Por: Grupo Propuesta Ciudadana
¿Es
o no es necesaria una ley de ordenamiento territorial (OT)?, ¿Cuál es su
importancia?, ¿Existen condiciones para su aprobación? Estas son preguntas que recurrentemente
se plantean en diversos encuentros en los que se busca promover el debate e
impulsar la aprobación de un marco normativo integral sobre el OT. No existe todavía
un consenso suficiente, a lo cual se suma el hecho que desde el Ejecutivo no se
dan señales claras y coherentes sobre el tema. Mientras en el Congreso no
parece haber mayor noción sobre el asunto más allá de algunas iniciativas aisladas.
Desde la sociedad civil este es un tema muy abstracto ya que no se percibe cómo
podría afectar la vida de las personas, de las localidades, de las regiones y
del país.
Con
este Foro, la Comisión de Pueblos
Andinos, Amazónicos, y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, organizadora
principal del evento, concluye un proceso de consultas y debates con el
objetivo de poner en discusión, al reiniciarse la legislatura, una propuesta de
ley de OT que recoja los aportes de varios de los proyectos presentados, así
como la opinión de diversos actores del Estado, de la sociedad civil y de los
sectores empresariales. A pesar de esta voluntad de los integrantes de la
Comisión, desde sectores del propio gobierno nacional, se cuestionó desde
algunos sectores del ejecutivo la pertinencia de la ley.
El ordenamiento
territorial las inversiones y los conflictos
Un
momento importante de la discusión se produjo cuando los funcionarios del
Ministerio de Energía y Minas (MINEM) comentaron que el OT atentaría contra los
miles de millones de dólares que diversos inversionistas han manifestado su
interés en hacer realidad. Señalaron que los gobiernos regionales que han
avanzado en el proceso de Zonificación Ecológica Económica (ZEE), han excluido de
manera casi absoluta la actividad minera y de hidrocarburos. También agregaron
que estos procesos generan mayores conflictos en el país y que los gobiernos
regionales debieran subordinarse a las directrices nacionales y a los proyectos
declarados de interés nacional, pues el Perú es un Estado unitario.
Ante
estos comentarios, Eduardo Ballón, Secretario Técnico de la Asamblea Nacional
de Gobiernos Regionales (ANGR) respondió planteando que el gobierno debería
tener una posición coherente. Esto considerando que el gobierno nacional anunció
varias veces estar interesado en una ley de OT y reconocer su importancia; sin
embargo, luego trasladó la responsabilidad de su elaboración a la Comisión
Multisectorial, que vería el asunto en
el marco de la discusión de una nueva minería que mejorara las relaciones entre
las actividades extractivas, las comunidades y el ambiente, en cuyos resultados
no está contemplado el OT. Finalmente, la discusión fue derivada al Acuerdo
Nacional.
Mientras el MINEM tiene una posición claramente en contra del OT, el Ministerio del Ambiente (MINAM), en consideración de especialistas y funcionarios regionales, opta por alargar el proceso, postergando la elaboración de los Planes de OT y exigiendo la realización de nuevos estudios que se sumarían a los procesos de ZEE desarrollados durante años en las regiones.
Ballón
resaltó la necesidad de ordenar el uso, ocupación y aprovechamiento del
territorio, considerando además la dimensión estructurante del OT, que permita
construir espacios más articulados y tendientes a un mayor equilibrio y
sostenibilidad en la gestión de nuestra diversidad territorial. Señaló igualmente que esta es una dimensión fundamental
en el proceso de descentralización y regionalización, recordando además que el
Perú es efectivamente un país unitario, pero también descentralizado en el que
las regiones tienen un papel que cumplir en la formulación e implementación de
las políticas territoriales.
La
actual situación es que se ocupa y ordena de facto el territorio por parte, por
ejemplo, de las actividades extractivas, lo que viene causando conflictos
sociales al no existir canales institucionales, herramientas y normas que permitan
una negociación y la construcción de acuerdos acerca de los usos del territorio.
En este sentido, sería más bien el OT un proceso que permite anticiparse a los
conflictos, establecer reglas claras para la inversión.
Construyendo la ley de
Ordenamiento Territorial
A
pesar de la voluntad de diversos actores y la importancia del tema, no parece
existir una correlación de fuerzas suficientes para una ley de OT. La visión
sesgada de sectores vinculados a la gran inversión –en particular a la de las
actividades extractivas- les lleva a pensar que cualquier tipo de planificación
es por definición negativa.
Para
Germán Alarco, profesor de la Universidad del Pacífico, el OT tiene que ir de
la mano de la planificación en el país, por lo que debiera ser el Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), el ente rector de un
sistema de ordenamiento, planificación y
gestión territorial. Sin embargo, mencionó lo debilitado que está este ente
debido a las ideas anti-planificadoras hegemónicas en las últimas décadas. Para
él, la discusión sobre el OT puede ayudar a replantear estas nociones y
construir un sistema de planificación nacional y descentralizado, el cual es
imprescindible para marcar una ruta clara hacia un desarrollo competitivo,
equitativo y sostenible.
La
visión neoliberal considera que el territorio, sus potencialidades y
limitaciones, sus dinámicas geográficas, económicas, sociales, institucionales
y culturales pueden ser determinadas y organizadas por la “mano invisible” del mercado.
Es desde esta visión ideológica alejada de la realidad que grupos económicos, sectores
del gobierno y parlamentarios conservadores, señalan que no existen condiciones
para la dación de la Ley.
A
ello se agrega que la población no está suficientemente informada sobre el
sentido, los alcances y la importancia del OT, lo cual facilita que el tema no
se considere como prioritario en la agenda política y parlamentaria. Sin
embargo el OT es un proceso de mediano y largo plazo, que puede ayudar a
mejorar la vida de la población.
Para
el representante de la Cooperación Alemana (GIZ), Luis Manuel Sánchez, existen
suficientes dispositivos legales que permiten avanzar en los procesos de OT
desde abajo hacia arriba. Si bien es cierto se necesita una ley nacional,
también es cierto que las competencias están ya dadas para los diferentes
niveles de los gobiernos sub-nacionales a través de varios instrumentos
normativos.
Sobre
ello, Liliana Miranda de Ciudades para la Vida, afirmó que los Gobiernos
Regionales que tienen los procesos de OT más avanzados, deberían proceder -al
margen de si existe o no una ley nacional- a la elaboración de sus planes respectivos.
Esto es todo un desafío para los gobiernos regionales y locales ya que, según
ella, deben liderar el proceso de OT y deben avanzar hacia una gestión
trans-sectorial propia de estos niveles de gobierno y del enfoque territorial.
Finalmente,
cabe decir que en las regiones hay procesos avanzados que han buscado, a través
de diversos mecanismos, incorporar el enfoque territorial en su gestión. La
voluntad política y la apertura a la sociedad civil han permitido que, por
ejemplo, en el gobierno regional de San Martín, el Plan de Desarrollo
Concertado tenga un enfoque territorial, utilizando la información de la ZEE e
incorporando en el mismo el manejo sostenible de los recursos naturales y la
protección de los pueblos indígenas.
En
esta perspectiva y ante el bloqueo de la ley desde el Congreso y el Gobierno
Nacional, una ruta posible puede ser la de impulsar este proceso desde los
Gobiernos Regionales, articulando a los gobiernos locales y a la sociedad civil
para avanzar hacia la construcción de una política nacional y descentralizada de
OT, fortaleciendo asimismo el proceso de descentralización.
