura como los mineros.
Sin embargo, debido a la falta de planificación y a la descoordinación al otorgar las concesiones que se superponían a áreas de conservación, tierras de comunidades, los proyectos fueron paralizados y nunca se pensó en satisfacer la demanda de energía de miles de peruanos que no tienen electricidad en el sur Andino”, dice César Gamboa de DAR, y agrega que para el 2020 vamos a requerir más de 10 mil megawatts de consumo de energía aproximadamente.

El crecimiento desordenado de diversas industrias en el país ha traído con ello el costo político, social y económico; así la falta de planificación del territorio por parte del Estado ha sido uno de los factores que ha permitido el escalamiento de los conflictos sociales en los últimos años. El costo económico ha sido la pérdida de grandes proyectos que podrían beneficiar a la población como las grandes hidroeléctricas. Durante el gobierno aprista se dio en concesión grandes hectáreas de la Amazonía para la construcción de cinco hidroeléctricas, y se promovió la suscripción del Acuerdo Energético Perú – Brasil. Los cinco proyectos han sido paralizados debido a que el territorio concesionado se superponía a áreas protegidas, a territorios de comunidades nativas y derechos de población local.

El impacto ambiental del proyecto Inambari, ahora postergado, es uno de ellos. Alrededor de 37 mil hectáreas de bosque serían deforestados para construir la represa y hay estudios que indican que 8 mil personas serían desplazadas por el represamiento. ‘’Una hidroeléctrica de represamiento genera grandes impactos en el ecosistema y en el territorio. Este tipo de hidroeléctricas se forma a través de la construcción de un muro que contiene al río. Al momento de represar las aguas de un río se inundan, irreversiblemente, los ecosistemas aledaños, miles de hectáreas’’, indica Gamboa.

Además del proyecto Inambari hay cuatro más que fueron paralizados. La concesión del proyecto de la central hidroeléctrica Mainique 1 en Urubamba Cusco, que generaría una potencia estimada en 607 MW, estuvo ubicada en la zona de amortiguamiento del Santuario Nacional Megantoni, 13 kilómetros agua arriba del pongo de Mainique. El Ministerio de Energía y Minas pasó por alto solicitar opinión previa al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), responsable de las áreas protegidas. Finalmente, el proyecto no se concretó. ‘’Esto demuestra la falta de coordinación entre sectores’’, dice Gamboa.

El 2008, se entregó la concesión temporal a la empresa Pakitzapango Energía SAC para que se realicen estudios de factibilidad para la generación de energía eléctrica de una potencia estimada de 1379 MW, por un plazo de veinte meses. El área se superponía a 10 comunidades, además de asentamientos de colonos diversos y bases militares en la Cuenca del Ene, distritos de Pangoa, Río Tambo y Mazamari, en Junín. También se paralizó el proyecto.

Otro caso es el del proyecto Tambo 60 en Junín que estaba ubicado en tierras de comunidades Asháninkas. Asimismo, el proyecto de la Central Hidroeléctrica Tambo 40, concesión otorgada a la controvertida Odebrecht Perú S.A.C. se superponía a las tierras de comunidades Asháninkas y a la zona de amortiguamiento de su Reserva Comunal. Este proyecto que generaría 2000 MW de energía, se encontraba sobre tierras de las comunidades nativas asháninkas de las cuencas del Río Tambo y Ene, quienes presentaron sus quejas a la OIT y ante la CIDH. La concesión temporal no se renovó.

Tanto el Megaproyecto Tambo 40 y el de Pakitzapango afectaría los ámbitos del Corredor de Conservación Vilcabamba Amboró, corredor biológico que se encuentra en el “Hotspot” (“puntos álgidos de biodiversidad”) de los Andes tropicales.

“El Perú no planifica su desarrollo. Si lo hace, la planificación no está vinculada con la toma de decisiones políticas. Nadie está en contra con la construcción de una hidroeléctrica o la exploración de gas en la Amazonía pero se debe evaluar la pertinencia de la decisión ambiental y socialmente”, agrega Gamboa.

Y es que los pueblos amazónicos han sufrido la imposición de diversos tipos de actividades y condiciones legales (sobre el territorio), sin posibilidad de decidir sobre la factibilidad de las mismas y el futuro de su territorio. Y ya que no existe un plan de organización territorial efectivo, las creaciones de las Áreas Naturales Protegidas muchas veces quedan subordinadas a las actividades extractivas o a una administración que no incluye a los pueblos indígenas.

“Hay que tener en cuenta además, dice Gamboa, cuántos peruanos no tienen acceso a energía eléctrica y, literalmente, se mueren de frío porque no tienen energía eléctrica”. Actualmente se crean proyectos energéticos para satisfacer la demanda de energía sólo de las grandes empresas y no para mejorar la calidad de vida de los peruanos.

“Ante crecimiento y el boom de las inversiones de la industria extractiva en el país hay dos salidas: imponer los proyectos y asumir el costo socioambiental o planificar y racionalizar el grado de crecimiento. Quizá no crezcamos mucho, pero nos va permitir mejorar la gobernabilidad democrática y un grado de crecimiento estable en las próximos décadas”, finaliza.