“El Gobierno se niega a presentar el proyecto ley y
plantea que se debata una política de ordenamiento territorial en el Acuerdo
Nacional. A la vez promueve procesos de OT en nueve regiones sin que exista una
base normativa.
Es contradictorio que se quiera avanzar sin una norma que defina las reglas de juego, lo cual abre un gran espacio para la arbitrariedad porque será el Ministerio del Ambiente el que dé la última palabra sobre el aprovechamiento de los territorios de una región”, afirmó Azpur. Recordó que en el Acuerdo Nacional no se suscriben leyes sino políticas de Estado. “Mucho de lo que se acuerda en este espacio no se lleva a la práctica. El AN no tiene capacidad decisoria; la decisión la tienen el Congreso y el Ejecutivo”. Por tanto, en su opinión, en el mejor de los casos la aprobación de la necesaria ley de OT se postergará por lo menos un año.
Es contradictorio que se quiera avanzar sin una norma que defina las reglas de juego, lo cual abre un gran espacio para la arbitrariedad porque será el Ministerio del Ambiente el que dé la última palabra sobre el aprovechamiento de los territorios de una región”, afirmó Azpur. Recordó que en el Acuerdo Nacional no se suscriben leyes sino políticas de Estado. “Mucho de lo que se acuerda en este espacio no se lleva a la práctica. El AN no tiene capacidad decisoria; la decisión la tienen el Congreso y el Ejecutivo”. Por tanto, en su opinión, en el mejor de los casos la aprobación de la necesaria ley de OT se postergará por lo menos un año.
En un principio parecía haber voluntad política para
debatir la ley de OT. “El presidente lo anunció no solo en declaraciones sino
también en el mensaje a la nación. A pesar de ello, no se ha presentado ningún proyecto
de ley para la discusión pública en el Congreso. Esto expresa que hay sectores en
el Gobierno, principalmente vinculados a grupos empresariales, que se resisten
a que exista una organización adecuada del territorio”, agregó.
Para Azpur, una Ley de Ordenamiento Territorial contribuiría
a cambiar el patrón primario-exportador, un modelo que es, a la larga, limitado.
“Es cierto que una ley no nos llevará a cambiar de un solo salto el modelo
primario-exportador por una economía más diversificada y promotora de la
industria. Pero sí permitiría identificar las potencialidades, posibilidades y
límites de cada territorio” recalcó. El coordinador de Propuesta Ciudadana
afirmó que nuestro país necesita de las actividades extractivas porque generan
ingresos para el Estado, pero consideró pertinente preguntarse “si tenemos un
Estado con un plan para promover la diversificación económica, así como actividades
generadoras de mano de obra que tengan base en el conocimiento y la información.
No podemos pensar nuestro desarrollo solo como crecimiento económico basado en
las industrias extractivas, sobre todo si se tiene una apuesta por la inclusión
y la equidad”.
A continuación, Azpur explicó que “el ordenamiento
territorial no es un instrumento contra la actividad extractiva sino que permite
que la planificación del desarrollo, hoy prácticamente inexistente,
pueda responder a las características y posibilidades del territorio”. Puso
como ejemplo la larga tradición agropecuaria y lechera de Cajamarca, y explicó
que en ese marco había que pensar en los espacios del departamento que tienen
potencialidad para desarrollar la oferta pecuaria. “¿Qué pasa si en un lugar
donde hay la posibilidad de incrementar la producción lechera existe un yacimiento
minero?”, preguntó Azpur.
El coordinador de Propuesta explicó que el ordenamiento
territorial es un diagnóstico detallado del desarrollo de la actividad
económica, social y cultural en una región que permite establecer, entre muchos
otros aspectos, dónde existen determinados grupos étnicos o qué vinculación hay
entre los centros urbanos entre sí y con su entorno rural. “El conocimiento del
territorio es la base que permite pensar estrategias y planes de desarrollo que
respondan a las potencialidades y limitaciones del territorio. No se pueden
priorizar inversiones extractivas, por ejemplo, en lugares de riesgo ambiental o
en territorios declarados zonas de conservación” aseguró.
“Es fundamental que antes de iniciar las concesiones se
realice un proceso de ordenamiento territorial. Eso no anularía los proyectos
en curso. No se trata de cerrar minas existentes sino de tener claridad sobre
las posibilidades y limitaciones del proyecto dentro de un territorio”, afirmó.
Manifestó que está demostrado el enorme potencial de Piura de ser un polo
agro-exportador y que la franja costera del norte peruano tiene tanto
territorio productivo como Chile. Frente a esta situación, se preguntó si en
esa zona, en vez de promover la agro-exportación, se va priorizar actividad
extractiva. “¿Dónde está la información sobre las posibilidades y
potencialidades del territorio? Ese territorio ha sido concesionado en gran
parte a proyectos extractivos como el de Tambogrande; sin embargo hay proyectos
de abastecimiento de agua en la parte alta de Piura que serían propicios para
potenciar la agricultura en vez de dirigir la inversión hacia proyectos
mineros”, dijo Azpur.
Y es que, según Azpur, la opción actual es “atraer la
inversión a cualquier costo”. “Frente a la lógica empresarial que busca
maximizar las ganancias y a funcionarios que circulan entre el Estado y las
empresas del mismo sector, porque las reglas del juego se lo permiten, se
requiere un Estado que garantice un manejo adecuado de su territorio y sus
recursos naturales. Un instrumento es el OT, que significa involucrar a los
tres niveles de gobierno: nacional, regional y local en las decisiones sobre el
territorio” señaló.
Con respecto al proyecto de ley presentado por la
Plataforma, Azpur sostiene que seguirán dialogando con el Minam y las
principales fuerzas políticas en el Congreso. Sobre esa base se convocará a
debatir un proyecto concertado. Planteó que “el proyecto de ley tiene una
visión y enfoque de OT que se debe llevar al Acuerdo Nacional con las
organizaciones sociales representadas en este espacio para que el ofrecimiento
y la voluntad de contar con la ley se haga realidad a la brevedad posible”.
Javier Azpur consideró urgente el debate de la Ley de
Ordenamiento Territorial, aunque resaltó que “no se trata de una varita mágica
sino del punto de partida de un proceso que ayudará a crear las mejores
condiciones para el desarrollo de nuestra diversidad territorial”. “No sabemos
cuánto va a durar nuestra materia prima. Necesitamos generar actividades
productivas que dependan de nuestra capacidad y conocimientos y no de una
dinámica internacional volátil”, finalizó Azpur.