Una de las razones del aumento de
los conflictos sociales en nuestro país es el uso que se le está dando al
territorio. Por un lado, el Estado impulsa procesos de descentralización y
desarrollo local y regional, y por otro, otorga de manera inconsulta
concesiones a las industrias minera, petrolera, forestal, etc.
En este contexto y a fin de
sensibilizar sobre la necesidad de contar una política adecuada sobre este tema
se ha conformado la Plataforma para el Ordenamiento Territorial (OT) integrada
por un conjunto de ONG’s como
Cooperacción, Cima Cordillera Azul, Dar, Fedepaz, Grufides, Grupo Propuesta
Ciudadana, Instituto de Montaña, Red Muqui, y el Ser.
Este grupo de trabajo ha elaborado una propuesta de ley para el OT teniendo como consideración los proyectos que existen al respecto.
Este grupo de trabajo ha elaborado una propuesta de ley para el OT teniendo como consideración los proyectos que existen al respecto.
Ana Leyva, abogada, coordinadora
de la Plataforma dijo que ella promueve la implementación de una política de
ordenamiento territorial en el país. “Esta es una primera propuesta sobre la
que planteamos debatir”, dijo. “Hasta ahora se ha delineado el territorio en el
país en función de políticas sectoriales o de la iniciativa privada, esto ha
dado lugar a desequilibrios y problemas territoriales: ciudades sobre pobladas
y centros poblados con muy pocos habitantes, ocupación de zonas de riesgo,
desigual provisión de servicios públicos; degradación ambiental, perdida de nuestra riqueza
natural y cultural y conflictos sociales alrededor de problemas ambientales,
entre otros”, agregó.
Leyva recordó que las políticas
de ordenamiento territorial empezaron a establecerse en América Latina desde los años ochenta y que el Perú estuvo a
la saga de ese proceso. Reiteró que es importante implementar el ordenamiento
territorial para lograr un desarrollo más equilibrado y sostenible del país.
Señaló que dado que el territorio se transforma permanentemente es necesario
orientar ese proceso hacia objetivos que permitan mejorar las condiciones de
vida de la población. Añadió que para ello se requiere contar con un conjunto
de instrumentos como son una Ley Marco, una institucionalidad articulada,
información uniforme, equipos técnicos, metodologías, etc.
“Tenemos una legislación frondosa
y dispersa que regula planes de desarrollo, urbanos y rurales, planes de
acondicionamiento territorial, zonificación económica y ecológica, pero además,
una normatividad sectorial que define
usos sobre el territorio, como ocurre con la ley minera, la ley de recursos
hídricos, la ley de áreas protegidas, el reglamento de uso mayor de tierras, la
ley forestal, etc. Una cantidad de normas nada efectivas que no permiten
gestionar de manera integral el territorio”, dijo la abogada.
La propuesta de ley plantea,
además, la creación de una serie de instituciones como el Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial
(SINADOT), y la conformación de una Comisión Nacional de Ordenamiento Territorial
(CONADOT). Esta última estaría
conformada por representantes de las instancias del gobierno (25%), sociedad
civil (25%), representantes de los gobiernos regionales y locales (25%), y de
las comunidades campesinas o nativas (25%),
“Es necesaria una ley que
reconozca las aspiraciones que tenemos sobre el territorio, una ley que vincule
y armonice los instrumentos sobre el ordenamiento territorial y que planifique
de forma descentralizada de acuerdo con la pluriculturalidad existente
territorio. Una ley democrática y participativa que escuche las voces de
quienes viven en esos territorios”, agregó Leyva.
“Promover el desarrollo
sostenible del territorio, lograr el uso y la ocupación del territorio de una
manera ordenada, promover la conservación del ambiente y la preservación del patrimonio
cultural y natural, regular la distribución espacial de la población de acuerdo
a políticas de asentamiento humanos y garantizar la seguridad alimentaria”, este es
el paquete de objetivos que se propone en el propuesta de ley que ha redactado
la Plataforma.
Los procesos territoriales deben
ser orientados por el Estado, en sus instancias correspondientes, hacia un
desarrollo que genere bienestar para todos y que sea amigable con el
entorno. El uso, la ocupación y la transformación del territorio no
debe quedar en manos de particulares o de políticas sectoriales que carecen de
una visión integral.
Finalmente, Leyva recordó que una ley de Ordenamiento Territorial permitirá la conciliación de los proyectos de interés nacional con los proyectos regionales. Para ello debería crearse un ente rector que facilite el vínculo del proyecto nacional emprendido por el gobierno de turno con los planes de ordenamiento territorial de los gobiernos locales y regionales.
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