Actualmente
son 6 los departamentos y provincias que han empezado un proceso de
ordenamiento territorial. El gobierno regional de Cajamarca aprobó el 2010 la
Zonificación Ecológica Económica (ZEE) de la región, es decir, la identificación
de diferentes alternativas de uso sostenible de un territorio, basada en la
evaluación de sus potencialidades y limitaciones con criterios físicos,
biológicos, ambientales, sociales, económicos y culturales.
El ámbito donde se ubica el proyecto minero Conga, se considera en la ZEE como no apto para la actividad minera. Sin embargo, en el 2011, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ordenanza del gobierno regional que declaraba inviable el proyecto de la minera Yanacocha, y que recogía elementos de la ZEE.
El ámbito donde se ubica el proyecto minero Conga, se considera en la ZEE como no apto para la actividad minera. Sin embargo, en el 2011, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ordenanza del gobierno regional que declaraba inviable el proyecto de la minera Yanacocha, y que recogía elementos de la ZEE.
La
sentencia define al proceso como un conflicto de competencias entre el Gobierno
Regional y el Nacional, cuya naturaleza gira, principalmente, en
torno al ámbito regulatorio de la minería en su relación con la protección del
ambiente, específicamente sobre la protección de la cabecera de cuenca.
“Como
muestran estas discrepancias, el debate sobre minería y desarrollo tiene que
ver con la pregunta sobre quiénes -y en base a qué criterios- deberían definir los
usos del territorio y el acceso a los recursos naturales en el país, y ello implica
llegar a acuerdos sobre: qué peso deben tener los ámbitos locales y regionales
en esta decisión, qué criterios técnicos y políticos deberían tenerse en
cuenta, qué instrumentos de planificación territorial son necesarios, cómo los
sectores del gobierno nacional deberían articular sus políticas con los procesos
subnacionales que buscan ordenar el territorio, entre otros aspectos. La ley de
Ordenamiento Territorial (OT) sería una contribución importante en este sentido”,
señala María Luisa Burneo, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos.
Los
planes de OT deberían orientar las inversiones, no solo mineras. Una ley de OT
implicaría llegar a cierto nivel de consenso sobre el peso de estos planes y
otros puntos relevantes, sin embargo, ¿Qué pasa cuando hay intereses económicos
muy grandes y no hay coincidencias entre lo que define el gobierno nacional -a
través del Ministerio de Energía y Minas-, y los planes ordenamiento
territorial de los gobiernos regionales?, se pregunta la antropóloga.
‘’En la práctica, no hay un nexo entre los
gobiernos regionales y el gobierno nacional. Las competencias en gran minería están
concentradas en el Ministerio de Energía y Minas y éste no coordina con las
regiones (…) Entonces, es un asunto tanto del funcionamiento del Estado
mismo, como de decisión política. Es decir, no será suficiente contar con planes
de ordenamiento territorial regionales si al final de cuentas, van a pesar más
los intereses por sacar adelante algún proyecto minero y el gobierno nacional va
a buscar imponerlo contra viento y marea. Por eso es importante que la Ley de
OT cuente con un amplio respaldo”, señala.
‘’Actualmente,
sin una Ley que defina el peso que tienen los planes de OT, el gobierno nacional
se seguirá apoyando básicamente en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) aprobados
por el mismo MINEM -que además, solo miran los impactos proyecto por proyecto,
lo cual es insuficiente-. Pero el asunto es aún más complejo que eso. Sobre el
tema de la aprobación de los EIA, un tema adicional a tomar en cuenta es que existe
un nivel de rotación importante de funcionarios del Estado, concretamente el
MINEM, hacia el sector privado y viceversa”, agrega Burneo.
‘’No
hay una verdadera articulación entre los planes de ordenamiento territorial de
las regiones y las políticas nacionales. Tampoco una mirada territorial ni
intersectorial en éstas políticas; por ejemplo, no tiene mucho sentido hablar
de OT si, por ejemplo, el manejo del agua lo sigue manejando el sector
agricultura. Son muchos los cambios necesarios. No hay una ley que ordene y defina
jerarquías. En parte, una Ley de Ordenamiento Territorial podría aclarar la relación
entre las políticas y planes de los distintos
niveles de gobierno y sus sectores’’, afirma Burneo.
Lo
que existe, explica, es una confrontación de visiones e intereses sobre el desarrollo
y el uso de los recursos de parte de las poblaciones, los gobiernos regionales
y el gobierno nacional. ‘’Los procesos de OT encontrarán grandes limitaciones si
no existen acuerdos políticos y económicos, por más que estos hayan sido aprobados
en las regiones”, finaliza.
