viernes, 14 de noviembre de 2014

Revalorando el planeamiento estratégico regional


Por: Patricia Patrón – Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)


Las graves denuncias de corrupción que recayeron en algunos presidentes regionales, colocaron en el debate público el tema de la descentralización, pero no por la necesidad de fortalecer este proceso, sino como pretexto para disminuir la autonomía sub-nacional.

Los resultados de las elecciones regionales y locales deben ser una oportunidad para mejorar la gobernabilidad e impulsar procesos que fortalezcan la descentralización del país. Uno de estos procesos clave es el planeamiento estratégico. En abril de este año, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) aprobó la directiva general para dicho proceso, que establece la jerarquía de planes y las fases del planeamiento, con énfasis en el análisis prospectivo y la articulación entre planes de diferente nivel de gobierno.

Los gobiernos regionales de Loreto, Madre de Dios, Junín, Huancavelica, Lambayeque, entre otros, se encuentran actualizando sus planes de desarrollo regional concertado, usando la nueva metodología y bajo la atenta supervisión del CEPLAN. En ese sentido, ha sido un reto para sus planificadores armar la línea de base social, económica, ambiental e institucional, así como determinar el escenario apuesta al 2021, construir participativamente una visión estratégica y definir los objetivos y proyectos más adecuados para alcanzar dicha visión.

Otro reto, asumido por ejemplo por el Gobierno Regional de Loreto, es profundizar el análisis ambiental durante la formulación de su plan de desarrollo regional concertado a través de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), instrumento obligatorio del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Asimismo, los gobiernos regionales vienen usando los insumos de la Zonificación Ecológica Económica (ZEE) y del Ordenamiento Territorial (OT) para orientar las acciones que se propongan en los planes.

Las nuevas autoridades regionales y locales, las autoridades sectoriales, y la sociedad civil deberían basar sus intervenciones territoriales en los planes de desarrollo concertado, apoyar en la difusión de los mismos, y hacer seguimiento a la implementación del plan y los compromisos ambientales que se deriven de estos. No podemos darnos el lujo de que procesos de planeamiento terminen encarpetados.