En su mensaje al Congreso, el presidente Ollanta Humala se comprometió a presentar un proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial. Se comprometió igualmente a presentar el conjunto de propuestas elaboradas por la Comisión creada por el Gobierno para modificar el marco normativo ambiental de la gestión de las industrias extractivas. Fueron anuncios positivos y es necesario que se hagan realidad a la brevedad posible.
La Plataforma para el Ordenamiento Territorial considera que la Ley de Ordenamiento Territorial es un instrumento importante y urgente para el país. El ordenamiento del territorio es un paso previo e ineludible para formular, concertar e implementar proyectos y programas de desarrollo que respondan a nuestra diversidad social, económica, cultural e institucional.
En esa orientación, la Plataforma para el Ordenamiento Territorial ha elaborado una propuesta de Ley de Ordenamiento Territorial como un aporte para lo que consideramos debe ser un proceso de debate abierto, informado y convocante. Hemos llevado adelante un trabajo concertado entre diversos actores y, sobre esa base, presentamos algunas ideas-fuerza sobre el proceso y sobre el sentido y los alcances que debe tener la norma:
1. La Ley sobre Ordenamiento Territorial debe ser resultado de un proceso de discusión y consenso entre distintos actores a nivel nacional.
2. La propuesta de ley debe tener una visión integral y planificada del territorio, y no basarse únicamente en sus potencialidades, pues éste es un enfoque limitado. Con ello se promoverá la articulación de las políticas económicas, sociales, ambientales y territoriales para que respondan a objetivos de desarrollo integrados.
3. La subsidiariedad debe estar definida como un principio de la ley. Deben ser claras las competencias de cada nivel de gobierno e integrarse de manera complementaria. Con este enfoque buscamos avanzar hacia una mayor eficiencia y eficacia en la gestión concertada de nuestros diversos territorios.
4. Para fortalecer a los gobiernos regionales, provinciales y distritales, la ley debe dotarlos de marcos institucionales y recursos para la efectiva planificación y gestión del territorio. Ello implica cancelar la recentralización iniciada por el Gobierno anterior y sobre el cual no hay cambios significativos luego de un año de gobierno.
5. Es necesario definir un ente rector de rango ministerial con carácter intersectorial, que respete las competencias de los gobiernos subnacionales y asuma concertadamente la responsabilidad de implementar la ley e impulsar el desarrollo de planes de ordenamiento territorial.
6. El rol activo de la población en los procesos de ordenamiento territorial deben ser promovidos desde todos los niveles de gobierno. No se deben replicar esquemas verticales y centralistas que bloquean las posibilidades de los gobiernos locales y regionales para definir e implementar estrategias de desarrollo acordes con su realidad social, económica y cultural.
Los integrantes de la Plataforma para el Ordenamiento Territorial hacemos un llamado para que el Gobierno convoque a un proceso de debate nacional que permita concertar la Ley de Ordenamiento Territorial, así como las normas y políticas necesarias para definir un nuevo rol de las industrias extractivas, y garantizar su aporte hacia un modelo desarrollo equitativo y sostenible. Este marco normativo debe ser expresión de un amplio acuerdo nacional.
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