Una de las promesas del presidente Humala, desde el inicio de su gobierno, que fuera ratificada luego del conflicto de Conga, fue la de promover el Ordenamiento Territorial. Una propuesta que siempre genera temores, resistencias y rechazos en el sector privado, particularmente en quienes están dedicados a la gran minería y al desarrollo de megaproyectos de infraestructura, que lo ve como una herramienta para obstaculizar la inversión y el desarrollo del país. Los temores empresariales tienen cierto sustento debido a que una política de ordenamiento territorial, como su nombre lo señala, busca dar prioridad a un manejo sostenible del territorio, pero ello no significa que sea anti-inversión, sino todo lo contrario.
En el mediano y largo plazo lo que se busca es una gestión más racional de los recursos, que aproveche las potencialidades económicas de una región o una provincia, pero que establezca las áreas a ser conservadas por su importancia en términos de producción de servicios ambientales, y como tales sean protegidas. En ese sentido, las resistencias del sector privado solo se sostienen en una mirada de corto plazo que pone como único principio la competitividad, por encima de cualquier otra consideración política, social, ambiental, cultural e incluso económica, en el sentido más amplio del término.
Ante esta situación, el gobierno optó por trasladar al Acuerdo Nacional el debate de una política de ordenamiento territorial, buscando generar un consenso que es evidente que en este momento no existe ni fuera del Estado ni dentro del Gobierno, donde hay más de un sector que quisiera arrebatarle la competencia al Ministerio del Ambiente, y mucho menos en el Congreso de la República, donde hay diversos proyectos de ley sobre la materia que no han llegado aún ni a debate en el pleno, ni a dictamen o predictamen en las comisiones a cargo.
¿Podrá el Acuerdo Nacional llegar a un acuerdo sobre el Ordenamiento Territorial que entienda que nuestro país requiere que el desarrollo sea sostenible?
Sin duda es una tarea compleja, porque esta política coloca sobre el tapete la ausencia de un sistema de planificación nacional que no ha logrado promover el languideciente Ceplan, y que es visto por la mayoría de empresarios y políticos del país como una herejía del credo económico neoliberal.
Les guste o no a estos actores, que han comenzado a participar del debate en el Acuerdo Nacional, los diversos conflictos que ha vivido el país en la última década han puesto en evidencia que no hay otra manera de que la gran inversión pueda desarrollarse sin que esta comience a responder no solo a los criterios empresariales, sino a un consenso político nacional, que sea capaz de reconocer que para que el crecimiento económico continúe, hay que hacer un alto en el camino y pactar una política de Ordenamiento Territorial.
LOS TEMORES EMPRESARIALES TIENEN CIERTO SUSTENTO DEBIDO A QUE UNA POLÍTICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, COMO SU NOMBRE LO SEÑALA, BUSCA DAR PRIORIDAD A UN MANEJO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO, PERO ELLO NO SIGNIFICA QUE SEA ANTIINVERSIÓN
Escribe: Javier Torres Seoane
Tomado: Diario 16
Fecha: 17/04/2013
