Hace casi dos años el actual presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, manifestaba en su discurso de asunción de mando ante el Congreso de la República: “No es posible que el Perú que queremos construir no desarrolle una política de aprovechamiento soberano de los recursos naturales, una política que garantice la explotación racional y equilibrada del agua, la tierra, los bosques, la biodiversidad, el gas y los minerales. Esos recursos de todos los peruanos contribuirán a la eliminación de la pobreza y la desigualdad.
Se alentará la actividad privada sobre los recursos naturales, pero estos serán explotados en condiciones de respeto a las poblaciones, a los trabajadores y al medio ambiente. Asimismo, avanzaremos profundamente en la política de ordenamiento territorial que nos permita establecer de manera participativa el uso racional de nuestro territorio”.
Se alentará la actividad privada sobre los recursos naturales, pero estos serán explotados en condiciones de respeto a las poblaciones, a los trabajadores y al medio ambiente. Asimismo, avanzaremos profundamente en la política de ordenamiento territorial que nos permita establecer de manera participativa el uso racional de nuestro territorio”.
Estas declaraciones abrían una puerta a temas relevantes para el país tales como: la necesidad de plantear mecanismos de control a la actividad extractiva, la consulta previa, la identificación y uso de los recursos pensando en el desarrollo sostenible y no regido mediante una lógica meramente extractivista, entre otros. En general, esta postura sugería la existencia de la voluntad política necesaria para abordar temas que habían sido dejados de lado por gobiernos anteriores y que habían contribuido al descontento social y al crecimiento exponencial de tensiones y conflictos en los distintos espacios regionales y locales.
A casi dos años de este discurso, si bien se han podido ver ciertos avances en algunos de los temas mencionados - creación del SENACE, promulgación de la ley de consulta previa e inicio de algunos procesos de consulta regionales, consolidación del MINAM como instancia técnica para el apoyo de los procesos de Zonificación Ecológica y Económica a nivel nacional- también se han dado medidas en sentido contrario. Por ejemplo, la promulgación de los decretos supremos 054-2013-PCM y 060-2013-PCM orientados a promover la inversión - los cuales proponen cambios procedimentales destinados a acortar tiempos o simplificar procesos sin ponderar, entre otros puntos, las capacidades institucionales y humanas de las instancias involucradas en dichos procesos- que podrían poner en riesgo nuestro patrimonio cultural, arqueológico y la rigurosidad del cumplimiento de estándares sociales y ambientales adecuados.
Además el ordenamiento territorial ha sido dejado de lado como tema de agenda prioritario y el ímpetu inicial mostrado por el presidente Humala en el 2011 - retomado momentáneamente tras los conflictos socio ambientales originados por el proyecto minero Conga en Cajamarca - ya no se visibiliza.
El tema de la política de ordenamiento territorial fue trasladado al Acuerdo Nacional, , el cual por su propia dinámica avanza de manera bastante lenta, aún más teniendo en cuenta que al parecer no existe el interés desde todas las instituciones que lo conforman por generar el consenso (1) necesario para “sacar el tema a flote”.
Más allá de ese espacio si algo ha quedado claro en este tiempo es que este tema ha permitido visibilizar, al igual que como ha venido ocurriendo con la Consulta Previa, las grandes tensiones al interior del gobierno; mostrando que no hay una posición y voluntad única sino que el tema es visto de distintas maneras por sectores como el Ministerio del Ambiente o el de Energía y Minas. Esto ha quedado demostrado en diversos espacios de discusión pública (2) donde no solo se han puesto en evidencia las diferencias sobre la importancia y necesidad de una política e incluso de una ley – a pesar que desde el gobierno anterior se vienen debatiendo diferentes proyectos de ley de OT-, sino sobre el órgano que debe tener la rectoría en el tema; es decir, cuestionando que el MINAM continúe con dicha competencia.
Si bien la discusión en el ámbito político es necesaria, lo que me ha tocado observar en esos diferentes espacios principalmente en relación a la ley pues los debates sobre las políticas del Acuerdo Nacional no son públicos- es que las discusiones de los funcionarios y funcionarias que representan a las diferentes instancias estatales se guían principalmente por lógicas sectoriales donde parece prevalecer la defensa de la postura de sus instituciones e intereses particulares; dejando de lado la importancia de este tema en relación a nuestro desarrollo como país y a asegurar la prevalencia de los intereses y derechos de la ciudadanía.
Además se puede observar que en general en estos espacios el tema es pensado únicamente en relación al tema extractivo; percibiéndose un sentido común de parte de algunas instancias como el MINEM que equiparan automáticamente el tema con una postura anti minera o anti inversión cuando este tema no supone eso y no se centra únicamente en la inversión privada sino en la pública tratando de que los instrumentos relacionados al proceso contribuyan a una mejor inversión de los recursos del Estado, solo por citar un ejemplo.
Tal y como es definido por el propio Ministerio del Ambiente (3), el ordenamiento territorial es “un proceso político y técnico administrativo de toma de decisiones concertadas con los actores sociales, económicos, políticos y técnicos, para la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio, la regulación y promoción de la localización y desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, de las actividades económicas, sociales y el desarrollo físico espacial, sobre la base de la identificación de potencialidades y limitaciones, considerando criterios ambientales, económicos, socioculturales, institucionales y geopolíticos”. Aquí puede observarse que el tema económico solo es una arista de lo que supone este proceso y muestra la importancia de la concertación en relación a los procesos vinculados al territorio.
Si bien este proceso no estará exento de problemas y queda claro que no será la única solución a todas las tensiones y conflictos en el país vinculados a los usos y ocupación del territorio, pueden contribuir a transparentar procesos, asegurar inversiones sostenibles, mejorar la calidad de vida de la población, entre otros (4). Por otra parte debe precisarse, tal y como se ha indicado por especialistas en el tema (5), que el ordenamiento va más allá de llegar a contar con instrumentos legales específicos (política y ley) sino que supone el reto de analizar la normativa existente vinculada a los derechos sobre el territorio y lograr una articulación entre instancias orientadas a “ordenar” el mismo.Por último, solo cabe decir que en el año denominado por el propio gobierno como: “Año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria”, debería considerarse este tema como central, justamente para equilibrar las desigualdades territoriales, orientar mejor la inversión y buscar la sostenibilidad ambiental y social en los espacios rurales.
Noticias: Ser
Por: Patricia Quiñones
Enviado el 19/06/2013
Notas
(2) Reuniones de Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos y Afro peruanos, Ambiente y Ecología (realizadas en febrero, mayo), foros convocados por ONGS como el realizado por Cooperacción a inicios de abril de este año, desayunos de trabajo convocados por universidades como el realizado por la PUCP a inicios de este mes, entre otros.
(3) Lineamientos de Política para el Ordenamiento Territorial, aprobados por Resolución Ministerial Nº 026-2010-MINAM
