Escribe: Ana Leyva V. (CooperAcción)
Hace unos días se presentó el informe de investigación de Oxfam "Geografías de Conflicto: superposiciones de mapas de usos de la tierra para industrias extractivas, en Ghana y en el Perú"; informe elaborado por los geógrafos Anthony Bebbington, Jhon Rogan y Nicholas Cuba de la Facultad de Estudios Superiores de Geografía de la Universidad de Clark, de los Estados Unidos.
Este trabajo nos permite visualizar las dimensiones de la superposición que existe en el Perú y Ghana entre concesiones mineras y las tierras aptas para la agricultura. Así mismo, nos muestra la superposición de ellas y las concesiones de hidrocarburos con las cuencas ribereñas, los ecosistemas productores de agua (humedales, páramos, punas), y las comunidades o poblaciones rurales.
El estudio también nos proporciona mapas que dan cuenta de las intersecciones espaciales entre drenaje de aguas de mina con tierras aptas para la agricultura y de cómo las áreas naturales protegidas han sido, en cierta medida, un freno para la expansión casi sin límites, de las industrias extractivas.
Para Ghana se añade un mapa sobre la concurrencia entre asentamientos costeros y bloques, campos y pozos petroleros.
Los mapas nos ponen ante varias contradicciones. Visualizamos escasas tierras agrícolas, y sin embargo, se producen superposiciones con concesiones mineras que representan el 21% de ellas en la costa, el 33% en la sierra y el 3% en la selva tropical. Pero además, el 20% y 25% de las superposiciones se encuentran en las mejores tierras con aptitud agrícola de la costa y de la sierra, respectivamente. Evidentemente, este mapa es revelador. Estas superposiciones son el producto de decisiones adoptadas por el Estado Nacional. Lo mismo ocurre con las cuencas ribereñas y con las zonas productoras de agua, en donde la concurrencia también es significativa.
La justificación del Estado para tomar decisiones que generan superposiciones, es que las concesiones no suponen necesariamente una explotación. Pero cuando ésta ocurre, la minería o la explotación de hidrocarburos se imponen. Lo hemos visto en Conga, en Quilish, en Tía María, en Toromocho, proyectos en los cuales el Estado dio las autorizaciones necesarias. En los casos de Tambogrande y Río Blanco, los procesos administrativos se pararon por la presión social, y aún con ello, las empresas titulares y el propio gobierno nacional siguen haciendo todo lo posible para que esos proyectos se retomen.
La gran pregunta es si la expansión minera y petrolera, que tiene prioridad sobre cualquier otra actividad productiva, y sobre el uso y protección de recursos naturales renovables, ¿es la consecuencia de un proceso de planificación? Al parecer lo es, un proceso a puerta cerrada de las grandes empresas y del Estado Nacional, a espaldas de quienes ocupan y viven en esos territorios. El producto final son derechos mineros, vinculantes e irrevocables.
Pensar que el otorgamiento de concesiones no supone un proceso planificador, implica considerar que el Estado decide dejar que la demanda del sector privado determine los usos mineros del territorio. Pero además, al no establecer límites en tierras agrícolas, cuencas ribereñas o zonas productoras de agua; importantes para la vida de la población, define, por omisión, su escala de prioridades.
Este sistema institucional de decisiones sobre el territorio y los recursos naturales, es arbitrario y altamente generador de conflictos y de incertidumbres para las poblaciones locales. Se requiere otro, que sea ampliamente participativo y que preserve, las bases para la existencia de esas poblaciones (agua, tierra, bosques), más aún cuando son ellas las que serán más afectadas por el cambio climático. Frente a esa necesidad, encontramos una fuerte resistencia del Estado Nacional y de las empresas extractiva a que se haga ordenamiento territorial de manera concertada y vinculante. Una expresión reciente de ello, en la aprobación de la Ley 30230, esta ley le quita al ordenamiento territorial su carácter concertador de intereses y definidor de usos.
Finalmente, queremos relevar que el estudio de Oxfam nos aporta principalmente información, algo valioso y escasa en el Perú, pero imprescindible para la toma de decisiones públicas. El Estudio nos permite identificar visualmente los recursos y ecosistemas en riesgo con la realización de la minería y la explotación de hidrocarburos. Los investigadores, nos trasladan la necesidad de establecer hasta dónde son compatibles. Frente a ello, nos desafían a establecer reglas de uso de los recursos naturales y del territorio más equitativas y sostenibles.
